A punto de pasar algo nada bueno

Extremadura Progresista

La juez Mercedes Alaya

Sigue lloviendo a cántaros sobre la ya empapada España: los chuzos de corrupción no cesan.

Al inicio de la semana Oriol Pujol Ferrusola, secretario general adjunto de Convergéncia Democrática, fue imputado por un delito de tráfico de influencias en el marco del caso de las ITV, de presunto amaño de concesiones de estaciones de inspección de vehículos. Pujol declaró: que no pensaba dimitir, que solo “delegaba” los cargos orgánicos en el partido y la presidencia del grupo parlamentario de CiU, y que retomará todas sus funciones cuando considere que queda libre de sospecha. Con Pujol son cuatro los miembros del Parlament imputados en casos de presunta corrupción, tres de Convergència y uno del PSC.

Nota destacada: El Partido Popular en Cataluña pide la dimisión de Oriol Pujol. 

El miércoles agentes del Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa Guardia Civil realizaron bajo las órdenes de la jueza Mercedes Alaya una operación simultánea en Sevilla, Madrid, Barcelona, Jaén, Granada, Cádiz y Las Palmas en la que han practicado una veintena de detenciones relacionadas con la causa de los ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Alaya cifra en 68 los millones empleados en comisiones, de la dotación de 721 millones por la Junta de Andalucía para tal causa. La jueza envió a prisión al ex director de Trabajo, Javier Guerrero, al exsindicalista de UGT e intermediario de los ERE, Juan Lanzas, y al exdirectivo de la consultora Vitalia, Antonio Albarracín. Además, Alaya cree que Vitalia al menos ordenó el pago a CCOO y UGT de 4.291.384 euros, según se recoge en el auto de prisión del exdirector de la mediadora, Antonio Albarracín. La jueza afirma que el sistema de ayudas se había convertido en un "verdadero negocio" en el que las mediadoras "corrompían" a cargos públicos y los sindicatos buscaban "nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio".

Nota destacada: El Partido Popular en Andalucía pide la dimisión del presidente de la Junta de Andalucía, José Griñán.

Es la misma semana en la que el Partido Popular no devuelve a su extesorero, Luis Bárcenas, dos ordenadores al considerar que su exempleado no había acreditado la propiedad de los mismos. En el PP dicen que tampoco entregarán al juez Pablo Ruz toda la documentación solicitada (operaciones bancarias relacionadas con donaciones en 21 años- de 1990 a 2011-) en el marco de la investigación de los papeles de Bárcenas. Es la semana en que la Fiscalía Anticorrupción aporta al juez Ruz pruebas que acreditan la supuesta financiación ilegal del PP a través de la red Gürtel. Es un informe que destapa cuatro nuevos indicios o apuntes de la contabilidad oficial del PP (la que consta en el Tribunal de Cuentas) que revelan que el partido recibió dinero supuestamente ilícito de la red mafiosa que dirigía Francisco Correa. Se trata de salidas de dinero registradas en la caja B de Gürtel que llegan a las manos del extesorero Luis Bárcenas y que luego el PP las declara oficialmente como donaciones ante el Tribunal de Cuentas.

Nota destacada: El Partido Popular presionó para impedir que el juez Gómez Bermúdez interrogará a Luis Bárcenas.

La semana en la que sabemos que el Tribunal Supremo revisará la absolución del expresidente Francisco Camps por el “caso de los trajes”. Cinco jueces de dicho tribunal deliberarán el próximo día 9 de abril si fue justa la absolución de Camps por parte del jurado popular que decidió exonerarle en el juicio de los trajes que recibió durante años por parte de red Gürtel durante su mandato en esa comunidad. También nos informan que el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, se sentará en el banquillo por el “caso Naranjax”. Será juzgado por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraudes fiscales, tras nueve años de pesquisas, decenas de autos y tres sentencias del Tribunal Supremo.  

Nota destacada: En las Cortes valencianas se sientan 11 diputados imputados que militan en el PP.

Es la semana que supimos que Rato, Blesa y otros directivos de Caja Madrid se repartieron 71 millones en cuatro años. También nos enteramos que más de 300.000 accionistas de Bankia perderán el 96% de su inversión; y que el Fondo de Reestructuración Ordinaria Bancaria (FROB) ha establecido una quita media del 38% para las participaciones preferentes de Bankia y del 36% para la deuda subordinada perpetua.

Los responsables de las siete cajas de ahorro

En otras entidades nacionalizadas, oscila entre el 43% para las preferentes de Novagalicia Banco; el 50% del Banco Gallego y el 61% de Catalunya Banc. También conocimos la estadística elaborada por el Consejo General del Poder Judicial: “Los procedimientos de desalojo de viviendas, locales o fincas (desahucios ) acordados por los juzgados de primera instancia al cierre del 2012 ascendieron a 101.034”. Así como el Informe 2013 de la Fundación FOESSA, que bajo el título “Desigualdad y derechos sociales. Análisis y perspectivas”, muestra de manera contundente la dimensión de los efectos sociales de la crisis en las personas más pobres. El informe presentado por el secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, nos indica que 10 millones de españoles viven en pobreza relativa (21,8%) y tres millones están en situación de pobreza extrema.

Nota destacada: Las protestas, acampadas y campañas informativas de diversos colectivos por cauces legales y pacíficos.

Nuestros legítimos dirigentes andan a nivel nacional y regional con asuntos que deben ser para ellos muy importantes: la indemnización de 229.000 euros a Sepúlveda (el 90% con nuestro dinero); la dimisión de Carlos Fabra como presidente del aeropuerto sin aviones de Castellón;  la denuncia de la Junta de Extremadura sobre la filtración de un examen de la “ESO de los 1.000 euros”. No hace falta seguir, pero ojo con "PP y PSOE, me tenéis hasta los güevos" de los Antonios Ruiz de las tierras de España.

Nota resumen: La justicia profesional sin prisas pero sin pausa, y los partidos y sindicatos a la altura que la situación está al borde de ser explosiva. No pasa nada hasta que pase.