El Periódico Extremadura
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| Manifestación en Cabeza del Buey, abril 2010 |
La
Asamblea de Extremadura abordó el jueves pasado cuestiones relacionadas
con los Presupuestos Generales de Extremadura en Educación para 2012
(PGEX).
En primer lugar, el diputado izquierdista Víctor M. Casco
preguntó a la Junta por las razones de la modificación presupuestaria de
restar 270.000 euros destinados a gastos de funcionamiento de los
centros públicos para sumarlos a gastos de la privada concertada. La
consejera de Educación, Trinidad Nogales, respondió que tal modificación
era para “hacer una actuación equitativa y justa hacia los docentes de
la concertada que, como bien sabe, tienen en Extremadura uno de los más
bajos niveles de reconocimiento, tanto laboral como de equiparación con
respecto a los docentes de la enseñanza pública”. Más adelante señaló
que en diciembre de 2011 se hizo otra modificación en sentido inverso de
550.000 euros y “nadie se acordó de esa reducción de los conciertos educativos”
También
relacionado con los presupuestos en Educación fue la Interpelación a la
Junta realizada por el diputado socialista Luciano Fernández, quién
refirió íntegramente el artículo firmado por una periodista de este
diario y que bajo el titular “Quién sabe cómo”
se interesaba el pasado 10 de marzo por los 21 millones de euros que
los PGEX no recogen para la enseñanza concertada (teniendo en cuenta que
donde en 2012 aparecen 61 millones, en 2011 estaban 82). La periodista
Guadalupe Moral finalizaba la noticia diciendo: “El
sector no se ha atrevido a exigir más respuesta, ni la Consejería a
darla. Y ahora ya no solo faltan 21 millones, también claridad”. Sobre dicho asunto Luciano Fernández dijo: "Ustedes
tiene un presupuesto que es un desastre, donde todavía no han hecho
público cómo van a solucionar el agujero de 21 millones en la enseñanza
concertada (10 millones para la infantil y primaria, y 11 para la
secundaria, formación profesional), que es su responsabilidad". La consejera Nogales le respondió: "Hemos
elaborado unos presupuestos en 2012 que son tremendamente ambiciosos en
una situación absolutamente adversa, que no se le escapa a nadie, donde
el Gobierno, insisto, ha mantenido el nivel en educación por encima de
ese 20%". Cerró la interpelación la diputada popular María Josefa Valadés manifestando: "En
una época de dificultad y austeridad habría que redoblar los esfuerzos
necesarios para conseguir una escuela pública de calidad. Ahora bien, no
podemos confundir términos Hablamos de escuela pública. No hemos hecho
distinción entre público y privado: hablamos de centros sostenidos con
fondos públicos. Pues, bien, este nuevo Gobierno de la Junta de
Extremadura, como ha expuesto otra vez la consejera en este atril, tiene
una apuesta decidida por la educación pública, precisamente y en primer
lugar, en un marco de libertad, en un marco de libertad de elección de
centro, que como usted sabe también es un requisito importante para que
sea una escuela pública de calidad”.
La
consejera Nogales reconoce ante la Asamblea la deshomologación laboral y
retributiva que padecen los docentes de la privada concertada de
Extremadura con respecto a sus homólogos de la enseñanza pública, cuando
responde a Casco; y al ser interpelada por Luciano Fernández reitera
que la Junta mantiene una inversión que respeta lo contemplado en la Ley
de Educación de Extremadura (20 por ciento del gasto total del
Presupuesto). Es su compañera de partido, Valadés, quién manifiesta que
pública y privada concertada no deben distinguirse por estar sostenidas
con fondos públicos, y esboza una novedosa clasificación de centros
públicos en libertad de elección, que englobaría a los públicos +
privados concertados.
La
idea de la Junta, según Valadés, puede ser un principio general de una
nueva Ley de Educación del PP, o quizás se trate de un argumento para
justificar cuantas modificaciones presupuestarias corresponda hacer de
la pública a la privada concertada y viceversa sobre la base de que todo
queda en la casa de los centros públicos en libertad de elección. De
tal suerte que, las modificaciones presupuestarias futuras, serán
recortes para unos y reajustes para otros.
Eso
sí, dada la deshomologación que reconoce la consejera Nogales y
teniendo en cuenta que el programa de los populares extremeños recogía:
“Impulsaremos un acuerdo de homologación salarial, lectiva y formativa
del profesorado de la enseñanza concertada”, podríamos encontrarnos que,
con la pretendida casa común de los centros públicos en libertad de
elección, la homologación sea una pronta realidad. Salvo que para
cuadrar las cuentas nacionales y regionales, tanto Rajoy como Monago,
estén pensando en una homologación a la baja de las condiciones de
trabajo de los compañeros de la enseñanza pública con respecto a los de
la privada concertada.
Presidente de ADECEX
