Crónica de descomposición

Nosolomérida

Sáenz de Santamaría y Cospedal

El presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, en comparecencia pública ex profeso, da a conocer la resolución del Tribunal Constitucional por la cual la Junta ingresará 240 millones de euros de un impuesto bancario que trató de aplicar el Gobierno de Juan Carlos Rodríguez Ibarra en 2001 pero que el entonces presidente José María Aznar paralizó al recurrirlo ante dicho tribunal, y anuncia: "vamos restablecer la paga extra de los funcionarios públicos de nuestra comunidad autónoma". Horas después matiza sus palabras, y dice: "lo que haremos es adelantar la del mes de junio al mes de enero".

 El Gobierno de Rajoy entra en escena, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría dice que si Extremadura incumple la legislación básica el Ejecutivo procederá a formalizar un “recurso de inconstitucionalidad”.

Días después, el consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Antonio Fernández, manifiesta que los 240 millones pueden tardar en llegar ,y el presidente Monago para curarse en salud dice: “vamos a procurar remover todos los obstáculos para que se cumpla el compromiso (de adelantar la paga extra) en la primera semana de enero, salvo que haya algún incidente en el procedimiento”.

El Partido Popular sale a la palestra de la mano de su secretaria general, María Dolores Cospedal, y califica lo anunciado por Monago como “decisión equivocada, que genera confusión política, jurídica y económica, que es todavía peor”. E insiste: “Creo que una vez que se ha planteado esa medida y que todos lo habíamos aceptado, incluidos Extremadura y Navarra, es un error salirse del guión”. Además, anuncia que como presidenta de Castilla la Mancha no va a abonar la extra de Navidad a los empleados públicos manchegos ni anticipar a enero la extra de 2013.

Por entonces el Gobierno vasco en funciones anuncia que ha decidido abonar la extra de Navidad a los trabajadores de la administración autonómica. "No abonar la paga a los funcionarios sería una decisión no ajustada a derecho", manifestaba la portavoz del Ejecutivo en funciones, Idoia Mendía. Y este viernes Sáenz de Santamaría anuncia que Ejecutivo ha decidido plantear un conflicto de competencias con el Gobierno vasco en relación al abono de la paga extra de Navidad a los funcionarios y empleados públicos el próximo mes de diciembre. Antes conocimos las advertencias del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, sobre la extra: "el funcionario que tomara la decisión de hacerlo se le exigirá responsabilidad, a través del artículo 404 del Código Penal, que lleva aparejado una suspensión especial de cualquier cargo público por un periodo de entre siete y diez años". "La Ley que es básica y afecta a todo el territorio nacional, a las 17 autonomías, ayuntamientos y Administración General del Estado, y obliga a que este año no exista esa paga extra de Navidad", dice Beteta. Mientras tanto, nos enteramos que el ayuntamiento de Pontevedra esquiva a Rajoy camuflando la extra a los funcionarios en complementos de productividad.

Otras muestras recientes del Estado (des)compuesto son: el informe ”fantasma” que distribuyó el SUP, el indulto del Ejecutivo a los “mossos” condenados por torturas, , la autodeterminación del presidente en funciones la Generalitat de Cataluña, el nuevo impuesto estatal bancario a tipo cero creado por Cristóbal Montoro, el acuerdo sobre la ayuda desde los fondos europeos de 37.500 millones de euros a las cuatro cajas y bancos bajo control del Estado, Bankia, Catalunya Banc, Novagalicia Baco y Banco de Valencia. (Mientras tanto, el Comisario Europeo Joaquín Almunia no revela la lista de responsables de la crisis del sector bancario; solamente sabemos que los recortes del Estado en educación, sanidad, dependencia, pensiones, es una cuantía inferior al desaguisado ocasionado por tales responsables, que no han sido indultados porque no fueron juzgados).

En fin, vamos por el buen camino que diría Karl Marx: “El Estado no es el reino de la razón, sino de la fuerza; no es el reino del bien común, sino del interés parcial; no tiene como fin el bienestar de todos, sino de los que detentan el poder; no es la salida del estado de naturaleza, sino su continuación bajo otra forma. Antes al contrario, la salida del estado de naturaleza coincidirá con el fin del Estado. De aquí la tendencia a considerar todo Estado una dictadura y a calificar como relevante sólo el problema de quién gobierna (burguesía o proletariado) y no el cómo”.