El
10 de marzo de 2005, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
Manuel Lamela, destituyó al Dr. Montes y al resto del equipo del
Servicio de Urgencia del hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) e
hizo pública la denuncia anónima, recibida el 2 de marzo, que acusaba 15
médicos de haber cometido “400 homicidios” en el servicio de urgencias del hospital.
Tres
años después, 28 de enero de 2008, la Audiencia Provincial de Madrid
ratificó en un auto el sobreseimiento y archivo del caso de las
presuntas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés y
ordenó además que se suprima toda referencia a la posible mala práctica
de los médicos denunciados.
Hoy
mismo, Mariano Rajoy, refiriéndose al caso Gürtel, se preguntaba “si a
todas esas personas que aparecen mencionadas en los periódicos y luego
resulta que no han hecho nada se les va a resarcir del daño que se les
ha causado en su honor; el juez, el fiscal o el medio de comunicación”.
Sobre
la base de una denuncia anónima, políticos y medios de comunicación
realizaron un inmenso daño moral y profesional muy difícil, casi
imposible, de reparar a los profesionales del servicio público sanitario
del Severo Ochoa, condenaron inmediatamente al doctor Montes –nada de
presunción de inocencia– y apoyaron directamente al fiscal instructor.
Ahora,
siendo la Fiscalía Anticorrupción quien desarrolla una amplia operación
contra presuntos casos de corrupción, condenan al mensajero, arremeten
contra el juez instructor y se burlan del poder judicial, de la propia
investigación, parodiando sobre Angeline Jolie.
La Justicia acabará poniendo las cosas en su sitio, y a nosotros nos quedará la constatación del doble rasero político y mediático utilizado sobre la base del interés de los “suyos”.
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