CASO GÜRTEL: Con el Estado de derecho o con los delincuentes, señor Rajoy.

El Periódico Extremadura

Costa, Rambla, "el bigotes" y Camps

Se ha hecho público parte importante de un informe de la Brigada Policial de Blanqueo que investiga el caso Gürtel donde se recoge que el Partido Popular valenciano ingresó en dos años más de seis millones de euros a la caja B de la empresa Orange Market en concepto de actos y otros servicios, en la que no se cobraba el IVA.

Ante estos hechos, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, dice que como los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) archivaron el "caso de los trajes del presidente Camps", es ahora Rubalcaba (ministro del Interior), quien instiga este informe porque "no le dieron la razón". Costa sabe que el informe fue previo al archivo, no definitivo, de la causa, luego establece efecto sobre causa inexistente; también sabe que Juan Luis de la Rúa, presidente del TSJV, decidió no atender al contenido del informe alegando que no tenía relación con el cohecho impropio que se dilucidaba en ese momento. ¡Vamos, como si en un informe policial que va de un asunto de robo de gallinas; aparece que durante el robo violaron a la granjera, y el juez dice que a otro perro con ese hueso!

Políticamente, no deben continuar con el descrédito institucional de jueces, policías, etcétera, sobre la base de la teoría de la conspiración. Rajoy debe necesariamente dar una explicación y fijar posición a favor del Estado de derecho, en caso contrario todos pensaremos que está con los delincuentes. Judicialmente, la fiscalía y los jueces deben investigar para garantizar el crédito del sistema judicial español y evitar la percepción ciudadana de que la Justicia puede ser cosa de amigos o de íntima y sentida colaboración entre dos, juez y encausado.

Con el estado de derecho o con los delincuentes, Sr. Rajoy.

Extremadura al día

Camps, Costa y Rajoy

Se ha hecho público parte importante de un informe de la Brigada Policial de Blanqueo que investiga el "caso Gürtel" donde se recoge que el Partido Popular valenciano ingresó en dos años más de seis millones de euros a la "caja B" de la empresa Orange Market en concepto de actos y otros servicios, en la que no se cobraba el IVA.

Ante este estos hechos, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, dice que como los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) archivaron el "caso de los trajes del presidente Camps", es ahora Rubalcaba (ministro del Interior), quién instiga este informe porque "no le dieron la razón".

Costa sabe que el informe fue previo al archivo, no definitivo, de la causa, luego establece efecto sobre causa inexistente; también sabe que Juan Luis de la Rúa, presidente del TSJV, decidió no atender al contenido del informe alegando que no tenía relación con el cohecho impropio que se dilucidaba en ese momento. ¡¡¡Vamos, como si en un informe policial que va de un asunto de robo de gallinas; aparece que durante el robo violaron a la granjera, y el juez dice que "a otro perro con ese hueso"!!!

Políticamente, no deben continuar con el descrédito institucional de jueces, policías, etc., sobre la base de la "teoría de la conspiración". Rajoy debe necesariamente dar una explicación y fijar posición a favor del Estado de Derecho, en caso contrario todos pensaremos que está con los delincuentes. Judicialmente, la fiscalía y los jueces deben investigar para garantizar el crédito del sistema judicial español y evitar la percepción ciudadana de que la Justicia puede ser cosa de amigos o de íntima y sentida colaboración entre dos, juez y encausado.

Crisis de autoridad y profesores.

El Periódico Extremadura

Esperanza Aguirre

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado la presentación de la Ley de Autoridad del Profesor con el fin de otorgar a los docentes la condición de autoridad pública y situarlos al mismo nivel que policías, jueces, u otros cargos públicos. En la práctica se traducirá en dar más poder a los docentes públicos, y ante las faltas que se cometan contra ellos en los centros tengan una consideración más grave y sean perseguidas de oficio desde la Fiscalía. Surge la propuesta cuando muchos alumnos y tutores legales de los mismos ven al docente como una autoridad cuestionable; y ni eso, en algunos casos.

La educación sin autoridad, sin adulto que autorice progresivamente al niño/adolescente para ser autor de sí mismo, conforma un inmenso espacio vacío que es susceptible de llenarse de intereses que son lo contrario de la libertad. Por ello, es imprescindible que dicho tema sea resuelto desde edad temprana en el ámbito de la familia; y de no serlo que, al menos, apoyen a la autoridad educativa que pretende enseñar educando o educar enseñando para que su alumnado sea libre, se domine. Pues, sin respaldo social y reconocimiento de la autoridad educativa será imposible solucionar el problema; eso sí, se judicializará la escuela, todas las escuelas; y muchas instituciones verán cuestionada su autoridad; ¿o ya lo están?

La Constitución española dice que: "La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales" y constatamos que el valor que a la educación da la sociedad actual está en crisis. Es por lo que se hace necesario alcanzar un pacto sociopolítico por la educación, pues no se trata sólo de que una parte del profesorado considere que han perdido autoridad ante alumnos y tutores y reclame el rango de autoridad jurídico-penal, es mucho más que eso lo que está en juego. Salir de la crisis de autoridad es salir de la inhumanidad.

Crisis de autoridad.

Extremadura al día

Esperanza Aguirre

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, durante su intervención en la Asamblea sobre el Estado de la Región ha anunciado la presentación de la Ley de Autoridad del Profesor con el fin de otorgar a los docentes la condición de autoridad pública y situarlos al mismo nivel que policías, jueces, u otros cargos públicos. En la práctica se traducirá en dar más poder a los docentes públicos, y ante las faltas que se cometan contra ellos en los centros tengan una consideración más grave y sean perseguidas de oficio desde la Fiscalía. Surge la propuesta, cuando muchos alumnos y tutores legales de los mismos ven al docente como una autoridad cuestionable; y ni eso, en algunos casos.

La educación sin autoridad, sin adulto que autorice progresivamente al niño/adolescente para ser autor de sí mismo, conforma un inmenso espacio vacío que es susceptible de llenarse de intereses que son lo contrario de la libertad. Por ello, es imprescindible que dicho tema sea resuelto desde edad temprana en el ámbito de la familia; y de no serlo que, al menos, apoyen a la autoridad educativa que pretende enseñar educando o educar enseñando para que su alumnado sea libre, se domine. Pues, sin respaldo social y reconocimiento de la autoridad educativa será imposible solucionar el problema; eso sí, se judicializará la escuela, todas las escuelas; y muchas Instituciones verán cuestionada su autoridad; ¿o ya lo están?

Como sabemos que la Constitución española dice que: "La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales"(art.27.2), y constatamos que el valor que a la educación da la sociedad actual está en crisis, es por lo que se hace necesario alcanzar un pacto sociopolítico por la educación. Pues, no se trata sólo de que una parte del profesorado considere que han perdido autoridad ante alumnos y tutores y reclame el rango de autoridad jurídico-penal, es mucho más que eso lo que está en juego. Salir de la crisis de autoridad que construye es salir de la inhumanidad.

EQUIPARACIÓN SALARIAL: El talón de Aquiles de la consejera.

El Periódico Extremadura

Reunión de Adecex con FERE-CECA

Este lunes, la consejera de educación, Eva María Pérez López, ha declarado que los jóvenes que en Extremadura no continúan estudiando ni Formación Profesional ni Bachillerato, una vez finalizada la ESO, han pasado del 41,5% del año 2000 al 34,8% en 2007. Reconoció que "es un auténtico talón de Aquiles para el sistema educativo", aunque "se ha reducido un punto al año".

La homologación salarial entre dos maestros sin antigüedad en Extremadura, uno concertado y otro público, era en 1999 del 92%, ahora es del 86%; para una antigüedad de 30 años, la homologación era del 81,50%, y en 2009 es del 76,40%. La homologación de jornada lectiva semanal en Secundaria, sigue igual que entonces; 39% mayor para los profesores concertados.

La ampliación en 6 puntos de las diferencias salariales y el mantenimiento de la diferente jornada lectiva ha tenido lugar siendo consejera de Educación durante cinco de los nueve años de competencias transferidas, y estando vigentes leyes orgánicas cuyos articulados al referirse al salario de los docentes concertados recogen la obligación de "la equiparación gradual de su remuneración con la del profesorado público".

Presidente de ADECEX

14 docentes excluidos.

Diario HOY

Reunión de Adecex con FEAPS

En su discurso del Día de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, destacó la importancia de los profesionales de los centros de atención a personas con discapacidad, y citó de bella y cálida forma a 14 discapacitados extremeños. También Ángel Calle, alcalde de Mérida, destacó en sus palabras a los profesionales y voluntarios que habían contribuido al buen desarrollo de la convivencia final del XXV aniversario de los Juegos Extremeños del Deporte Especial (Jedes) desarrollados en la ciudad. La apertura de los Jedes tuvo lugar en el Teatro Romano el 5 de mayo, y para ese día había convocada una concentración por Adecex para reclamar la paga extraordinaria por antigüedad para los docentes concertados de dichos centros; paga que sí perciben sus compañeros de los demás centros concertados de Extremadura. Vara y Calle saben que por responsabilidad la concentración fue suspendida. El presidente debe saber que los docentes excluidos son 14, y que aún esperan ese derecho que la consejera de Educación les niega.

Presidente de ADECEX

REPERCUSIONES DE LA CRISIS: Dinero en buenas manos.

El Periódico Extremadura

Zapatero y la ministra de Economía

Hace dos meses que el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley por el que se creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que tendría una dotación inicial de 9.000 millones de euros, con una financiación mixta a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 6.750 millones de euros y de las aportaciones de los Fondos de Garantía de Depósitos en establecimientos bancarios, cajas de ahorro y cooperativas de crédito de 2.250 millones de euros.

El Consejo de Ministro de 13 de agosto, aprobó la ayuda especial de 420 euros durante seis meses a parados que hayan agotado las prestaciones a partir del 1 de agosto (eran 300.000 personas y 650 millones de euros de los PGE); el pasado día 2 el Gobierno rectificó, y pactó con los partidos de izquierda ampliarla a quienes padezcan esa situación desde el 1 de enero (serán 600.000 personas y 1.300 millones de euros de los PGE).

El Gobierno podría haber llegado hasta los 6.750 millones de ayuda especial a personas paradas como hizo con la banca, ampliando el plazo de cobro de la ayuda hasta el inicio de la crisis. Pero, como en España sólo se reduce el paro a partir de crecimientos del PIB de entre 2,5% y el 3%, ha considerado mejor que las ayudas estén en las manos de quienes no lo despilfarran y lo emplean bien, creando riqueza; en las mismas de quienes generaron la crisis.

Dinero en buenas manos.

Extremadura al día

Nuevos ministros del Gobierno, 7 abril 2009

ace dos meses que el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley por el que se creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que tendría una dotación inicial de 9.000 millones de euros, con una financiación mixta a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 6.750 millones de euros y de las aportaciones de los Fondos de Garantía de Depósitos en establecimientos bancarios, cajas de ahorro y cooperativas de crédito de 2.250 millones de euros.

El Consejo de Ministro de 13 de agosto, aprobó la ayuda especial de 420 euros durante seis meses a parados que hayan agotado las prestaciones a partir del 1 de agosto (eran 300.000 personas y 650 millones de euros de los PGE); el pasado día 2 el Gobierno rectificó, y pactó con los partidos de izquierda ampliarla a quienes padezcan esa situación desde el 1 de enero (serán 600.000 personas y 1.300 millones de euros de los PGE).

El Gobierno podría haber llegado hasta los 6.750 millones de ayuda especial a personas paradas como hizo con la banca, ampliando el plazo de cobro de la ayuda hasta el inicio de la crisis. Pero, como en España sólo se reduce el paro a partir de crecimientos del PIB de entre 2,5 por ciento y el 3 por ciento, ha considerado mejor que las ayudas estén en las manos de quienes no lo despilfarran y lo emplean bien, creando riqueza; en las mismas de quienes generaron la crisis.

Eso sí, ayer, los ministros de Finanzas de las grandes potencias económicas (G-20) en la cuestión de los excesivos salarios de la banca acordaron que el debate de cómo acabar con los excesos en las retribuciones de los banqueros lo cierren los jefes de Estado o de Gobierno del G-20 en la cumbre que celebrarán en Pittsburgh (EE.UU.) el 24 y 25 de septiembre. Es ahora cuando plantean la necesidad de mayor transparencia en la estructura de las remuneraciones en el mundo financiero y que las pagas variables estén relacionadas con la creación de riqueza y estabilidad financiera a largo plazo. Probablemente, se irán de rositas y de cena colectiva.

Dinero en buenas manos.

Diario HOY

Gobierno de Zapatero, 7 abril 2009

Hace dos meses que el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley por el que se creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que tendría una dotación inicial de 9.000 millones de euros, con una financiación mixta a cargo de los Presupuestos Generales del  Estado (PGE) de 6.750 millones de euros y de las aportaciones de los Fondos de Garantía de Depósitos en establecimientos bancarios, cajas de ahorro y cooperativas de crédito de 2.250 millones de euros. El Consejo de Ministro de 13 de agosto, aprobó la ayuda especial de 420 euros durante seis meses a parados que hayan agotado las prestaciones a partir del 1 de agosto (eran 300.000 personas y 650 millones de euros de los PGE); el miércoles el Gobierno rectificó, y pactó con los partidos de izquierda ampliarla a quienes padezcan esa situación desde el 1 de enero (serán 600.000 personas y 1.300 millones de euros de los PGE). El Gobierno podría haber llegado hasta los 6.750 millones de ayuda especial a personas paradas como hizo con la banca, ampliando el plazo de cobro de la ayuda hasta el inicio de la crisis. Pero, como en España sólo se reduce el paro a partir de crecimientos del PIB de entre 2,5 por ciento y el 3 por ciento, ha considerado mejor que las ayudas estén en las manos de quienes no lo despilfarran y lo emplean bien, creando riqueza; en las mismas de quienes generaron la crisis.