José Antonio Monago e Iván Redondo |
La misma semana que el secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, firma ante notario la renuncia al derecho de poder declarar por escrito como testigo y al aforamiento que le otorgan respectivamente la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Estatuto de Autonomía de Extremadura porque, según él, “los políticos no podemos tener más derechos que el resto de los ciudadanos”, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, manifiesta que confía que la Audiencia de Palma evitará que la infanta Cristina de Borbón tenga que hacer el paseíllo cuando vaya a declarar el 8 de febrero ante el juez José Castro y la expresidenta Esperanza Aguirre pide directamente que la Infanta entre al juzgado de Palma por el garaje. La razón que esgrime Gallardón para que la Infanta tenga ese privilegio es que el paseillo “sería perjudicial para ella (sic)”.
Es la misma semana en la que el representante del Ministerio Público, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, presenta un escrito al juzgado en el que acusa al juez instructor del “caso Noos”, José Castro, de apoyarse en “una teoría conspiratoria” para citar a la infanta Cristina como imputada y, a la vez, solicita que los inspectores de la Agencia Tributaria que elaboraron los informes que exoneraron a la Infanta de la comisión de un delito contra la Hacienda pública declaren en calidad de peritos antes de que lo haga ella como imputada. Castro los ha convocado para el próximo día 25, y les preguntará por el informe que exculpa a la Infanta de irregularidades fiscales.
También
es la misma semana en la que el tema de la Interrupción Voluntaria del
Embarazo fue abordado en Pleno de la Asamblea de Extremadura, miércoles
15, mediante dos propuestas de Pronunciamiento de la Cámara.
La primera, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista,
conteniendo una serie de propuestas, dirigidas al Gobierno de España, en
relación con la anunciada revisión de la legislación en materia de
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del
embarazo. La segunda, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
instando al Gobierno de España a retirar el anteproyecto de Ley de
Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer
Embarazada. Pero antes de su debate y votación el presidente de la
Asamblea, Fernando Manzano, expulsó al diputado socialista Antonio
Rodríguez Osuna. “Cuando le he llamado la segunda advertencia, su
señoría a continuación se ha tocado la cara, diciendo que vaya jeta que
tiene esta presidencia”, dijo Manzano mientras sus compañeros de grupo
aplaudían a rabiar. Por su parte los socialistas exponen en vídeo que la
”injusta decisión” fue determinante para que se produjeran tres empates a 32 en la votación de su propuesta.
En fin, los populares extremeños tratan de minusvalorar la
renuncia al privilegio como político que ha realizado Vara y pretenden
situarlo en el terreno de lo anecdótico, de un simple gesto simbólico.
¡Ojalá cundan estos gestos, en lugar de la petición de privilegios que
para la Infanta piden Gallardón y Aguirre! ¡Ojala abunden, en lugar de
la aparente colaboración con la justicia que muestra Horrach! ¡Paseíllo para todos o para ninguno!, que bastante tenemos con el reciente Informe del Consejo de Europa en el que recomienda a España un código de conducta parlamentaria y fortalecer la independencia de jueces y fiscales.
Lo
de la expulsión de Osuna por decisión del árbitro Manzano tuvo
resultado redondo para un tal Iván. Pero los socialistas ya han puesto
fecha al partido de vuelta,
y de nuevo los diputados debatirán y votarán en la Asamblea sobre la
anunciada revisión de la legislación en materia de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Pronto
sabremos sobre el comportamiento de los jugadores y árbitro, música y
letra, en dicho partido. Lo de honra sin barcos…
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