Setenta
parlamentarios jubilados tienen reconocido complemento de pensión con
una aportación de las Cortes de 1.066 euros mensuales. Son el 1,94 por
ciento de sus señorías desde 1977: en su mayoría parlamentarios de las
primeras legislaturas que venían de la clandestinidad o del exilio y no
cotizaron lo suficiente para tener la pensión máxima. Rajoy se propone
pedir al Congreso que revise este complemento y se elimine cualquier
cosa que pueda suponer un privilegio respecto al resto de ciudadanos.
También podía solicitar la revisión/eliminación de las indemnizaciones
por cese de actividad a las que tienen derechos sus señorías; revisión
de las cuantías que los Presupuestos Generales establecen para la Casa
Real y devolución al Estado de los salarios de los cargos políticos que
además cobran del partido. Esta propuesta quizás no pretenda alimentar
la leyenda urbana sobre los privilegios de la clase política, ni atizar
el fuego de la desafección política o favorecer la crispación
tabernaria. ¿O sí? Justo cuando es necesario e imprescindible alcanzar
un pacto social.
jueves, 27 de enero de 2011
miércoles, 26 de enero de 2011
Populismo sobre pensiones.
Da igual que la popular Celia Villalobos defendiera hace unos días en un programa televisivo los complementos de jubilación de diputados y senadores aprobados en 2006 (pensión los
denominaba el moderador del programa, con el BOE en la mano). También
da igual que su partido hace menos de un mes en las mesas del Congreso y
Senado rechazara la propuesta de suprimir dicho complemento, que había
sido formulada por UPyD. Todo da igual, porque ya es leyenda urbana: los políticos son unos privilegiados en activo y de jubilados.
Pierde
el tiempo quien se esfuerce en hacer pedagogía sobre que son 70 los
parlamentarios jubilados que tienen reconocido dicho complemento con una
aportación media de las Cortes de 1.066 euros mensuales. De nada
servirá señalar que se trata de parlamentarios, en su mayoría, de las
primeras legislaturas que venían de la clandestinidad o del exilio y no
cotizaron lo suficiente para tener la pensión máxima. Tampoco servirá de
nada referir que sus señorías no cotizan durante su permanencia en las
Cámaras, con las obvias consecuencias en su prestación final si no
recibiera algún complemento. La leyenda los sitúa como jubilados y con
pensión máxima por estar 11 años en las Cámaras. Más aún, sus señorías salen de las Cámaras con pensiones vitalicias, según la dirigida leyenda.
La
propuesta de Rajoy de pedir al Congreso que revise dicho sistema de
compensación de pensiones y se elimine cualquier cosa que pueda suponer
un privilegio respecto al resto de ciudadanos, bien podía ampliarla para
revisar tanto las indemnizaciones por cese de actividad a las que
tienen derechos sus señorías como las cuantías que los Presupuestos
Generales establecen para la Casa Real. Luego vendría la propuesta de
devolver al Estado los salarios de las señorías que cobran del partido,
sean diputados, senadores, alcaldes, concejales, etc.
Atizar
el fuego de la desafección política de la ciudadanía es fácil, pero
irresponsable. Hacerlo ahora, cuando sindicatos, empresarios y Gobierno
están negociando la reforma del sistema de pensiones, en nada beneficia
al necesario e imprescindible pacto social. Más bien parece obedecer al
cuanto peor mejor y a favorecer la crispación tabernaria, esta vez
haciendo populismo con un puñado de complementos de parlamentarios
jubilados, el 1,94% desde 1977.
martes, 25 de enero de 2011
Populismo con los complementos de jubilación de parlamentarios.
Da
igual que la popular Celia Villalobos defendiera hace unos días en un
programa televisivo los complementos de jubilación de diputados y
senadores aprobados en 2006 (pensión los denominaba el moderador del
programa, con el BOE en la mano). También da igual que su partido
político hace menos de un mes en las mesas del Congreso y Senado rechazara la propuesta de suprimir dicho complemento,
que había sido formulada por Rosa Díez, líder de UPyD. Todo da igual,
porque ya es leyenda urbana: los políticos son unos privilegiados en
activo y jubilados.
Pierde
el tiempo quien se esfuerce en hacer pedagogía sobre que son 70 los
parlamentarios jubilados que tienen reconocido dicho complemento con una
aportación media de las Cortes de 1.066 euros mensuales. De nada
servirá señalar que se trata de parlamentarios, en su mayoría, de las
primeras legislaturas que venían de la clandestinidad o del exilio y no
cotizaron lo suficiente para tener la pensión máxima. Tampoco servirá de
nada referir que sus señorías no cotizan durante su permanencia en las
Cámaras, con las obvias consecuencias en su prestación final si no
recibiera algún complemento. La leyenda los sitúa como jubilados y con
pensión máxima por estar 11 años en las Cámaras. Más aún, la dirigida
leyenda señala que sus señorías salen de las Cámaras con pensiones
vitalicias con siete años de parlamentario.
Rajoy se propone pedir al Congreso de los Diputados que revise dicho sistema de compensación de pensiones
y se elimine cualquier cosa que pueda suponer un privilegio respecto al
resto de ciudadanos. También podía solicitar la eliminación de las
indemnizaciones por cese de actividad a las que tienen derechos sus
señorías; así como la devolución al Estado de los salarios de los cargos políticos que además cobran del partido y la devolución de la pensión vitalicia de 80.000 euros anuales que percibe del erario público su propio presidente honorífico, Aznar.
Esta
propuesta alimenta la leyenda urbana sobre los privilegios de la clase
política, atiza el fuego de la desafección política y favorece la
crispación tabernaria cuando sindicatos, empresarios y Gobierno están negociando la reforma del sistema de pensiones.
Bien parece obedecer al cuanto peor mejor, esta vez haciendo populismo
con un puñado de complementos de parlamentarios jubilados (el 1,94 por
ciento desde 1977) justo cuando en España es necesario y conveniente
alcanzar un pacto social.
jueves, 20 de enero de 2011
Fusión autonómica.
Para
que España esté ordenada y financieramente sea viable, Aznar le pide a
Rajoy que reordene las autonomías. Dice que tenemos un Estado marginal
por tener 17 instituciones y 17 organismos que hacen las mismas cosas.
También lo dice Monago, al defender que 45 parlamentarios en la Asamblea
pueden hacer las mismas cosas que 65. Zafra como Sevilla la Chica y
Agallas (Salamanca), que pedía anexionarse a Extremadura, serían buenas
razones para que Badajoz pasara a ser la novena provincia de Andalucía y
Cáceres la décima de Castilla y León. Una comunidad autónoma menos, dos
diputaciones provinciales menos y un buen puñado de diputados,
senadores, etc., menos. Después, Andalucía se uniría a Murcia; Castilla y
León a Castilla-La Mancha y así sucesivamente hasta que España sea una.
La capitalización del sistema de pensiones, la desregulación total de
la negociación colectiva y otras iniciativas liberales se encargarían de
hacerla grande y libre.
martes, 18 de enero de 2011
Andalucía 9, Castilla-León 10, de entrada.
Sevilla la chica dicen
de Zafra; son tantas las similitudes con la fronteriza Andalucía, que
bien podría la provincia de Badajoz pasar a ser la novena de Andalucía;
presumiríamos de tener mar, serían nuestras también las playas donde
veranean los pacenses y desaparecerían los litigios sobre el agua de
nuestros ríos.
Por
otra parte, la localidad de Agallas (Salamanca) que estaba dispuesta a
plantear un referéndum vecinal donde se vote la segregación de Castilla y
León para anexionarse a Extremadura (aspiran a tener así las mismas
carreteras, sanidad y telecomunicaciones que los municipios limítrofes
extremeños), tendría resuelto el problema pasando Cáceres a ser la
décima provincia de Castilla y León.
De
un solo plumazo: una comunidad autónoma menos, dos diputaciones
provinciales menos y un buen puñado de diputados y senadores menos. Para
Aznar, esta reforma supondría reducir el gasto del Estado, y que España
empezaría a estar más ordenada y política y financieramente sería más
viable. Además, si la escalada no cesa Andalucía se uniría a Murcia;
Castilla León a Castilla la Mancha y así sucesivamente hasta que España
sea una y grande. Con ello, desaparecería el inviable Estado marginal en
el que nos encontramos por tener 17 instituciones que hacen las mismas
cosas, 17 organismos que hacen las mismas cosas, según Aznar.
La
capitalización del sistema de pensiones, la desregulación total de la
negociación colectiva y otras iniciativas liberales se encargarían de
hacer el resto: tranquilizar a los mercados y recuperar el prestigio
internacional de España; también podríamos tener un mandatario con
prestigio para poder poner los pies encima de la mesa del presidente
Obama y retomar la senda de decidir sobre el orden internacional sin
tener que contar con la ONU.
Aznar
le pide a Rajoy que ponga este cascabel al gato: reordenar el estado de
las autonomías. Monago también, léase su idea de reducir los
parlamentarios extremeños de 65 a 45.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




