El
pasado 4 de mayo, la consejera de Educación de Extremadura, Eva María
Pérez López, refiriéndose a la futura Ley de Educación de Extremadura
(LEEx) afirmó: "Yo
creo que con la altura de miras que nos debe exigir a todos este
proceso hay que hacer propuestas de futuro coherentes, porque si la ley
se utiliza como un elemento reivindicativo para pedir aumento salarial
para el profesorado o mejoras de condiciones para cualquier otro tipo de
colectivo, estaríamos fracasando".
Tres
días después, la Comisión de Educación y Universidades del Parlamento
de Cataluña aprobó el proyecto de la Ley de Educación de Cataluña. Es el
último paso antes de someterse al pleno del Parlamento catalán,
previsto para principios de junio. Dicho proyecto recoge la homologación
de los sueldos de los maestros y profesores de los centros públicos y
concertados en tres años, a cargo del erario público. La medida
beneficiará a más de 20.000 docentes, que cobran alrededor de 200 euros
al mes menos que los de las públicas.
En
Extremadura, las diferencias salariales entre docentes de pública y
concertada son de auténtico escándalo (nada comparables con las de
Cataluña), y abordarlo en el marco de la futura LEEx es para la
consejera un fracaso. Seguramente fracasará el partido del Gobierno si
mantiene la posición de la consejera, en lugar de la de sus compañeros
del PSC, que aprobaron el proyecto referido sobre la base de ser una
propuesta de futuro coherente y antidiscriminatoria. Sabemos quiénes
sellaron hasta diciembre 2010 la discriminación salarial actual, y ahora
queremos conocer el calendario y contenidos de la homologación que
defiende el partido de la oposición.
Presidente de ADECEX
Presidente de ADECEX
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