"En fin estamos ante una realidad de implantación de la concertada
en los términos descritos y a las puertas del marco normativo que
configurará dicha red de centros para el cuatrienio y sexenio siguiente,
según enseñanzas".
La ley económica de oferta y demanda
se presenta como una espada de Damocles donde coexisten centros
públicos y privados concertados. La razón viene dada porque frente a
menos población escolar (en Extremadura la caída de la natalidad es
significativa desde 2008 y el saldo migratorio es negativo desde 2012)
encontramos que los centros sostenidos con fondos públicos presentan
idéntica oferta de plazas que en años anteriores.
Ante la realidad de pérdida continua de alumnado, los agentes de la
comunidad educativa presentan diferentes propuestas Unas dirigidas a
mantener la situación actual, su cuota; otras incardinadas a modificarla
radicalmente a corto, medio o largo plazo (en síntesis: vestirse,
desvistiendo al otro).
La realidad de la concertada extremeña, según la memoria
de programas de los presupuestos generales de Extremadura para 2017,
nos muestra que de los 776.554.473 euros para sostener las enseñanzas de
Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y
Bachillerato (programas 222A, 222B, 222C y 222G) 76.497.178 euros
(9,85%) son para financiar las unidades concertada de dichas enseñanzas.
La memoria recoge: que los 31.710 alumnos matriculados en la concertada
representarán el 17,85% del total matriculado en los centros sostenidos
con fondos públicos en las enseñanzas referidas; que los 1.726 puestos
de docentes vendrán a ser el 9,45% del total del profesorado de los
centros sostenidos con fondos públicos que imparten dichas enseñanzas;
que concertarán 1.364 unidades para las enseñanzas señaladas
anteriormente (21 menos que en el actual curso).
La
realidad del curso actual es que hay 66 centros concertados en los que
se imparten enseñanzas generales (42 en la provincia de Badajoz y 24 en
la de Cáceres), y que en 55 de ellos se imparte Primaria y Secundaria
Obligatoria; que están en 28 localidades que suman 607.329 habitantes
(56%) sobre un total de 1.087.778 que tenía Extremadura a fecha 1 de
enero de este año, según el Instituto Nacional de Estadística, y que en
los cuatro municipios más poblados, casi 350.000 habitantes, están 36 de
los 66 centros concertados.
Sobre dicha realidad y en paralelo marco temporal, nos encontramos, de
una parte, la resolución por la que se establece el calendario y otros
aspectos del procedimiento de admisión del alumnado de segundo ciclo de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, en centros docentes sostenidos con fondos públicos para
el curso escolar 2017/2018, que el pasado 13 de febrero publicaba el
Diario Oficial de Extremadura (DOE); y de otra, el próximo decreto que
establecerá las normas relativas a la suscripción, renovación,
modificación y extinción de los conciertos educativos en Extremadura
para el sexenio comprendido por los cursos 2017/2018 al 2023/2024 en la
enseñanza Primaria y para el cuatrienio comprendido por los cursos
2017/2018 al 2020/2021 para el resto de enseñanzas.
Próximo decreto, que viene precedido por la irrupción de sentencias del
Tribunal Supremo (TS) sobre aspectos que regulará el mismo. En
concreto, la sentencia 2195/2016, dada en Madrid el18 de mayo de 2016,
recoge que a un colegio de Palma del Condado (Huelva) que había recibido
36 solicitudes de admisión para sus dos aulas de Infantil de tres años,
la Junta de Andalucía cerró una con el argumento de que para los once
alumnos sobrantes había plazas vacantes en las escuelas públicas. Los
magistrados razonaron que la mengua del número de alumnos en los cursos
iniciales es una de las causas que justifican la modificación del
concierto en vigor y una reducción de las unidades concertadas. Así
como, que el rígido mantenimiento de las mismas unidades bastando para
ello con que exista una solicitud de matrícula más de las previstas en
la ratio máxima de 25 alumnos/unidad, determinaría que esa ratio sería
ostensiblemente inferior en la enseñanza privada concertada que en la
pública, sin que haya razones constitucional ni legalmente exigidas para
primar o potenciar de esa forma la concertada en detrimento de la
pública cuando ambas se sostienen con los mismos fondos.
“No puede haber en los concertados clases con menos alumnos que en la
media de los públicos para mantener unidades”, decía recientemente la
consejera Esther Gutiérrez. Podría interpretarse que se refería a la
sentencia referida, pero seguramente nos recordaba el Decreto 108/2013
que establece las normas relativas a la suscripción, renovación,
modificación y extinción de los conciertos educativos en Extremadura,
para el cuatrienio comprendido por los cursos 2013/2014 al 2016/2017
(DOE de 2 de julio de 2013). Lo decimos porque ahí se recoge la
obligación de los centros de “tener una relación media de alumnos por
unidad escolar no inferior a la que determinen las Delegaciones
Provinciales de Educación, teniendo en cuenta la existente en los
centros públicos del municipio o, en su caso, de la comarca en la que
esté ubicado el centro”.
También
cabe la posibilidad de que Gutiérrez quiera poner en valor la
resolución debatida y votada en el pleno de la Asamblea de Extremadura
sobre la Orientación Política General de la Junta de Extremadura
(conocido por Estado de la Región) del pasado 15 de julio, en la que se
instaba a la Asamblea a que por razones de programación y eficiencia en
la gestión de los recursos públicos proceda en el curso 2016-2017 y
subsiguientes a la planificación de red de centros teniendo en cuenta la
sentencia referida. Pero tal posibilidad se antoja improbable porque su
grupo junto con el del partido popular votó en contra de la misma.
En fin estamos ante una realidad de implantación de la concertada en
los términos descritos arriba y a las puertas del marco normativo que
configurará dicha red de centros para el cuatrienio y sexenio siguiente,
según enseñanzas. Todo ello con el denominador de baja continuada de la
demanda de plazas escolares. También coincide temporalmente con la
voluntad política y social expresada de alcanzar una ley educativa de
todos, para todos y entre todos: una ley para las próximas generaciones.
Entre tanto, las familias siguen exigiendo a los médicos los
tratamientos actuales que dan los mejores resultados para superar sus
problemas de salud. Los resultados están ahí, envidiable prestación de
la sanidad pública. Ni la música y el sillón confortable en la sala de
espera de los competidores (¿complementarios/subsidiarios?), varía la
opción hegemónica de las familias.
Presidente de Adecex
Presidente de Adecex
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