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La consejera de Educación y representantes de Adecex |
Dos meses después de
la denuncia referida, el Boe de 14 de julio publicaba el Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. En él
Mariano Rajoy determinó que a los docentes de la privada-concertada se
les reducía el salario en equiparables cuantías que a los públicos. La
aminoración salarial del 4,5% mensual, que con carácter retroactivo
desde enero 2012 fue aplicada en diciembre 2012 a los docentes de la
concertada, venía de la mano de la modificación de los módulos de
conciertos que recogía la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE)
para 2012. Es muy destacable que Rajoy no se olvidó de los docentes de
la enseñanza privada-concertada en 2012 a la hora de “garantizar la
estabilidad presupuestaria de España”. Nos contempló iguales en
obligaciones y así lo decretó. A su vez, los docentes públicos sufrieron
la suspensión de la extra de diciembre 2012. La devolución de 44 días
de la misma, determinada por sentencia judicial, se hizo efectiva para
los docentes públicos pero no para los docentes de la privada-concertada
porque el procedimiento de reducción salarial había sido distinto.
Y el 12 de septiembre nuevo Real Decreto-ley en el Boe,
esta vez el 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden
créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del
Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de
estímulo a la economía. En el mismo Rajoy determinó continuar con la
devolución de la citada extra. Pero ese Real Decreto-ley no recoge una
sola línea para hacer semejante devolución a los docentes de la
privada-concertada. Como la reducción del 4,5% de los salarios del
profesorado de la privada-concertada vino de la mano de la modificación
del módulo de conciertos que contemplaban los PGE para 2012, todo
indicaba que tal recuperación se haría por la misma vía en los PGE para
2016. Pero las cuentas del reino no contemplan un solo euro para tal
fin. El módulo de concierto sube un 1%, que es la cuantía prevista para
los docentes públicos. De tal suerte que Rajoy acaba su mandato con el
mayor diferencial salarial entre docentes públicos y
privados-concertados. Ya vemos: para Rajoy somos iguales en obligaciones
pero diferentes en derechos, y remite a los gobiernos autonómicos para
que sean ellos quienes salden con el sector los recortes salariales que
él ejecutó.
Algún que otro gobierno autonómico “ya estaban en ello”,
que diría un castizo. De hecho la consejera de Educación de Andalucía,
Adela de la Calle, anunció el 23 de julio en sede parlamentaria que
abonaría en 2016 el recorte salarial referido porque los Presupuestos
Generales para 2016 de Andalucía recogerían las cuantías precisas.
Por su parte, la consejera de Educación y Empleo de Extremadura, Esther
Gutiérrez, se comprometió a estudiar las peticiones que la Asociación
de Docentes de la Enseñanza Concertada de Extremadura (Adecex) le
presentó en la reunión celebrada el 26 de agosto. “La consejera se ha
comprometido a estudiar sus peticiones. Entre ellas, la reivindicación
de que los próximos Presupuestos Generales de Extremadura (PGEX)
contemplen una partida para que los docentes de los centros concertados y
privados perciban un 4,5% de su salario reducido en 2012, el
equivalente a la paga extra de Navidad suprimida a los docentes de la
enseñanza pública y que éstos ya han empezado a recuperar”, recoge el
comunicado remitido por la Consejería de Educación y Empleo al día
siguiente de la reunión.
Este viernes hemos sabido
que la Junta baraja abonar a los funcionarios en dos plazos el 75%
restante de la paga extra suprimida en 2012: a finales de 2015 les
pagaría un 26,23% y el resto, 48,77%, a principios de enero 2016.
También este viernes nos informan que el Consejo de Gobierno de la Junta
ha aprobado el anteproyecto de PGEX para 2016. En tal sentido, Adecex
espera que el compromiso de la Consejera se traduzca en hechos; que los
PGEX para 2016 contemplen la partida sobre paga extra que recoge su
propio comunicado; que dicha partida cuente con el voto favorable de
todos los grupos parlamentarios de la Asamblea.
“Toda
persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por
trabajo igual”, recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Normalicen pues. No ahonden la pertinaz deshomologación.