La
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado
la presentación de la Ley de Autoridad del Profesor con el fin de
otorgar a los docentes la condición de autoridad pública y situarlos al
mismo nivel que policías, jueces, u otros cargos públicos. En la
práctica se traducirá en dar más poder a los docentes públicos, y ante
las faltas que se cometan contra ellos en los centros tengan una
consideración más grave y sean perseguidas de oficio desde la Fiscalía.
Surge la propuesta cuando muchos alumnos y tutores legales de los mismos
ven al docente como una autoridad cuestionable; y ni eso, en algunos
casos.
La
educación sin autoridad, sin adulto que autorice progresivamente al
niño/adolescente para ser autor de sí mismo, conforma un inmenso espacio
vacío que es susceptible de llenarse de intereses que son lo contrario
de la libertad. Por ello, es imprescindible que dicho tema sea resuelto
desde edad temprana en el ámbito de la familia; y de no serlo que, al
menos, apoyen a la autoridad educativa que pretende enseñar educando o
educar enseñando para que su alumnado sea libre, se domine. Pues, sin
respaldo social y reconocimiento de la autoridad educativa será
imposible solucionar el problema; eso sí, se judicializará la escuela,
todas las escuelas; y muchas instituciones verán cuestionada su
autoridad; ¿o ya lo están?
La Constitución española dice que: "La
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a
los derechos y libertades fundamentales"
y constatamos que el valor que a la educación da la sociedad actual
está en crisis. Es por lo que se hace necesario alcanzar un pacto
sociopolítico por la educación, pues no se trata sólo de que una parte
del profesorado considere que han perdido autoridad ante alumnos y
tutores y reclame el rango de autoridad jurídico-penal, es mucho más que
eso lo que está en juego. Salir de la crisis de autoridad es salir de
la inhumanidad.
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