La vara de la Justicia.

Extremadura al día

Cándido Conde-Pumpido

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha aconsejado a todos los fiscales que consideren como un delito de atentado contra la autoridad las agresiones graves contra los docentes que trabajan en centros públicos. Esgrime que las actividades realizadas por esos funcionarios "constituyen materias que afectan a los principios básicos de convivencia en una sociedad democrática", y que esas agresiones no afectan sólo a la integridad personal de quien las sufre, "sino que generan también un daño social, en cuanto que inciden directamente en el régimen de prestación de un servicio reconocido constitucionalmente". Añade, que el delito de atentado a la autoridad no debe aplicarse en los casos en que sean agredidos docentes de centros concertados, ya que éstos no ostentan la condición de funcionario público.

Adecex denuncia reiteradamente que los docentes concertados están discriminados en salarios, en condiciones de trabajo, en el acceso a la jubilación, etcétera, con respecto a sus homólogos públicos desde hace décadas. Mientras tanto, Conde-Pumpido determina que las actividades que realizan estos profesionales no constituyen materias que afectan a los principios básicos de convivencia en una sociedad democrática, y que sin son agredidos no resultará dañada la sociedad, ni el servicio público educativo.

Fernández Vara pide a todos los extremeños esfuerzo, trabajo y sacrificio para hacer frente a la crisis; a la vez que Conde-Pumpido pide a Aurelio Blanco, fiscal superior de Extremadura, que a una parte de los docentes del servicio público educativo no los atienda si son agredidos. Todo ello en 2008, año calificado como el de las medidas y políticas de igualdad, y estando vigente el artículo 108.4 de la LOE: "La prestación del servicio público de la educación se realizará, a través de los centros públicos y privados concertados".