El
12 de marzo conocíamos que la tramitación del proyecto de Refinería
Balboa había sufrido una nueva demora, al frenar el Ministerio de Medio
Ambiente la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental.
Por ello, el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, expresaba: "En
la medida que sean pasados los controles y las autorizaciones
pertinentes, creo que Extremadura y España necesitan proyectos de este
tipo"; y el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, comentaba: "esto
significa siete años para poder poner en marcha una industria en la
región, sencillamente porque hay quienes piensan que nosotros no nos
podemos permitir ciertas cuestiones, y nos someten a un proceso al que
no se ha sometido en este país nunca a nadie".
Al
mismo tiempo, supimos que dos refinerías habían obtenido los permisos
en la mitad de tiempo que la extremeña: la de Cepsa en Huelva en 29
meses, y la de Repsol en Cartagena en 22. También descubrimos que
ninguno de los proyectos de Cepsa y Repsol recibieron una sola alegación
por parte de los ecologistas, que sitúan la contaminación en la de
Balboa de los Santos de Maimona; de ahí el largo proceso al que está
sometido este proyecto.
Sobre
la base de razones técnicas y ambientales, esperamos que se fundamente
la decisión final. Lo que nos faltaba es que fuera una decisión
política, que atendiendo a la situación actual de crisis resultara "pan para hoy, y hambre para mañana". Nos acordaríamos entonces de Toxo.
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