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Jóvenes extremeños encuentran dos fosas comunes en Escurial (Cáceres) |
Este jueves en la Asamblea ha tenido lugar el
primer acto para una Ley Democrática Extremeña. Ha sido con el debate y
votación de una iniciativa política formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista. En concreto: “Propuesta de Impulso ante el Pleno, instando a
la Junta de Extremadura a elaborar un proyecto de Ley de la Memoria
Democrática Extremeña, y a exigir al Gobierno de la nación que cumpla
con lo establecido en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de la Memoria
Histórica en cuanto al reconocimiento y la ampliación de derechos y el
establecimiento de medidas a favor de quienes padecieron persecución o
violencia durante la guerra civil y la dictadura”.
La
propuesta ha salido adelante con los votos favorables del grupo
parlamentario socialista, Podemos y Ciudadanos (37 de 65 diputados).
Ocho años hace que fue aprobada en el Congreso de los
Diputados la denominada Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007). Ocho
años en los que ha brillado por ausencia el incumplimiento de la misma. A
la falta de dotación presupuestaria para atender la búsqueda,
localización, exhumación e inhumación de las víctimas enterradas en
cunetas, se une la desidia a la hora de conceder permisos a los
familiares que querían acceder a terrenos privados para recuperar sus
seres queridos y darle sepultura digna.
Entre derogar
la ley o incumplirla, el gobierno de Mariano Rajoy optó por lo último, y
él mismo no tuvo empacho en reconocerlo públicamente el pasado mes de
noviembre en el foro “La España necesaria” organizado por el diario El
Mundo. “Mi gobierno ha dado cero euros a la Ley Memoria Histórica desde
su llegada; el tema no suscita gran debate social”, fue lo que dijo un
satisfecho Rajoy. Si el silencio administrativo ha sido cruel, las
palabras del presidente Rajoy son inaceptables en una democracia que se
precie como tal.
Lamentable no es, señores del
Partido Popular, que estemos hablando de la memoria histórica 40 años
después de la muerte del dictador Franco, lo verdaderamente insultante
es que todavía no tengamos asumido que la dignidad de un país se mide
por cómo trata a sus muertos. Además, señores del PP, tenemos presente
la pervivencia de simbología franquista en nuestras calles, plazas,
iglesias, etc. Y, a la vez, el repudio general ocasionado por el
denominado “callejero etarra”. Nadie aprueba que las víctimas vivan en
calles, plazas, pueblos… con nombres de quién los mató. Todas las
víctimas deben ser consideradas y atendidas como de primera.
Verdad, justicia y reparación vienen demandando desde hace años la
Asociación para la Memoria Histórica de Extremadura y personas
particulares. Mucho hecho y mucho por hacer. Pero se hace camino al
andar…, y siempre presente: “Nunca te entregues ni te apartes, junto al
camino, nunca digas, no puedo más y aquí me quedo”.
Que las distintas administraciones de Extremadura dejen caer el peso de
la Ley 52/2007 sobre aquellas instituciones que la incumplen, es una
exigencia democrática que no puede demorarse más. Que la futura Ley
Democrática Extremeña garantice el derecho de los extremeños a conocer
la verdad de los hechos acaecidos durante la guerra civil y la
dictadura, y especialmente en las escuelas, objetivo y fin principal que
deseamos.