Extremadura al día
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| Cándido Conde-Pumpido |
El
fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha aconsejado a todos
los fiscales que consideren como un delito de atentado contra la
autoridad las agresiones graves contra los docentes que trabajan en
centros públicos. Esgrime que las actividades realizadas por esos
funcionarios "constituyen materias que afectan a los principios básicos de convivencia en una sociedad democrática", y que esas agresiones no afectan sólo a la integridad personal de quien las sufre, "sino
que generan también un daño social, en cuanto que inciden directamente
en el régimen de prestación de un servicio reconocido
constitucionalmente".
Añade, que el delito de atentado a la autoridad no debe aplicarse en
los casos en que sean agredidos docentes de centros concertados, ya que
éstos no ostentan la condición de funcionario público.
Adecex
denuncia reiteradamente que los docentes concertados están
discriminados en salarios, en condiciones de trabajo, en el acceso a la
jubilación, etcétera, con respecto a sus homólogos públicos desde hace
décadas. Mientras tanto, Conde-Pumpido determina que las actividades que
realizan estos profesionales no constituyen materias que afectan a los
principios básicos de convivencia en una sociedad democrática, y que sin
son agredidos no resultará dañada la sociedad, ni el servicio público
educativo.
Fernández
Vara pide a todos los extremeños esfuerzo, trabajo y sacrificio para
hacer frente a la crisis; a la vez que Conde-Pumpido pide a Aurelio
Blanco, fiscal superior de Extremadura, que a una parte de los docentes
del servicio público educativo no los atienda si son agredidos. Todo
ello en 2008, año calificado como el de las medidas y políticas de
igualdad, y estando vigente el artículo 108.4 de la LOE: "La prestación del servicio público de la educación se realizará, a través de los centros públicos y privados concertados".
