El
pasado 29 de junio, en los plenos de los ayuntamientos de Cuenca y
Madrid acordaron por unanimidad de los grupos políticos del PP, PSOE e
IU retirar los honores que tenía el dictador Franco: "alcalde
honorífico, hijo adoptivo, medalla de oro y de honor". En el
Ayuntamiento de Tarragona, hicieron lo mismo PSOE, CIU y ERC en el pleno
del 9 de julio; los cuatro concejales del PP se abstuvieron en la
votación. En el Ayuntamiento de A Coruña, los grupos políticos PSOE y
BNG acordaron en el pleno del 25 de junio retirar los 53 símbolos
franquistas: calles dedicadas a los golpistas, honores al dictador,
etc.; los diez concejales del PP se ausentaron de la votación.
Estos acuerdos de pleno fueron tomados en aplicación de la ley por la que se reconoce
y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes
padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la
dictadura.
Sin
embargo, a pesar de que esta ley fue aprobada por el Gobierno de
España, en el pleno del ayuntamiento de Valencia del 26 de junio los
concejales del PP (21) rechazaron retirar los símbolos franquistas de la
ciudad; los del PSOE (12) votaron a favor.
También
en la localidad pacense de Guadiana del Caudillo, de la que soy
natural, continúa el nombre del pueblo, un escudo de armas cincelado en
granito, que se acola con el águila de San Juan, en el frontis de su
ayuntamiento y una placa de mármol adosada a la fachada del mismo
edificio en la que se exalta al dictador Franco.
Esta
simbología (que constituye un auténtico oprobio para los demócratas)
sitúa en el terreno del inmovilismo a los responsables políticos de su
permanencia y, a la vez, dejan retratado su interés por reinventar la
historia. Pero el pueblo no olvida.
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