Hace
dos meses que el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley por el
que se creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que
tendría una dotación inicial de 9.000 millones de euros, con una
financiación mixta a cargo de los Presupuestos Generales del Estado
(PGE) de 6.750 millones de euros y de las aportaciones de los Fondos de
Garantía de Depósitos en establecimientos bancarios, cajas de ahorro y
cooperativas de crédito de 2.250 millones de euros.
El
Consejo de Ministro de 13 de agosto, aprobó la ayuda especial de 420
euros durante seis meses a parados que hayan agotado las prestaciones a
partir del 1 de agosto (eran 300.000 personas y 650 millones de euros de
los PGE); el pasado día 2 el Gobierno rectificó, y pactó con los
partidos de izquierda ampliarla a quienes padezcan esa situación desde
el 1 de enero (serán 600.000 personas y 1.300 millones de euros de los
PGE).
El
Gobierno podría haber llegado hasta los 6.750 millones de ayuda
especial a personas paradas como hizo con la banca, ampliando el plazo
de cobro de la ayuda hasta el inicio de la crisis. Pero, como en España
sólo se reduce el paro a partir de crecimientos del PIB de entre 2,5% y
el 3%, ha considerado mejor que las ayudas estén en las manos de quienes
no lo despilfarran y lo emplean bien, creando riqueza; en las mismas de
quienes generaron la crisis.
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