El Periódico Extremadura: "Caballo de espuma"
La mayoría de los gobiernos autonómicos
han contemplado beneficios para sus presidentes a partir de su cese:
puesto retribuido en el Consejo Consultivo de su comunidad, oficina con
dos o tres personas a su servicio, coche oficial con chófer,
asignaciones mensuales proporcionales al tiempo que han permanecido de
presidente, pensión vitalicia del 50/60 por ciento del sueldo de jefe
del Ejecutivo, indemnizaciones por dejar el cargo, etcétera.
Algunas renuncias sobre determinados privilegios fueron noticia: Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara renunciaron a la pensión. Otras, por todo lo contrario: Francisco Camps fue el primer mandatario de la Generalitat que ejercitó los derechos que le otorgaba la Ley 6/2002 por su condición de expresidente; Patxi López cuando cumpla la edad legal de jubilación disfrutará de una pensión vitalicia equivalente al 50 por ciento del salario del lehendakari del Gobierno vasco que esté ejerciendo; José Bono dispone de una oficina que cuenta con un presupuesto público que ronda los 160.000 euros anuales.
Tanto los gastos en recursos materiales como personales en la oficina del expresidente del gobierno extremeño, Rodríguez Ibarra, fueron noticia determinante para que los tres grupos parlamentarios se pusieran de acuerdo a finales de 2011 en la Asamblea para modificar la Ley 3/2007 por la que se regula el estatuto de quienes han ostentado la Presidencia de la Junta. Sin embargo, hasta la fecha se mantienen los privilegios a los expresidentes.
Entre las condiciones necesarias para que la ciudadanía en su conjunto recobre en la actualidad la confianza en los partidos políticos están, sin duda, la austeridad y la transparencia. La supresión de privilegios de la llamada "clase política" se encuentra entre las condiciones imprescindibles para recuperar la credibilidad perdida. Las condiciones suficientes que activen la confianza e ilusión siguen estando lejos, muy lejos, ante tantos cargos políticos imputados.
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| Rajoy y Camps |
Algunas renuncias sobre determinados privilegios fueron noticia: Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara renunciaron a la pensión. Otras, por todo lo contrario: Francisco Camps fue el primer mandatario de la Generalitat que ejercitó los derechos que le otorgaba la Ley 6/2002 por su condición de expresidente; Patxi López cuando cumpla la edad legal de jubilación disfrutará de una pensión vitalicia equivalente al 50 por ciento del salario del lehendakari del Gobierno vasco que esté ejerciendo; José Bono dispone de una oficina que cuenta con un presupuesto público que ronda los 160.000 euros anuales.
Tanto los gastos en recursos materiales como personales en la oficina del expresidente del gobierno extremeño, Rodríguez Ibarra, fueron noticia determinante para que los tres grupos parlamentarios se pusieran de acuerdo a finales de 2011 en la Asamblea para modificar la Ley 3/2007 por la que se regula el estatuto de quienes han ostentado la Presidencia de la Junta. Sin embargo, hasta la fecha se mantienen los privilegios a los expresidentes.
Entre las condiciones necesarias para que la ciudadanía en su conjunto recobre en la actualidad la confianza en los partidos políticos están, sin duda, la austeridad y la transparencia. La supresión de privilegios de la llamada "clase política" se encuentra entre las condiciones imprescindibles para recuperar la credibilidad perdida. Las condiciones suficientes que activen la confianza e ilusión siguen estando lejos, muy lejos, ante tantos cargos políticos imputados.
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