El
fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha aconsejado a todos
los fiscales que consideren un delito de atentado contra la autoridad
las agresiones graves contra los docentes que trabajan en centros
públicos. Esgrime que las actividades realizadas por esos funcionarios «constituyen materias que afectan a los principios básicos de convivencia en una sociedad democrática», y que esas agresiones no afectan sólo a la integridad personal de quien las sufre, «sino que generan también un daño social».
Añade, que el delito de atentado a la autoridad no debe aplicarse en
los casos en que sean agredidos docentes de centros concertados, ya que
éstos no ostentan la condición de funcionario público. Adecex denuncia
que los docentes concertados están discriminados en salarios, en
condiciones de trabajo, en el acceso a la jubilación, etcétera, con
respecto a sus homólogos públicos desde hace décadas. Mientras tanto,
Conde-Pumpido determina que las actividades que realizan estos
profesionales no constituyen materias que afectan a los principios
básicos de convivencia en una sociedad democrática, y que sin son
agredidos no resultará dañada la sociedad. Fernández Vara pide a todos
los extremeños esfuerzo, trabajo y sacrificio para hacer frente a la
crisis, a la vez que Conde-Pumpido pide a Aurelio Blanco, fiscal
superior de Extremadura, que a una parte de los docentes del servicio
público educativo no los atienda si son agredidos.
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