sábado, 31 de marzo de 2012

Toxo ante la refinería y huelga general.

El Periódico Extremadura
Ignacio Fernández Toxo
El secretario general confederal de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, decía el 12 de marzo de 2009, en referencia al proyecto de refinería Balboa y en este periódico, lo siguiente: "En la medida que sean pasados los controles y las autorizaciones pertinentes, creo que Extremadura y España necesitan proyectos de este tipo".

Este 29-M el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente emitió una Declaración de Impacto Ambiental "inviable por su potencial impacto sobre el entorno del Parque de Doñana, así como por sus afecciones al medio marino". Si la decisión final no ha sido política, Toxo acertó.

Calificar de éxito o fracaso a una huelga general es un asunto muy complicado por las múltiples variables que intervienen, que hacen que cada una de ellas tenga coyunturas diferentes. Comparar las cifras de seguimiento de unas con otras da resultantes equívocas y lecturas interesadas.

La cuestión central de la jornada del 29-M ha sido la conjunción de colectivos diversos para un mismo fin: combatir las políticas emanadas desde la Unión Europea y el Gobierno de Rajoy. Si ese proceso de concienciación continúa, crecen los resistentes y Rajoy rectifica, pronto diremos que Toxo también acertó al decir: "Nuestra misión no es contar huelguistas".

martes, 27 de marzo de 2012

Rectificación y resistencia: 25-M.

El Periódico Extremadura
Lara, Gordillo y Valderas
Una parte de la izquierda lee los resultados electorales del 25-M en Andalucía como la primera piedra del muro de la resistencia que la democracia representativa le pone al Gobierno de Rajoy en su afán por desmantelar las bases del Estado social (del bienestar) y democrático de Derecho (de la tutela judicial efectiva).

Otra parte de la izquierda (la que manifiesta estar en la resistencia antes de llegar Rajoy al poder y decretar el nulo valor del trabajo, arrinconar la intermediación de los sindicatos e impulsar el individualismo por mor del empleo basura) lee los resultados como una oportunidad que Andalucía les da para exigir rectificación política a quienes ahora se muestran como nuevos resistentes. Es la izquierda que pretende construir y transformar sobre la base de un proyecto acordado con la otra y, a la vez, muestra disposición para hacer la resistencia también juntos. Es la que conoce y distingue bien la densidad del aceite y del agua. Es la que no tiene dudas de la importancia que tendrá el 29-M (la democracia participativa) como segunda piedra del muro de la resistencia. Es la que no se merece tener dirigentes en Extremadura con pegatina del 29-M mientras sostienen a Monago.

miércoles, 21 de marzo de 2012

Los nuevos centros públicos en libertad de elección.

El Periódico Extremadura
Manifestación en Cabeza del Buey, abril 2010
La Asamblea de Extremadura abordó el jueves pasado cuestiones relacionadas con los Presupuestos Generales de Extremadura en Educación para 2012 (PGEX).

En primer lugar, el diputado izquierdista Víctor M. Casco preguntó a la Junta por las razones de la modificación presupuestaria de restar 270.000 euros destinados a gastos de funcionamiento de los centros públicos para sumarlos a gastos de la privada concertada. La consejera de Educación, Trinidad Nogales, respondió que tal modificación era para “hacer una actuación equitativa y justa hacia los docentes de la concertada que, como bien sabe, tienen en Extremadura uno de los más bajos niveles de reconocimiento, tanto laboral como de equiparación con respecto a los docentes de la enseñanza pública”. Más adelante señaló que en diciembre de 2011 se hizo otra modificación en sentido inverso de 550.000 euros y “nadie se acordó de esa reducción de los conciertos educativos”

También relacionado con los presupuestos en Educación fue la Interpelación a la Junta realizada por el diputado socialista Luciano Fernández, quién refirió íntegramente el artículo firmado por una periodista de este diario y que bajo el titular “Quién sabe cómo” se interesaba el pasado 10 de marzo por los 21 millones de euros que los PGEX no recogen para la enseñanza concertada (teniendo en cuenta que donde en 2012 aparecen 61 millones, en 2011 estaban 82). La periodista Guadalupe Moral finalizaba la noticia diciendo: “El sector no se ha atrevido a exigir más respuesta, ni la Consejería a darla. Y ahora ya no solo faltan 21 millones, también claridad”. Sobre dicho asunto Luciano Fernández dijo: "Ustedes tiene un presupuesto que es un desastre, donde todavía no han hecho público cómo van a solucionar el agujero de 21 millones en la enseñanza concertada (10 millones para la infantil y primaria, y 11 para la secundaria, formación profesional), que es su responsabilidad". La consejera Nogales le respondió: "Hemos elaborado unos presupuestos en 2012 que son tremendamente ambiciosos en una situación absolutamente adversa, que no se le escapa a nadie, donde el Gobierno, insisto, ha mantenido el nivel en educación por encima de ese 20%". Cerró la interpelación la diputada popular María Josefa Valadés manifestando: "En una época de dificultad y austeridad habría que redoblar los esfuerzos necesarios para conseguir una escuela pública de calidad. Ahora bien, no podemos confundir términos Hablamos de escuela pública. No hemos hecho distinción entre público y privado: hablamos de centros sostenidos con fondos públicos. Pues, bien, este nuevo Gobierno de la Junta de Extremadura, como ha expuesto otra vez la consejera en este atril, tiene una apuesta decidida por la educación pública, precisamente y en primer lugar, en un marco de libertad, en un marco de libertad de elección de centro, que como usted sabe también es un requisito importante para que sea una escuela pública de calidad”.

La consejera Nogales reconoce ante la Asamblea la deshomologación laboral y retributiva que padecen los docentes de la privada concertada de Extremadura con respecto a sus homólogos de la enseñanza pública, cuando responde a Casco; y al ser interpelada por Luciano Fernández reitera que la Junta mantiene una inversión que respeta lo contemplado en la Ley de Educación de Extremadura (20 por ciento del gasto total del Presupuesto). Es su compañera de partido, Valadés, quién manifiesta que pública y privada concertada no deben distinguirse por estar sostenidas con fondos públicos, y esboza una novedosa clasificación de centros públicos en libertad de elección, que englobaría a los públicos + privados concertados.

La idea de la Junta, según Valadés, puede ser un principio general de una nueva Ley de Educación del PP, o quizás se trate de un argumento para justificar cuantas modificaciones presupuestarias corresponda hacer de la pública a la privada concertada y viceversa sobre la base de que todo queda en la casa de los centros públicos en libertad de elección. De tal suerte que, las modificaciones presupuestarias futuras, serán recortes para unos y reajustes para otros.

Eso sí, dada la deshomologación que reconoce la consejera Nogales y teniendo en cuenta que el programa de los populares extremeños recogía: “Impulsaremos un acuerdo de homologación salarial, lectiva y formativa del profesorado de la enseñanza concertada”, podríamos encontrarnos que, con la pretendida casa común de los centros públicos en libertad de elección, la homologación sea una pronta realidad. Salvo que para cuadrar las cuentas nacionales y regionales, tanto Rajoy como Monago, estén pensando en una homologación a la baja de las condiciones de trabajo de los compañeros de la enseñanza pública con respecto a los de la privada concertada.

Presidente de ADECEX

sábado, 17 de marzo de 2012

Centros públicos en libertad de elección, novedosa clasificación del PP.

Nosolomérida
 Colegio "Josefinas" de Mérida, abril 2008
En el Pleno de la Asamblea de Extremadura celebrado el pasado jueves se abordaron diversos asuntos relacionados con la enseñanza en la región. Por una parte, el diputado izquierdista Víctor M. Casco preguntó: "¿Cuáles son las razones del Gobierno de Extremadura para realizar una modificación presupuestaria restando 270.000 euros destinados a gastos de funcionamiento de los centros públicos de secundaria y formación profesional para sumarlos a gastos en la concertada?".

La consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales, contestó: Y esta modificación presupuestaria mínima lo que ha pretendido era hacer una actuación equitativa y justa hacia los docentes de la concertada que, como bien sabe, tienen en Extremadura uno de los más bajos niveles de reconocimiento, tanto laboral como de equiparación con respecto a los docentes de la enseñanza pública”.

Por su parte, el PSOE interpeló a la Junta sobre las políticas de desarrollo y fortalecimiento de la enseñanza pública de Extremadura. El diputado socialista Luciano Fernández dijo: "Ustedes tiene un presupuesto que es un desastre, que es un desastre, donde todavía no han hecho público cómo van a solucionar el agujero de 21 millones en la enseñanza concertada (10 millones para la infantil y primaria, y 11 para la secundaria, formación profesional), que es su responsabilidad". La consejera Nogales le respondió: "Hemos elaborado unos presupuestos en 2012 que son tremendamente ambiciosos en una situación absolutamente adversa, que no se le escapa a nadie, donde el Gobierno, insisto, ha mantenido el nivel en educación por encima de ese 20%". Y la diputada popular María Josefa Valadés en su intervención para cerrar el debate de la interpelación dijo: "En una época de dificultad y austeridad habría que redoblar los esfuerzos necesarios para conseguir una escuela pública de calidad. Ahora bien, no podemos confundir términos. Hablamos de escuela pública. No hemos hecho distinción entre público y privado: hablamos de centros sostenidos con fondos públicos. Pues, bien, este nuevo Gobierno de la Junta de Extremadura, como ha expuesto otra vez la consejera en este atril, tiene una apuesta decidida por la educación pública, precisamente y en primer lugar, en un marco de libertad, en un marco de libertad de elección de centro, que como usted sabe también es un requisito importante para que sea una escuela pública de calidad”.

La consejera Nogales reconoce claramente ante la Asamblea de Extremadura la deshomologación laboral y retributiva que padecen los docentes de la privada concertada de Extremadura con respecto a sus homólogos de la enseñanza pública y, a la vez, su compañera de partido, Valadés, manifiesta que pública y privada concertada no deben distinguirse, por aquello de estar sostenidas con fondos públicos. Incluso podemos interpretar que esboza una novedosa clasificación de centros que englobaría a los públicos + privados concertados: centros públicos en libertad de elección. (Curiosamente un diario regional recogía el martes pasado una carta de rectificación remitida por un sindicato representativo de la enseñanza privada concertada de Extremadura en la que defendía la misma definición de la privada concertada que hace la Junta. “La Educación Concertada es un servicio público aunque la titularidad de esta sea privada y por tanto es educación pública, no existiendo de facto ese enfrentamiento como parece indicar y desear el título del artículo”, dicen en dicha carta).

La diputada Valadés puede que sugiera la novedosa clasificación de los centros como principio general de una nueva Ley de Educación, o quizás se trate de un argumento para justificar cuantas modificaciones presupuestarias corresponda hacer de la pública a la privada concertada y viceversa, y todo queda en la casa de centros públicos en libertad de elección.

Luciano Fernández refirió en su intervención a una periodista que el 10 de marzo en este diario concluía la noticia ”Quién sabe cómo” de la forma siguiente: “El sector no se ha atrevido a exigir más respuesta, ni la Consejería a darla. Y ahora ya no solo faltan 21 millones, también claridad”. Puede que el pasado jueves, y ante la Asamblea, la diputada Valadés le diera la respuesta que busca, con la idea de la casa común de los centros públicos en libertad de elección. Lo cierto es que, mientras tanto, el Gobierno de Monago, la Junta, no impulsa la prometida homologación retributiva y de jornada para los docentes de la privada concertada y mantiene la misma posición de ”uno de los más bajos niveles de reconocimiento”, que señaló en la Asamblea la consejera Nogales. Eso sí, puede que la pretendida casa común de los centros públicos en libertad de elección que sugieren los populares pase por una homologación de las condiciones de trabajo del profesorado (jornada, retribuciones, etcétera) a la baja, y así de paso quieran cuadrar las cuentas de los presupuestos nacionales y regionales. O sea, lo que llaman reajustes.

Presidente ADECEX

martes, 13 de marzo de 2012

Guadiana vota respeto a la ley.

El Periódico Extremadura
Vecinos de Guadiana del Caudillo votando el 11-M
El 60 por ciento de los guadianeros que habían sido convocados a la disparata consulta de PP (Pozo Pitel) para decidir si se mantenía o no del Caudillo en Guadiana no fueron a votar. En las pasadas elecciones del 20-N se abstuvo el 25 por ciento.

Los partidos políticos PSOE e IU, junto con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX) habían pedido a los vecinos que no votaran porque la consulta no estaba ajustada a derecho y, además, supondría validar a quienes se saltaban la Ley de la Memoria Histórica.

Todo indica que el incremento de la abstención en la consulta del 11-M con respecto a las elecciones generales del 20-N: 1.133 electores (60%) sobre 470 (25%) obedece a la petición de abstención que PSOE, IU y ARMHEX le hicieron a los vecinos con el fin de que se respetara la ley, así como el procedimiento de consulta. Cuya resultante ha sido que la mayoría de Guadiana ha dicho no al paripé de consulta y sí al respeto a la ley.

El presidente Monago firmó el decreto de independencia que mantenía del Caudillo (DOE 23F) sabiendo que tal nombre conculca la ley y divide a los ciudadanos. Pozo Pital, que fue elegido alcalde con 1.067 votos, ha demostrado serlo de una parte de los vecinos de Guadiana al mantener y ampliar la simbología de la dictadura. Dos responsables de distinto nivel pero complementarios, que han quedado desautorizados por quienes no ejercieron el derecho a votar como señal de respeto a la ley.

En Guadiana ganaron los abstencionistas, los del respeto a la LEY.

Nosolomérida
Vecinos de Guadiana del Caudillo votando el 11-M
El 60 por ciento de los vecinos de Guadiana del Caudillo que habían sido convocados a la disparatada consulta de PP (Pozo Pitel) para decidir si se mantenía o no “del Caudillo” en Guadiana no fueron a votar el pasado 11M. En las elecciones generales del pasado 20N se abstuvo el 25 por ciento de los llamados a las urnas en esta localidad.

PSOE, IU y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX) habían pedido a los vecinos que estuvieran en contra de mantener el nombre que no participaran en esta votación porque la denominación de la localidad es ilegal por estar en contra de lo que manifiesta la Ley de Memoria Histórica; también lo era la consulta porque no había seguido lo que marca la legislación vigente para este tipo de referendos.

Todo indica que el incremento de la abstención en la consulta del 11M con respecto a las elecciones generales del 20N (1.133 electores se han abstenido ahora, 470 lo hicieron entonces) obedece a la petición que hicieron PSOE, IU y ARMHEX a los vecinos. El resultado ha sido que la mayoría de Guadiana ha dicho NO al paripé de consulta y SÍ al respeto a la LEY.

El presidente Monago firmó el Decreto de independencia que mantenía “del Caudillo” (DOE de 23F) sabiendo que tal nombre conculca la LEY y divide a los ciudadanos. PP que fue elegido alcalde en mayo 2011 con 1.067 votos ha demostrado serlo solamente de una parte de los vecinos de Guadiana al mantener y ampliar la simbología de la dictadura. Monago y PP son dos responsables de distinto nivel y complementarios, que han quedado desautorizados por quienes no ejercieron el derecho a votar como señal de respeto a la LEY. Además, su activa abstención dignifica a Guadiana y a las víctimas del franquismo.

miércoles, 7 de marzo de 2012

El neo-thatcherismo de Rajoy.

El Periódico Extremadura
Gobierno de Rajoy
La reforma del mercado laboral llega después que los ciudadanos hayamos constatado como en la etapa de gran crecimiento económico la mayor parte del empresariado de España apostó por proyectos de rápidos beneficios y no dedicó la parte necesaria del excedente a la reinversión en su empresa.

No esperamos que este empresariado cambie su modus operandi con el Real Decreto-Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, sino todo lo contrario. Pues, la eliminación de la autorización administrativa de los despidos colectivos, el límite de la prórroga de los convenios a dos años, la desaparición de los salarios de tramitación, las rebajas unilaterales de sueldos y la descentralización de los convenios colectivos decantan la balanza de las relaciones laborales hacia su lado.

Destapada la intención de fondo de la reforma laboral: minar al máximo el papel y poder de los sindicatos, de los obreros, en la relación contractual de trabajo/capital, los ciudadanos hemos comenzado a decir ¡no!, desde la calle. Los sindicatos se apoyan en tales movilizaciones para exigir a Rajoy negociar la modificación de la reforma laboral, que el PSOE pretende recurrir ante el Tribunal Constitucional si Rajoy no la cambia. Sin embargo el PP manifiesta que no piensa modificarla porque no afecta a sus expectativas electorales del 25-M en Andalucía y Asturias.

Lo cierto es que tanto el Gobierno como los poderes económicos y mediáticos utilizan el 11-M como cortina de humo para restar apoyo a los sindicatos. Un día es Gallardón, Aguirre y Botella quienes critican la convocatoria de protestas laborales previstas para ese día; otro, es el ministro del Interior, Fernández Díaz, quien abunda en más de los mismo (por cierto, con un gran parecido al Arias Navarro de aquel 20-N). De nada sirve que la asociación mayoritaria, presidida por Pilar Manjón, apoye la manifestación prevista y evite entrar al juego de desprestigiar y deslegitimar a los sindicatos. Ellos van a lo suyo: dumping social, legislación antisindical y privatizaciones de los servicios públicos, o sea el neo-thatcherismo como estilo de gobierno Rajoy.

domingo, 4 de marzo de 2012

Neo-thatcherismo como estilo de gobierno Rajoy.

Nosolomérida
Gobierno de Rajoy
La reforma del mercado laboral llega después que los obreros hayamos constatado como en la etapa de gran crecimiento económico la mayor parte del empresariado de España apostó por proyectos de rápidos beneficios y no dedicó la parte necesaria del excedente a la reinversión en su empresa.

No esperamos que este empresario cambie su modus operandi con el Real Decreto-ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, sino todo lo contrario; porque la eliminación de la autorización administrativa de los despidos colectivos, el límite de la prórroga de los convenios a dos años, la desaparición de los salarios de tramitación, las rebajas unilaterales de sueldos y la descentralización de los convenios colectivos decantan la balanza de las relaciones laborales hacia su lado.

Una vez destapadas las intenciones de fondo de la reforma: “minar al máximo el papel y poder de los sindicatos, de los obreros, en la relación contractual de trabajo/capital”, la ciudadanía en general y los obreros en particular hemos comenzado a decir ¡no! desde la calle. Los sindicatos se apoyan en tales movilizaciones para exigir a Rajoy negociar la modificación de la reforma; los socialistas anuncian que acudirán al Tribunal Constitucional si el Gobierno no cambia la reforma laboral porque consideran que vulnera la Constitución de 1978. Mientras tanto, el PP dice que no piensa mover nada porque no afectará a sus expectativas de voto en Andalucía y Asturias el próximo 25M y critica la estrategia del PSOE de crear un clima de conflictividad social. ”PPancarteros vosotros, responden con un video las juventudes socialistas.

Lo cierto es que tanto el Gobierno como los poderes económicos y mediáticos utilizan cualquier cortina de humo para contribuir a restar apoyo a los sindicatos. Un día Gallardón, Aguirre, Botella y Cifuentes critican la convocatoria de protestas laborales previstas para el 11 de marzo; otro, es el ministro del Interior, Fernández Díaz, quién abunda en más de los mismo (por cierto, con un indisimulado parecido a Arias Navarro). Les da igual que la Asociación 11M Afectados del Terrorismo (presidida por Pilar Manjón) no entre al juego de intentar desprestigiar y deslegitimar a los sindicatos y apoye la manifestación del 11M contra la reforma laboral. Van a lo suyo: dumping social, legislación antisindical y privatizaciones de los servicios públicos, o sea el neo-thatcherismo como estilo de gobierno Rajoy.