Un alcalde más ´del Caudillo´ que de todos.

El Periódico Extremadura

Placa en honor a Francico Franco

El alcalde de Guadiana pone el apellido "del Caudillo" a todos los edificios públicos que puede.

En las elecciones municipales del 27 de mayo de 2007 los guadianeros eligieron como alcalde al candidato del Partido Popular, Antonio Pozo Pitel.

El 23 de octubre 2007 este diario recogía una denuncia sobre la simbología franquista sita en la fachada del Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo, a la vez que pedía la retirada de la misma y del topónimo del Caudillo. Días después, 5 de noviembre, el periódico publicaba la noticia: "Los vecinos de Guadiana del Caudillo discrepan sobre la modificación del nombre del pueblo". El BOE de 27 de diciembre de 2007 publicaba la Ley de la Memoria Histórica, que sobre símbolos y monumentos públicos señala en su artículo 15.1: "Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas". A finales de 2008, 2 de diciembre, la noticia periodística era: "Guadiana del Caudillo se independiza de Badajoz"; añadía que "el siguiente paso es llevar tanto al Ayuntamiento de Badajoz como al de Guadiana del Caudillo el acuerdo alcanzado para su aprobación en la Comisión de Hacienda y en el Pleno". En febrero de 2009, Badajoz aprobaba la independencia, tal y como recoge este diario, así como las palabras de Pozo: "nunca se ha planteado un problema o polémica sobre el nombre". Palabras que parecen desconocer lo publicado en este diario, y referido anteriormente, el 5 de noviembre de 2007.

EL DÍA 13 DE MARZO de 2009 una carta pública ponía en conocimiento del profesor Julián Chaves, miembro de la comisión de expertos para valorar los supuestos determinantes de la excepcionalidad en la retirada de símbolos, la existencia de simbología franquista en Guadiana del Caudillo; y el 16 de julio de 2009 nuevamente por carta pública se le recordaba al alcalde la obligación de cumplir la ley.

El 10 de abril de 2010 este diario recoge la denuncia pública acerca de la senda iniciada por el alcalde de rotular con del Caudillo a los edificios públicos: biblioteca, cementerio, centro de día, centro de transportes, etcétera, a la vez que mantiene la simbología franquista en la fachada del ayuntamiento. El pleno de la Diputación de Badajoz aprueba el expediente de segregación de Badajoz para la creación del municipio de Guadiana del Caudillo, señala este periódico el 28 de julio de 2010.

La amplificación de las denominaciones con del Caudillo que el alcalde realizaba fueron nuevamente denunciadas en carta publicada el 11 de febrero de 2011, y esta vez con una llamada para que Monago actuara. Días después, 11 de marzo, el alcalde declara a este periódico: "La normativa nacional no obliga a cambiar el nombre del pueblo" porque el punto 1 del artículo 15 de la llamada Ley de Memoria Histórica no hace referencia a la denominación de los municipios sino que solo menciona la retirada de "escudos, insignias y placa". Ese mismo día este diario recoge la noticia: "El ayuntamiento de Badajoz decide que la pedanía de Gévora deje de ser Del Caudillo". Y añade: "La Concejalía de Cultura de Badajoz pretendía convocar una consulta popular entre los vecinos que finalmente ha descartado". El pleno decide el lunes el cambio de la denominación para cumplir la Ley de Memoria Histórica. Pocos días después el alcalde dice que desde el lunes 21 de marzo, estará a las puertas de la Presidencia de la Junta para que el Consejo de Gobierno del próximo 25 autorice la segregación del nuevo pueblo con la denominación de Guadiana del Caudillo, y que "Guadiana mantendrá del Caudillo aun a costa de perder la segregación". El alcalde del Partido Popular de Badajoz (Miguel Celdrán ), junto con el secretario general, Fernando Manzano , y el presidente del PP de Extremadura, Monago , solicitan a la Junta que permita a los vecinos de Guadiana decidir sobre el nombre del municipio; cosa que no reclamaron con la retirada del mismo apellido en Gévora unos días antes.

"La Junta deniega la segregación de Guadiana por llevar del Caudillo ", recoge este diario el 25 de marzo; y añade: "El expediente se mantiene abierto hasta que la localidad cambie de nombre. Vara defiende su obligación de cumplir la Ley de Memoria Histórica".

El editorial A vueltas con el Caudillo denuncia lo preocupante que es que un alcalde no conozca la ley, y que el PP lo apoye; y el artículo La localidad de Guadiana y un alcalde "del Caudillo" señala la necesidad de incorporar nueva gente, ajena a la triste imagen de antes del Caudillo que independiente.

El alcalde desde el inicio de su legislatura ha ido dando los pasos para alcanzar la independencia; ninguno para retirar la simbología franquista del pueblo, todo lo contrario fue ampliando la denominación del Caudillo donde podía. Actúa a sabiendas, cosa grave; peor es aún que desconozca la ley, siendo alcalde. Además, ha quedado constancia y evidencia de que no es el alcalde de todos los guadianeros, y es para lo que fue elegido en 2007.

“Del Caudillo”, por decencia universal, no.

Nosolomérida

Solís, Parejo, Manzano...

El 27 de mayo de 2007 fue elegido alcalde de Guadiana del Caudillo el popular Antonio Pozo Pitel; cuatro días después la Asociación de la Memoria Histórica presentaba en el Ateneo de Badajoz el libro “La amargura de la memoria”; obra realizada para ayudar a dignificar a víctimas de la guerra civil y represión franquista. El 23 de octubre y 3 de noviembre de 2007 era denunciada la simbología franquista sita en la fachada del Ayuntamiento a la vez que se pedía la retirada de la misma y del topónimo “del Caudillo”

El Boletín Oficial del Estado de 27 de diciembre de 2007 publicaba la Ley 52/2007 conocida como de la Memoria Histórica, cuyo objeto es: “Reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales” (artículo 1); y que sobre símbolos y monumentos públicos señala en su artículo 15.1: “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas”.

Damos por cierto que este alcalde tuvo conocimiento de la referida Ley; no obstante, una denuncia del 22 de enero de 2008 le recordaba la obligación de aplicar la citada Ley; también se le hacía llegar al presidente del partido popular, José Antonio Monago, el 15 de octubre de 2008.

Guadiana del Caudillo será municipio independiente de la ciudad de Badajoz era noticia el 3 de diciembre de 2008; dos días después ya pedían el cambio de denominación para el nuevo pueblo: Guadiana sin Caudillo

El 6 de febrero de 2009 la noticia era que Guadiana del Caudillo será independiente en Navidad, y recogía que “Pozo no se plantea retirar la coletilla del nombre del municipio. Aunque garantiza que realizaría un referéndum en caso de que se produzca algún problema. Guadiana, aunque independiente, seguirá siendo “del Caudillo”. Cuatro días después leíamos: “La corporación municipal despeja el camino para la independencia de Guadiana del Caudillo “, en la que al alcalde decía: “Nunca se ha planteado un problema o polémica sobre el nombre”. Continuaba ajeno a la obligación de cumplir la Ley de la Memoria Histórica (ignoraba que ya en noviembre de 2007 los vecinos discrepaban sobre la modificación del nombre del pueblo).

El día 13 de marzo de 2009 la prensa ponía en conocimiento del profesor Julián Chaves, miembro de la comisión de expertos para valorar los supuestos determinantes de la excepcionalidad en la retirada de símbolos, la existencia de simbología franquista en Guadiana del Caudillo. Nuevamente el 16 de julio de 2009 le era recordado al alcalde la obligación de cumplir la Ley

En enero de 2010 en “Leyes para colonos” y ”Aquellas leyes sobre los colonos del Plan Badajoz" se recogían semblanzas sobre la vida de los colonos de Guadiana del Caudillo durante la Dictadura. 

El 24 de marzo de 2010 se denuncia una senda que ha iniciado el alcalde hace meses: la de rotular con “del Caudillo” a los edificios públicos: biblioteca, cementerio, centro de día, centro de transportes, etc., y esta vez lo hacía con la Plaza de los donantes de Sangre ; de nuevo, en abril es publicada la denuncia sobre mantenimiento de simbología franquista , así como de ampliación de de la misma en dicha localidad, hecho que Monago debía conocer porque hacía escasos meses que había visitado el pueblo para inaugurar al sede de PP Guadiana del Caudillo

Guadiana seguirá siendo del Caudillo, pero independiente de Badajoz aseguraba el alcalde el 30 de abril de 2010, porque, según él, la Ley de la Memoria Histórica no hace referencias a los topónimos. Sobre la base de esta certeza se apoyaba para rotular edificios públicos y plaza con “del Caudillo”. Certeza basada, cuanto menos, en la ignorancia; basta leer el artículo 1 de la Ley: “(…) suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales” Otra cosa es, que “ser alcalde de todos” no sea un principio que comparte.

El alcalde ante la Casa de la Cultura

La amplificación de las denominaciones con “del Caudillo” que el alcalde realizaba fueron nuevamente denunciadas en febrero de 2011, esta vez con una llamada para que Monago actuara. El 11 de marzo de 2011 el alcalde declaraba: ”La normativa nacional no obliga a cambiar el nombre del pueblo” porque el punto 1 del artículo 15 de la llamada Ley de Memoria Histórica no hace referencia a la denominación de los municipios sino que solo menciona la retirada de "escudos, insignias y placa”. Sabía que incumplía la Ley al mantener símbolos franquistas en la fachada de su propio Ayuntamiento, pero le daba igual.

Recientemente, 12 de marzo, hemos sabido que Gévora pierde el apellido del Caudillo. La concejala de Cultura de Badajoz, Consuelo Rodríguez Píriz, señaló que el cambio de denominación se hace en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, que se trata de “un trámite formal”; también aclaró que sobre símbolos anticonstitucionales en Badajoz: “la ley está cumplida”. Por su parte, “el alcalde de la vecina localidad de Guadiana del Caudillo, Antonio Pozo, dejaba claro que el topónimo se queda”.

Pocos días después el alcalde Antonio Pozo dice que desde el lunes 21 de marzo, estará a las puertas de la Presidencia de la Junta para que el Consejo de Gobierno del próximo 25 autorice la segregación del nuevo pueblo con la denominación de Guadiana del Caudillo, a la vez que califica de “atropello político la paralización de la segregación y que Guadiana mantendrá del Caudillo aún a costa de perder la segregación ; por su parte, el alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, dice que no sabe por qué la segregación de Guadiana del pende del apellido , y lo dice a pesar de tener cerca las razones que dio la concejala popular de cultura de Badajoz, Píriz, sobre la pérdida del apellido “del Caudillo” de Gévora (poblado dependiente de Badajoz). Bien es verdad que no hace mucho dijo que la Asamblea de Extremadura se bastaba con 21 parlamentarios en lugar de 65 porque para lo que hacen allí. El secretario general del partido popular de Extremadura, Fernando Manzano,insta a la Junta a que se salte la Ley , y Monago manifiesta que los guadianeros decidan en referendum sobre el apellido “del Caudillo”, sabiendo que una propuesta así puede acabar en otra del estilo: Guadiana del terror como denuncia este sábado un ciudadano de Badajoz.

La Junta dice que no será independiente mientras se denomine “del Caudillo”; el alcalde mantiene la denominación, y al final el Gobierno regional rechaza la segregación de Badajoz hasta que el municipio elimine de su nombre la referencia franquista

El editorial “A vueltas con el Caudillo” denuncia lo preocupante que es que un alcalde no conozca la Ley, y que el PP lo apoye, y el artículo ”La localidad de Guadiana y un alcalde “del Caudillo” señala la necesidad de incorporar nueva gente, ajena a la triste imagen de antes del Caudillo que independiente. Nueva gente que no condicione el devenir del pueblo por la obsesión de exaltar al dictador.

El jueves 24 de marzo, se celebró el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, y justo al día siguiente se produjo la acertada decisión de la Junta de no admitir la denominación de Guadiana del Caudillo para el nuevo municipio sobre la base de la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica; pero dicho rechazo significa más que eso, se trata de una decente decisión política: en primer lugar porque el pueblo de Guadiana nada le debe al dictador, y además porque dignifica al conjunto de las víctimas.

En resumen, el alcalde desde el inicio de su legislatura ha ido dando los pasos para alcanzar la independencia; ninguno dio para retirar la simbología franquista del pueblo, todo lo contrario fue ampliando la denominación “del Caudillo” donde podía. Actúa a sabiendas, cosa grave; peor es aún que desconozca la Ley, siendo alcalde. Además, ha quedado constancia y evidencia de que no es el alcalde de todos los guadianeros, y es para lo que fue elegido en 2007.

La localidad de Guadiana y un alcalde “del Caudillo”.

El Periódico Extremadura

El alcalde a las puertas de Presidencia de la Junta

La Junta de Extremadura no va a resolver el expediente de segregación de Guadiana del Caudillo si no se cambia el nombre y se suprime la referencia al dictador, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. El consejero de Agricultura, Juan María Vázquez, dice que no es solo una cuestión legal, sino que un nuevo municipio que se crea en el 2011 no se puede denominar con una referencia a la dictadura por actualización democrática, y que las administraciones deben regirse por principios legales; "personalmente no me veo firmando ese decreto", sentencia. La portavoz del Gobierno extremeño, Dolores Pallero, reitera que es una cuestión de legalidad, de la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, y subraya que "cuesta bastante entender que a estas alturas alguien quiera seguir con la exaltación del Caudillo".

Mientras tanto, el alcalde popular de Guadiana del Caudillo se manifiesta a las puertas de la presidencia de la Junta porque considera un atropello político que tenga que suprimir la referencia al dictador del nombre del nuevo pueblo. Tiempos nuevos, nueva gente, ajena a la triste imagen de: antes del Caudillo que independiente. Nueva gente que no condicione el devenir de todo un pueblo por la obsesión de exaltar al dictador.

ESPÍRITU 12 DE ABRIL: Zapatero concejal, Zapatero diputado autonómico.

El Periódico Extremadura

José Luis Rodríguez Zapatero

Aquellas elecciones municipales del 12 de abril de 1931 las convocaron para sopesar el apoyo de los españoles a la Monarquía, y los resultados en 41 capitales de provincia fueron determinantes para instaurar la República. El primer ministro, almirante Aznar, afirmó: "¿Qué más crisis desean ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano?".

Estas del próximo 22 de mayo serán convocadas en 8.116 municipios, trece comunidades autónomas, dos ciudades autónomas, juntas generales del País Vasco, cabildos insulares canarios, consejos insulares de baleares, Consejo General de Arán y concejos de Navarra para elegir a los representantes en los distintos órganos de gobierno.

Sin embargo, los dirigentes populares pretenden que la ciudadanía esté en la clave de elegir a Zapatero concejal, Zapatero alcalde, Zapatero diputado autonómico. En fin, es la estrategia de poner al ciudadano ante el dilema de la continuidad o no del régimen Zapatero sobre la base de lo que vote ese día. Por el contrario, el partido del Gobierno quiere situar el escenario en el territorio municipal, autonómico, etcétera (salvo algunos que señalan a la parte nacional ante el posible fracaso electoral de su gestión territorial).

La ciudadanía sabe que ahora toca valorar la gestión de cada uno, en su ámbito; incidir sobre un renovado espíritu 12 de abril contra quien no se presenta a las elecciones puede acabar siendo como lo de el Metrobus no existe.

Estrategia.

Diario HOY

Las elecciones del 22 de mayo servirán para elegir a los representantes de los ciudadanos en 8.116 municipios, 13 comunidades autónomas, dos ciudades autónomas, Juntas Generales del País Vasco, cabildos insulares canarios, consejos insulares de Baleares, Consejo General de Arán y concejos de Navarra. Los resultados en 41 capitales de provincia de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 fueron determinantes para instaurar la república. El entonces primer ministro, almirante Aznar, dijo: "¿Qué más crisis desean ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano?". Algunos están en la dinámica de que la ciudadanía vaya a votar en la clave de que Zapatero se presenta el 22-M, como concejal o diputado autonómico. El afán por conseguir que los ciudadanos voten por mantener o echar a Zapatero es su obsesión. Por el contrario, el partido del Gobierno se emplea en situar el escenario en el territorio municipal, autonómico... Queda poco para saber qué estrategia se impondrá.

PSOE y desigualdad.

Diario HOY

Joaquina López Mancera

"Freapa-CP (Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas de Centros Públicos) se opone a que el Gobierno Regional tenga que destinar más fondos para equiparar el salario de los profesores de los colegios concertados con el de sus docentes funcionarios", dijo su presidenta Joaquina López Mancera a las 16 organizaciones presentes en la reunión, que organizada por el Partido Popular sobre la Ley de Educación de Extremadura tuvo lugar el pasado 29 de octubre en Mérida. No hubo lugar a réplicas, porque inmediatamente se marchó. López Mancera ha sido ratificada por el Comité Regional del PSOE en el número 15 de la lista por Cáceres a las elecciones autonómicas. Mientras tanto, el exministro Jesús Caldera receta invertir en igualdad para salir de la crisis; probablemente su receta tendrá mucho que ver con el principio de «a igual trabajo, igual salario». Sin embargo, López Mancera tiene y expresa otra interpretación de la igualdad. Cuando venga a pedirnos el voto, le preguntaremos ¿por qué defiende a igual trabajo, distinto salario y cuál es su concepto de clase trabajadora?

PSOE y PP y la homologación en la concertada.

Nosolomérida

César Díez Solís

El 31 de octubre de 2007el PP exige al gobierno regional equiparar a los profesores de la enseñanza concertada y pública presentando dos enmiendas a los Presupuestos Generales de Extremadura para 2008. César Díez Solís, secretario general y portavoz de Educación del PP de Extremadura manifestó: “De esta forma se eliminarían a lo largo de la legislatura las diferencias importantes entre los docentes de la pública y la concertada, que no se limitan exclusivamente a los salarios, y dejarían estos docentes de ser tratados como mamo de obra barata por parte de la Consejería de Educación” . Como las enmiendas no prosperaron, quedaron claras las posiciones: PP, sí a la homologación; PSOE, no a la homologación. 

El 4 de junio de 2008 PP y PSOE comunican que han consensuado las bases de la futura Ley de Educación de Extremadura (LEEX) l .Díez Solís precisa: “Para llegar a este acuerdo, el PP ha tenido que renunciar a algunas demandas, como que se reconociera una homologación retributiva para los profesores de la educación pública y la concertada”. Estaban claras las posiciones de PSOE y PP: no a la homologación. 

El Pleno de la Asamblea de Extremadura de 14 de mayo de 2009 abordó una Interpelación del partido popular sobre la política general de la Junta en relación con los centros educativos sostenidos con fondos públicos. El Boletín Oficial de la Asamblea (BOAE) recoge lo siguiente:

Díez Solís: “¿Por qué no se homologa salarial y profesionalmente a los docentes de la enseñanza concertada con los de la pública como en el resto de comunidades autónomas?

¿Hasta cuándo se va a mantener una discriminación que supone en 2009 entre un 76 y un 70% de homologación en primaria y secundaria respectivamente, además de una carga lectiva en secundaria superior al 39% a sus homólogos de la enseñanza pública? 

Y, además, aplicando las ratios profesor/unidad de su reciente decreto de concierto, de régimen de concierto, resulta que un profesor de 30 años de servicio tiene una homologación, si casamos el salario que cobra y la jornada lectiva que tiene que hacer, una homologación del 57% con respecto a sus compañeros de la pública, incumpliendo así flagrantemente el artículo 117.4 de la LOE”.

Consejera de Educación: “En 2010 los profesores de la concertada cobrarán exactamente la misma subida..., experimentarán la misma subida que experimentaron los profesores de la pública; una retribución de casi 160 euros mensuales”.

La consejera Eva María Pérez López

-Díez Solís: “Les instamos a que lleguen a un acuerdo de homologación de inmediato en cumplimiento de la LOE y que lleguen a un acuerdo, insisto, como en el resto de comunidades autónomas, para reducir también su carga lectiva, porque estos docentes que ustedes dicen que han subido lo mismo que la pública, etcétera, van a llegar en el año 2011 a un 89% de homologación con un 39% más de carga lectiva”. Estaban claras las posiciones: PP, sí a la homologación; PSOE, no a la homologación.

Posteriormente, el Pleno de 28 de mayo de 2009 aborda la Moción subsiguiente a la Interpelación referida, y sobre la homologación el BOAE recoge lo siguiente:

-Díez Solís: “Tampoco nos aclaró (en referencia a la Consejera de Educación) cuál era el impedimento legal por el que, en Extremadura, las diferencias salariales entre los docentes de la pública y de la concertada sean de auténtico escándalo, hasta un 57% para un docente de secundaria con treinta años de servicio, cuando en el resto de comunidades autónomas, en cumplimiento del artículo 17.4 de la LOE, se ha iniciado o concluido un proceso de homologación salarial”

-Gómez Yuste, portavoz de Educación del PSOE: “Los módulos de los conciertos se han ido incrementando de forma considerable en los últimos años, siempre por encima de los presupuestos autonómicos: en el 2008 se incrementaron en un 4%, cuando los presupuestos autonómicos eran un 2%. Por tanto, no hay discriminación, sí hay una atención suficiente, y por eso le puedo decir su Moción carece de sentido”. La moción fue rechazada, y quedaron claras las posiciones: PP, sí a la homologación; PSOE, no a la homologación.

En la web del PP de Extremadura encontramos las 40 Medidas para un pacto por la Educación, donde señalan: “El Partido Popular de Extremadura y el Partido Popular Andaluz consideran imprescindible abordar de manera urgente las siguientes reformas en nuestros sistemas educativos autonómicos, siendo por tanto éstas la base para un Pacto con los Gobiernos de ambas Comunidades Autónomas” entre las 40 propuestas comunes está la número cinco: “Llevar a cabo un acuerdo para la homologación salarial, lectiva y formativa del profesorado de la enseñanza concertada”. Al final del documento puede leerse: “En Castilleja de la Cuesta (Sevilla), el 29 de enero de 2010, José Antonio Monago Terraza (Presidente del PP de Extremadura) y Javier Arenas Bocanegra (Presidente del PP de Andalucía)”. Está clara la posición de los populares extremeños y andaluces: sí a la homologación.

El 12 de noviembre de 2010 el presidente Vara y el candidato Monago cerraban el acuerdo sobre la LEEX. Ambos reconocían que "ha habido que ceder". En la web del PP leíamos al día siguiente: Documento que recoge las propuestas impulsadas por el PP y aceptadas por la Consejería de Educación , tras el pacto acordado por Monago y Vara, y en el  apartado dedicado a Concertada señalan: “Transporte escolar para alumnos de infantil y enseñanza obligatoria escolarizados en su centro de adscripción; ayudas comedor escolar para alumnos de centros sostenidos con fondos públicos; promoción de TICs en todos centros sostenidos con fondos públicos; programas de educación bilingüe para todos los centros sostenidos con fondos público”.

Por su parte, Gómez Yuste justificaba la exclusión de la homologación sobre la base de que era un tema laboral o sindical

Estaban claras las posiciones, tanto PSOE como PP decían no a la homologación en la LEEX.

El 10 de febrero de 2011 se celebró Pleno en la Asamblea sobre debate a la totalidad del Proyecto de LEEX.  El BOAE recoge las intervenciones de la consejera de Educación, Monago, Gómez Yuste, Vara, sin referencia alguna a la homologación. Una vez finalizado dicho debate la Cámara decidió por unanimidad que siguiera su tramitación parlamentaria en la comisión competente. Estaba claro, pacto de silencio sobre la homologación, tantas veces referida anteriormente por el PP; luego no a la homologación en la LEEX por parte de sendos partidos.

La Asamblea de Extremadura vivió el 24 de febrero de 2011 un día histórico: Extremadura ya cuenta con su primera ley de educación fruto del consenso , recogían los medios de comunicación. El BOAE recoge que Díez Solís  pedía el sí de sus compañeros de escaño con el argumento: "Hemos conseguido garantizar la libre elección de centros teniendo en cuenta las demandas de las familias, que se programe la oferta formativa teniendo en cuenta los existentes centros públicos y concertados, el transporte escolar para alumnos de la concertada, así como ayudas para comedor escolar lo que significa reparar una flagrante injusticia histórica y lo que es más importante, que todos los centros sostenidos con fondos públicos, todos sin excepción, dispondrán de los medios humanos y materiales que permitan ofrecer una educación de calidad y atender debidamente las necesidades de los alumnos”.

La votación final fue: Presentes, 59; votos afirmativos, 59; ninguno en contra; ninguna abstención. Queda aprobado el Proyecto de Ley de Educación de Extremadura. Posición final: no a la homologación en la LEEX, tanto de PSOE como de PP.

A lo largo de cuatro años (2007/2011) encontramos posiciones de los populares a favor y en contra de la homologación, que en algunas ocasiones son muy cercanas en el tiempo. Un año transcurrió desde que Monago y Arenas acordaron las 40 medidas para alcanzar pactos educativos y fuera materializado dicho pacto con la Junta de Extremadura sin la quinta propuesta común: homologación salarial, lectiva y formativa del profesorado de la concertada.

Por su parte el PSOE no ha variado de posición, siempre no a la homologación; e incluso contó con un apoyo incondicional en dicha posición: la FREAPA-CP . Posición que defendió su presidenta, Joaquina López Mancera, en la reunión mantenida el pasado 29 de octubre entre el PP y organizaciones del ámbito educativo extremeño. Eso sí, no hubo lugar a réplicas porque inmediatamente después de lo dicho se marchó.

Mérida, 23 febrero 2011

Es un hecho que la LEEX está camino del DOE sin la homologación, y que de nuevo aparece la música también lo es. Léase: “Otra cosa es el desarrollo reglamentario que haga una u otra formación dependiendo del resultado de las elecciones de 22 de mayo”, dixit César Díez Solís en el Pleno Asamblea de Extremadura de 24 febrero de 2011. La letra del PSOE y PP sobre la homologación ya la conocemos; otra cosa es que ahora el PP le ponga música electoral. No esperamos que se la ponga el PSOE, y menos aún cuando López Mancera es su candidata número 15 por Cáceres a las elecciones autonómicas . Cuando venga a pedirnos el voto, le preguntaremos por qué defiende “a igual trabajo, distinto salario” y cuál es su concepto de “clase trabajadora”.

Presidente de ADECEX

El PP y los sueldos en la concertada.

El Periódico Extremadura

Concentración a las puertas de la Asamblea

A lo largo de 4 años los populares han estado a favor y en contra de la homologación.

El 31 de octubre de 2007 este medio recogía: "El PP presenta dos enmiendas a los presupuestos de Extremadura (PGEX) para equiparar los salarios de los docentes de la enseñanza pública y de la concertada". Con ellas, se eliminarían a lo largo de la legislatura las diferencias importantes entre los docentes de la pública y la concertada, que no se limitan exclusivamente a los salarios, y dejarían estos docentes de ser tratados como mano de obra barata por parte de la Consejería de Educación, señaló César Díez Solís, secretario general y portavoz de Educación del PP de Extremadura. Estaba claro, sí a la homologación.

El 4 de junio de 2008 este periódico decía: "PSOE y PP apuestan por la igualdad, la calidad y la libertad como bases de la futura Ley de Educación (LEEX)". Díez Solís señalaba que para consensuar este documento han tenido que "ceder por ambas partes". A la agencia Efe le precisó: "Para llegar a este acuerdo, el PP ha tenido que renunciar a algunas demandas, como que se reconociera una homologación retributiva para los profesores de la educación pública y la concertada". Estaba claro: no a la homologación.

"El Pleno de la Asamblea de ayer (29 de mayo de 2009) rechazó la iniciativa del PP que proponía la homologación laboral y retributiva de los docentes de la concertada", era noticia en este periódico. El Boletín Oficial de la Asamblea recoge lo manifestado por Díez Solís: "Tampoco nos aclaró (en referencia a la consejera de Educación) cuál era el impedimento legal por el que, en Extremadura, las diferencias salariales entre los docentes de la pública y de la concertada sean de auténtico escándalo, hasta un 57% para un docente de Secundaria con 30 años de servicio, cuando en el resto de comunidades, en cumplimiento de la LOE, se ha iniciado o concluido un proceso de homologación salarial". Estaba claro: sí a la homologación.

En la web del PP de Extremadura, "40 Medidas pacto por la Educación", se recoge: "El PP de Extremadura y el PP andaluz consideran imprescindible abordar de manera urgente las siguientes reformas en nuestros sistemas educativos autonómicos, siendo por tanto ésta la base para un Pacto con los Gobiernos de ambas comunidades autónomas" entre las 40 propuestas comunes está la número 5: "Llevar a cabo un acuerdo para la homologación salarial, lectiva y formativa del profesorado de la enseñanza concertada". Al final del documento puede leerse: "En Castilleja de la Cuesta (Sevilla), el 29 de enero de 2010, José A. Monago Terraza (presidente del PP de Extremadura) y Javier Arenas Bocanegra (presidente del PP de Andalucía)". Estaba claro: sí a la homologación.

El 12 de noviembre de 2010 José Antonio Monago manifestaba a este periódico: "Aunque ha habido que renunciar a cosas" lo que se ha buscado es "un marco de estabilidad en materia educativa" para la región. En la web de su partido, leemos: Documento que recoge las propuestas impulsadas por el PP y aceptadas por la Consejería de Educación, tras el pacto acordado por Monago y Vara . En el apartado Concertada señalan: "Transporte escolar para alumnos de infantil y enseñanza obligatoria escolarizados en su centro de adscripción; ayudas comedor escolar para alumnos de centros sostenidos con fondos públicos; promoción de TICs en todos centros sostenidos con fondos públicos; programas de educación bilingüe para todos los centros sostenidos con fondos público". Estaba claro: no a la homologación.

La Asamblea vivió el 24 de febrero de 2011 un día histórico: "Extremadura ya cuenta con su primera ley de educación fruto del consenso", rotulaba este medio. En la Cámara, Díez Solís pedía el sí de sus compañeros de escaño con el argumento: "Hemos conseguido garantizar la libre elección de centros teniendo en cuenta las demandas de las familias, que se programe la oferta formativa teniendo en cuenta los existentes centros públicos y concertados, el transporte escolar para alumnos de la concertada, así como ayudas para comedor escolar lo que significa reparar una flagrante injusticia histórica y lo que es más importante, que todos los centros sostenidos con fondos públicos, todos sin excepción, dispondrán de los medios humanos y materiales que permitan ofrecer una educación de calidad y atender debidamente las necesidades de los alumnos". Estaba claro: silencio sobre la homologación, tantas veces referida anteriormente; es decir: no.

César Díez Solís

A lo largo de cuatro años (2007/2011) encontramos palabras y hechos de los populares a favor y en contra de la homologación; algunas veces muy cercanas en el tiempo. Un año transcurrió desde que Monago y Arenas acordaron las 40 medidas para alcanzar pactos educativos y fuera materializado con la Junta de Extremadura sin la quinta propuesta común: homologación salarial, lectiva y formativa del profesorado de la concertada. La LEEX está camino del DOE sin la homologación: es un hecho; pero de nuevo aparece la palabra: "Otra cosa es el desarrollo reglamentario que haga una u otra formación dependiendo del resultado de las elecciones de 22 de mayo", dixit César Díez Solís en el Pleno Asamblea de Extremadura de 24 febrero de 2011. Es la música, y ahora suena a guiño electoral partidista y sindical; otra cosa es la letra, esa ya la conocemos.

Presidente de ADECEX