Da
igual que la popular Celia Villalobos defendiera hace unos días en un
programa televisivo los complementos de jubilación de diputados y
senadores aprobados en 2006 (pensión los denominaba el moderador del
programa, con el BOE en la mano). También da igual que su partido
político hace menos de un mes en las mesas del Congreso y Senado rechazara la propuesta de suprimir dicho complemento,
que había sido formulada por Rosa Díez, líder de UPyD. Todo da igual,
porque ya es leyenda urbana: los políticos son unos privilegiados en
activo y jubilados.
Pierde
el tiempo quien se esfuerce en hacer pedagogía sobre que son 70 los
parlamentarios jubilados que tienen reconocido dicho complemento con una
aportación media de las Cortes de 1.066 euros mensuales. De nada
servirá señalar que se trata de parlamentarios, en su mayoría, de las
primeras legislaturas que venían de la clandestinidad o del exilio y no
cotizaron lo suficiente para tener la pensión máxima. Tampoco servirá de
nada referir que sus señorías no cotizan durante su permanencia en las
Cámaras, con las obvias consecuencias en su prestación final si no
recibiera algún complemento. La leyenda los sitúa como jubilados y con
pensión máxima por estar 11 años en las Cámaras. Más aún, la dirigida
leyenda señala que sus señorías salen de las Cámaras con pensiones
vitalicias con siete años de parlamentario.
Rajoy se propone pedir al Congreso de los Diputados que revise dicho sistema de compensación de pensiones
y se elimine cualquier cosa que pueda suponer un privilegio respecto al
resto de ciudadanos. También podía solicitar la eliminación de las
indemnizaciones por cese de actividad a las que tienen derechos sus
señorías; así como la devolución al Estado de los salarios de los cargos políticos que además cobran del partido y la devolución de la pensión vitalicia de 80.000 euros anuales que percibe del erario público su propio presidente honorífico, Aznar.
Esta
propuesta alimenta la leyenda urbana sobre los privilegios de la clase
política, atiza el fuego de la desafección política y favorece la
crispación tabernaria cuando sindicatos, empresarios y Gobierno están negociando la reforma del sistema de pensiones.
Bien parece obedecer al cuanto peor mejor, esta vez haciendo populismo
con un puñado de complementos de parlamentarios jubilados (el 1,94 por
ciento desde 1977) justo cuando en España es necesario y conveniente
alcanzar un pacto social.
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