Descrédito institucional.

El Periódico Extremadura

María Dolores de Cospedal

Si se celebraran ahora elecciones generales, el PP obtendría el respaldo del 40,2% de los votantes, mientras que el PSOE el 39%, según el barómetro de julio del CIS. Poca rentabilidad política en plena crisis económica.

La organización que aglutina a las 30 economías más prósperas (OCDE) observa signos de recuperación para la salida del bache económico; Obama vislumbra el fin de la recesión porque la tasa de desempleo desciende en julio al 9,4% en EEUU; según el estudio de julio de DMC-Track de TNS Consumer crece el número de españoles con una actitud más positiva ante la crisis. Expectativas generales de mejoría económica a medio plazo.

Cuando el auto en el que se archiva la causa contra el presidente Camps confirma que una empresa que se llevaba millones de euros en contratos de la comunidad valenciana, hacía costosos regalos a sus dirigentes, la secretaria general popular, Dolores de Cospedal, afirma que el Gobierno se dedica más a perseguir a la oposición que a ETA y que España se ha convertido en un "Estado policial" en el que se pinchan teléfonos de dirigentes del PP y se utiliza a la fiscalía, la policía judicial y el CNI contra la oposición. Palabras ratificadas por Rajoy seis días después: "Yo comparto las declaraciones que ha hecho mi partido". Es decir, acusan a diestro y siniestro de delitos sin aportar prueba que lo demuestre. La sensación es que, como el caso Gürtel ahoga las expectativas electorales del caos económico, ahora toca caos institucional: descrédito intencionado de trazo grueso a jueces, cuerpos de seguridad del Estado, Gobierno, al sistema democrático. La crispación como estrategia para distraer la atención sobre escándalos que les afectan, incrementar la desafección política de la ciudadanía y amedrentar al Estado de Derecho. Afortunadamente, la democracia está suficientemente asentada para aguantar las acusaciones vertidas y las ocurrencias venideras de Trillo. Además, España es más que eso.