"Del Caudillo", en Guadiana, demasiado tiempo

eldiario.es Extremadura

"Más vale tarde que nunca, pero mucho tiempo, demasiado, faltando al respeto a las víctimas de la guerra de España de 1936 y de la Dictadura".

"El Caudillo se va de Guadiana”, era noticia este martes en este diario. Y lo era  porque el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura había aprobado "el cambio de denominación del municipio de Guadiana del Caudillo, que pasará a tener el nombre de Guadiana, y será efectivo una vez se anote en el Registro de entidades locales de la Administración del Estado y se publique en el Boletín Oficial del Estado, así como en el Diario Oficial de Extremadura".

Casi 69 años han pasado desde que el dictador inaugurara la primera fase de construcción de Guadiana del Caudillo (nombre que le pusieron como "modesta ofrenda a sus constantes entusiasmos en pro de la labor colonizadora").

Algo más de 41 años desde que la Constitución Española fue ratificada en referéndum por los españoles.

Ocho años desde que el Diario Oficial de Extremadura publicara el decreto 29/12, de 17 de febrero, firmado por José Antonio Monago Terraza, en calidad de presidente de la Junta de Extremadura, y cuyo artículo 1 recogía que “se aprueba la creación de un nuevo municipio con la denominación de Guadiana del Caudillo.

Un día después de celebración internacional del 75º aniversario de la liberación por el Ejército Rojo de todos los prisioneros del campo de exterminio de Auschwitz.

Y a -277 días para que por primera vez se celebre el “Día de Recuerdo para todas las Víctimas del Franquismo”, según recoge el documento “Un nuevo acuerdo para España” de la coalición progresista PSOE/Podemos (Madrid, a 30 de diciembre de 2019).

El día 1 de febrero de 2019, y en el acto de la proyección del documental “La causa contra Franco” en la Casa de la Cultura de Guadiana, el codirector del mismo, Dietmar Post, de 57 años y natural de Espelkamp, Alemania, pidió perdón públicamente, y en nombre del pueblo alemán, por aquel genocidio. Y el pasado lunes, y en el marco del 75º aniversario de la liberación, las víctimas del genocidio nazi y holocausto nos exigían que tengamos presente, en la memoria, aquel horror y que nos empeñemos en evitar que vuelva a pasar.

Enhorabuena a todos los que han contribuido para que el acuerdo del Consejo de Gobierno sea una realidad porque es cierto que más vale tarde que nunca, pero mucho tiempo, demasiado, faltando al respeto a las víctimas de la guerra de España de 1936 y de la Dictadura.

Qué falta de pedagogía escolar sobre el franquismo padecimos, denunciaba un joven de Guadiana, Marko, en aquel acto, ante un atónito Post. Es tarea colectiva que se corrija en toda su extensión y profundidad. Tanta desmemoria, tan poca reparación y demasiado tiempo de injusticia.

Además, alerta, siempre alerta, que siguen ahí los que quieren que vuelvan los principios de aquel apelativo y se alargue en el tiempo su negra sombra.

Cascabel a ETA, cascabel al “procés”

Nosolomérida.es

Desde hace tiempo, mucho tiempo, los historiadores nos hablan de los problemas tradicionales de la sociedad española (la forma de gobierno, la jefatura del Estado, la descentralización territorial, el ejército, la cuestión religiosa, etcétera) y de cómo la Constitución Española de 1978 quiso ser un punto de acuerdo para resolverlos. Estamos en ello, nos dirían unos actores políticos. Casi todos resueltos, nos dirían otros.

La verdad es que la cuestión territorial, la descentralización de España, trae de cabeza a todos. Pero lo cierto es que a ese gato hay que ponerle el cascabel.

El cascabel a ETA

Sabemos que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció que estaba dispuesto a dialogar con ETA para poner fin al terrorismo si la banda mostraba clara voluntad de abandonar la violencia.

Aquel “proceso de paz” contó con el apoyo de todos los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados y en el Senado, excepto el Partido Popular. También el Parlamento Europeo aprobó por mayoría una propuesta de resolución de apoyo al proceso. Además, tuvo el respaldo de Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, Iglesia Católica y la Organización de las Naciones Unidas.

ETA anunció, 22 de marzo de 2006, un “alto el fuego permanente y que hablaría con el gobierno sobre el fin de la violencia si paralelamente se formaba una mesa de partidos (incluida la ilegalizada Batasuna) y en la que se discutirían los temas políticos del conflicto: reconocimiento del derecho de autodeterminación de Euskal Herria, incluyendo a Navarra”.

Por entonces, Mariano Rajoy, líder de la oposición, en el Congreso acusó a Zapatero de “haber traicionado a los muertos”, y el Partido Popular apoyó toda una larga serie de manifestaciones contra la “rendición ante ETA”.

A pesar de todo, los contactos de los enviados del gobierno con la dirección de ETA se produjeron, pero la banda terrorista constató que no abandonaba las armas si no conseguía sus objetivos políticos. Más aún, intensificó la lucha callejera (kale borroca) y el 30 de diciembre de 2006 atentó en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas causando la muerte de dos personas de origen ecuatoriano, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. Fue justo un día después de que Zapatero, en rueda de prensa y al referirse al proceso de paz, expresara su “convicción de que dentro de un año estaríamos mejor”.

Tras el atentado el gobierno, dio por “suspendido el proceso de paz”; mantuvo contactos en los meses siguientes con la cúpula de ETA y de Batasuna hasta que la banda terrorista anunció la ruptura de su “alto el fuego permanente y actuar en todos los frentes en defensa de Euskal Herría a partir del próximo 6 de junio”; y volvió a la presión policial y judicial contra ETA y Batasuna.

Años después, 5 de septiembre de 2010, ETA comunicó que hacía meses que tomó la decisión de no llevar a cabo acciones armadas ofensivas. Un año más tarde y estando de presidente Zapatero, un 20 de octubre de 2011, ETA declaró el “cese definitivo de su actividad armada. Y en 2018 anunció su desaparición.

Sin embargo el pasado 5 de enero en el debate de investidura Pablo Casado acusó a Pedro Sánchez de “traicionar los muertos y no defender a las víctimas del terrorismo, tomando como rehenes a los españoles para mantenerse en el poder humillándose ante proetarras, separatistas y comunistas”. En su respuesta, Sánchez reivindicó que Alfredo Pérez Rubalcaba y Zapatero acabaron con ETA. Para el PP, "ETA no está acabada y sus herederos están sentados en el Congreso", dijo inmediatamente desde su escaño la diputada popular Teresa Jiménez Becerril.

Buen tono ante quienes les da igual que Bildu no sea ETA ni Batasuna, según lo dictaminó el Tribunal Constitucional en 2011. Seguirán sin dar por acabada a ETA porque para ellos sería validar en parte al Gobierno de Zapatero.

Sobre aquel cascabel, el sociólogo y profesor de ciencias políticas Ignacio Sánchez-Cuenca, en “Años de cambios, años de crisis. Ocho años de gobiernos socialistas, 2004-2011”, dice lo siguiente: “El proceso de paz generó las condiciones para que la izquierda abertzale decidiera distanciarse del terrorismo. La actitud dialogante del Gobierno y su disposición a explorar vías de solución mostró ante la sociedad vasca que el principal obstáculo para el final de la violencia era el cerrilismo de ETA y no el del Estado”. Nada que añad

El cascabel al “procés”

Ahora, en este tiempo político, le corresponde al Gobierno de Sánchez, al Gobierno Progresista, explorar vías de solución ante el denominado conflicto político de Catalunya, el “procés”. De entrada, la mayoría de los actores apuesta por el diálogo. Fruto del mismo será el distanciamiento de la ciudadanía de los extremos (y de los agoreros, de aquellos de “a tierra que vienen los nuestros”). Serán los ciudadanos quienes constaten y certifiquen que “obras son amores, que no buenas razones”. Lo de menos será si otros validarán o no a quienes resuelvan la cuestión territorial. Al final, el tiempo pone a cada uno en su sitio.

El objetivo del pin

eldiario.es Extremadura

Se trata de objeción de conciencia por razones ideológicas, pero la Constitución Española no avala el derecho de veto de los padres sobre los contenidos del currículum educativo.

Al escuchar la palabra “pin” tres acepciones se nos vienen a la mente de forma clara. Nos acordamos del complemento decorativo de la indumentaria de una persona, normalmente de reducido tamaño, de forma y estilo diverso. También la asociamos al terminal de los contactos metálicos utilizados para transferir electricidad e información sin necesidad de soldar nada. Y la asociamos al número de identificación personal, contraseña, del teléfono móvil, tarjeta de crédito, etcétera, para identificarnos y tener acceso al sistema.

La historia nos dice que los peregrinos a Roma utilizaban pines con las imágenes de San Pedro y San Pablo en el siglo XII; que en el reinado de Victoria I de Inglaterra los utilizaron con su efigie para conmemorar los 70 años de su reinado; que en el siglo XX el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán los utilizó masivamente como estrategia de propaganda; que en Europa a partir de 1960 son empleados para expresar gustos musicales, ideas políticas, etcétera. (y que en Estados Unidos los pines con mensajes políticos se empleaban desde la toma de posesión del presidente George Washinton en 1789).

La semana pasada, durante la toma de posesión del nuevo gobierno se ha puesto en escena un pin, el del triángulo rojo. Lo llevaban en la solapa el Vicepresidente Segundo, Pablo Iglesias, y el Ministro de Consumo, Alberto Garzón. Estaban recordándonos que los nazis en los campos de concentración internaron, entre otros, a los antifascistas españoles (7.200, de los cuales 4.500 fallecieron) y emplearon un triángulo rojo, que cosían a en las ropas de los presos, para clasificar a los presos políticos.

Y a la par del inicio del Gobierno Progresista ha saltado a la palestra otro pin. Este viene de la mano de los partidos Vox y PP. Pretenden que los padres puedan impedir que sus hijos reciban formación, cursos o actividades sobre asuntos como la educación sexual o la lucha contra la homofobia, etcétera. Se trata de objeción de conciencia por razones ideológicas, pero la Constitución Española no avala el derecho de veto de los padres sobre los contenidos del currículum educativo.

“Si la eficacia de las normas jurídicas dependiera de su conformidad con cada conciencia individual, se socavarían los fundamentos mismos del Estado democrático de Derecho”, dictó el Tribunal Supremo el 11 de febrero de 2009. Luego poco recorrido tiene este pin. A tiempo.

Pero a la hora de marcar la agenda política al PP, y al exiguo partido de Ciudadanos, lo cierto es que Vox con el “pin parental” ha logrado su objetivo. Un “pin” que no sirve de adorno/decoración, ni de conductor de electricidad/información, ni de contraseña para objeción de conciencia escolar, pero útil para que sigan sus pasos, su discurso, los colegas de la plaza de Colón.

El objetivo del pin

Nosolomérida.es

Al escuchar la palabra “pin” tres acepciones se nos vienen a la mente de forma clara. Nos acordamos del complemento decorativo de la indumentaria de una persona, normalmente de reducido tamaño, de forma y estilo diverso. También la asociamos al terminal de los contactos metálicos utilizados para transferir electricidad e información sin necesidad de soldar nada. Y la asociamos al número de identificación personal, contraseña, del teléfono móvil, tarjeta de crédito, etcétera, para identificarnos y tener acceso al sistema.

La historia nos dice que los peregrinos a Roma utilizaban pines con las imágenes de San Pedro y San Pablo en el siglo XII; que en el reinado de Victoria I de Inglaterra los utilizaron con su efigie para conmemorar los 70 años de su reinado; que en el siglo XX el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán los utilizó masivamente como estrategia de propaganda; que en Europa a partir de 1960 son empleados para expresar gustos musicales, ideas políticas, etcétera. (y que en Estados Unidos los pines con mensajes políticos se empleaban desde la toma de posesión del presidente George Washinton en 1789).

La semana pasada, durante la toma de posesión del nuevo gobierno se ha puesto en escena un pin, el del triángulo rojo. Lo llevaban en la solapa el Vicepresidente Segundo, Pablo Iglesias, y el Ministro de Consumo, Alberto Garzón. Estaban recordándonos que los nazis en los campos de concentración internaron, entre otros, a los antifascistas españoles (7.200, de los cuales 4.500 fallecieron) y emplearon un triángulo rojo, que cosían a en las ropas de los presos, para clasificar a los presos políticos.

Y a la par del inicio del Gobierno Progresista ha saltado a la palestra otro pin. Este viene de la mano de los partidos Vox y PP. Pretenden que los padres puedan impedir que sus hijos reciban formación, cursos o actividades sobre asuntos como la educación sexual o la lucha contra la homofobia, etcétera. Se trata de objeción de conciencia por razones ideológicas, pero la Constitución Española no avala el derecho de veto de los padres sobre los contenidos del currículum educativo.

“Si la eficacia de las normas jurídicas dependiera de su conformidad con cada conciencia individual, se socavarían los fundamentos mismos del Estado democrático de Derecho”, dictó el Tribunal Supremo el 11 de febrero de 2009. Luego poco recorrido tiene este pin. A tiempo.

Pero a la hora de marcar la agenda política al PP, y al exiguo partido de Ciudadanos, lo cierto es que Vox con el “pin parental” ha logrado su objetivo. Un “pin” que no sirve de adorno/decoración, ni de conductor de electricidad/información, ni de contraseña para objeción de conciencia escolar, pero útil para que sigan sus pasos, su discurso, los colegas de la plaza de Colón.