En el dietario de Francisco Franco Salgado Araugo, titulado Mis conversaciones privadas con Franco,
puede leerse: “Además, las cacerías son pretexto para ir todos los
amigos de los dueños que cotizan esto y además de aprovechar para hacer
amistades, piden favores, exenciones de tributos, permisos de
importación”.
El
5 de septiembre de 2002 presenciamos aquella boda real en El Escorial,
que contó con la presencia de dos invitados, amigos de altos cargos de
aquel Gobierno, haciendo el paseíllo en el patio de los Reyes; ahora uno
está en la cárcel y otro en libertad con cargos porque el juez Baltasar
Garzón les imputa los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal,
falsedad documental, múltiples de cohecho, tráfico de influencias y
asociación ilícita.
Sabemos
qué clase de personajes se acercan a los distintos gobiernos en los
tiempos del poder absoluto para hacerse ricos; también sabemos lo
previsto en el artículo 71.2 y 3 de la Constitución española: “Durante
el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de
inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No
podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la
Cámara respectiva”.
Mientras
tanto, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández
Ordóñez, y el presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán,
proponen el abaratamiento del coste del despido, sabiendo que miles de
jóvenes (muy preparados) con contratos temporales, cuyos despidos
cuestan apenas ocho días por año, son los que deben aportar a la
economía española la mejora en competitividad.
Es
necesario y urgente que el motorista visite al ministro; también lo es
que asuman la responsabilidad política los implicados en la trama de
corrupción, en lugar de pretender distraernos con los futuros
suplicatorios. La ciudadanía en general, y los jóvenes en particular, no
merecen políticos de escasa ética y estética, y menos aún cuando
pretenden ponernos en valor el sacrifico, el esfuerzo de todos y entre
todos para salir de la crisis.
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