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| Clemente Checa junto a José A. Monago |
La casta y puertas
giratorias son conceptos políticos que forman parte del acerbo popular y en
general son utilizados para expresar una idea peyorativa de la política. Que
los consejos consultivos de las comunidades autónomas son utilizados como
puertas giratorias para muchos políticos es un hecho nada discutible. El Consejo Consultivo de
Extremadura (CCEX) no iba a ser menos, tanto su presidente Pedro Tomás
Nevado-Batalla Moreno como los consejeros Federico Suárez Hurtado y Juan
Ignacio Barrero Valverde han sido cargos políticos. Si bien por Decreto del
pasado 4 de julio el consejero Suárez dejará de serlo
este domingo por cumplimiento de mandato.
Nadie discute que sus componentes están bien pagados. La Ley 7/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2014 establece en su artículo 7 que la retribución anual de los miembros del Consejo Consultivo es de 61.001,64 euros. Y que los miembros que tuvieran la condición de funcionario de carrera, de estatutario fijo o de personal laboral fijo de cualquiera de las Administraciones Públicas percibirán, en concepto de antigüedad, la misma cuantía que tengan reconocida, o que les sea reconocida durante el ejercicio de esas funciones, por su Administración de origen.
Sí fue discutido que en el marco de lo que llaman “reducir la Administración” pusieran encima de la mesa la conveniencia de eliminar estos órganos auxiliares porque son duplicidades: el Consejo de Estado tiene competencias para asumir las tareas que desempeñan los 17 consejos consultivos autonómicos correspondientes a 16 CC.AA. (Cataluña cuenta con dos instituciones, el Consejo de Garantías Estatutarias y Comisión Jurídica Asesora, mientras que Cantabria no tiene un órgano de esas características). Ninguna discusión acerca de que son los letrados de dichos órganos los que elaboran los dictámenes sobre si la decisión del Gobierno de turno se ajusta a la ley. Luego, sería normal que estuvieran formados por “juristas de reconocido prestigio” como disponen sus reglamentos.
Estos días está en discusión el CCEX por asunto relacionado con el expresidente del mismo, Clemente Checa. Las razones expresadas en el editorial del HOY del pasado jueves: “Checa debe ser destituido” son compartidas por la ciudadanía. Justifican la conveniencia de prescindir, de entrada, de quienes se dice que se limitan a revisar y votar el trabajo del día a día de los letrados del CCEX, y son razones que apuntan sobre la necesidad prescindir del consejo consultivo en su totalidad.
El descrédito creció con la posición del propio CCEX: “El Consultivo avala a Checa para continuar cobrando trabajos jurídicos por su cuenta”, y con las informaciones acerca de que “Checa firmó dictámenes por encargo del Ayuntamiento de Almaraz en los años 2007, 2010, 2012 y 2013 y cobró por ellos entre 1.590 euros el más barato y 4.040 el más caro”. Y continuó la escalada del descrédito cuando supimos que “Checa también trabajó para un bufete de abogados de Lérida”. Y cuando el presidente del CCEX, Nevado-Batalla, incidió en que Checa cumplió “de manera loable” con sus obligaciones “sin comprometer su imparcialidad”. La puerta giratoria, el reciente cargo de Consejero, le restan credibilidad a su palabra.
No acabamos de digerir la denuncia del pasado domingo acerca de la posibilidad de que disfruten de acceso a condonaciones “ad líbitum” los que el acerbo popular llama casta cuando nos encontramos con interpretaciones del órgano consultivo de la Junta que bien parecen “ad hoc”. Interpretaciones de un consejo que tiene reciente y bien engrasada la puerta giratoria. Y por si faltara algo para alimentar la desafección política de los ciudadanos nos encontramos con la defensa del propio Checa aludiendo a su reputación y honor, y las palabras del líder Pedro Escobar pidiendo el cese de Checa por falta de ejemplaridad en el cargo (como si en el affaire de su compañero Alejandro Nogales con la Caja Rural hubieran hecho ejercicio de la responsabilidad y ejemplaridad al servicio de todos los extremeños que se le reclamaba). En fin, ante tantos aferrados al sillón y a puertas giratorias, que al menos nos ahorren los costes de los prescindibles consejos consultivos.
Nadie discute que sus componentes están bien pagados. La Ley 7/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2014 establece en su artículo 7 que la retribución anual de los miembros del Consejo Consultivo es de 61.001,64 euros. Y que los miembros que tuvieran la condición de funcionario de carrera, de estatutario fijo o de personal laboral fijo de cualquiera de las Administraciones Públicas percibirán, en concepto de antigüedad, la misma cuantía que tengan reconocida, o que les sea reconocida durante el ejercicio de esas funciones, por su Administración de origen.
Sí fue discutido que en el marco de lo que llaman “reducir la Administración” pusieran encima de la mesa la conveniencia de eliminar estos órganos auxiliares porque son duplicidades: el Consejo de Estado tiene competencias para asumir las tareas que desempeñan los 17 consejos consultivos autonómicos correspondientes a 16 CC.AA. (Cataluña cuenta con dos instituciones, el Consejo de Garantías Estatutarias y Comisión Jurídica Asesora, mientras que Cantabria no tiene un órgano de esas características). Ninguna discusión acerca de que son los letrados de dichos órganos los que elaboran los dictámenes sobre si la decisión del Gobierno de turno se ajusta a la ley. Luego, sería normal que estuvieran formados por “juristas de reconocido prestigio” como disponen sus reglamentos.
Estos días está en discusión el CCEX por asunto relacionado con el expresidente del mismo, Clemente Checa. Las razones expresadas en el editorial del HOY del pasado jueves: “Checa debe ser destituido” son compartidas por la ciudadanía. Justifican la conveniencia de prescindir, de entrada, de quienes se dice que se limitan a revisar y votar el trabajo del día a día de los letrados del CCEX, y son razones que apuntan sobre la necesidad prescindir del consejo consultivo en su totalidad.
El descrédito creció con la posición del propio CCEX: “El Consultivo avala a Checa para continuar cobrando trabajos jurídicos por su cuenta”, y con las informaciones acerca de que “Checa firmó dictámenes por encargo del Ayuntamiento de Almaraz en los años 2007, 2010, 2012 y 2013 y cobró por ellos entre 1.590 euros el más barato y 4.040 el más caro”. Y continuó la escalada del descrédito cuando supimos que “Checa también trabajó para un bufete de abogados de Lérida”. Y cuando el presidente del CCEX, Nevado-Batalla, incidió en que Checa cumplió “de manera loable” con sus obligaciones “sin comprometer su imparcialidad”. La puerta giratoria, el reciente cargo de Consejero, le restan credibilidad a su palabra.
No acabamos de digerir la denuncia del pasado domingo acerca de la posibilidad de que disfruten de acceso a condonaciones “ad líbitum” los que el acerbo popular llama casta cuando nos encontramos con interpretaciones del órgano consultivo de la Junta que bien parecen “ad hoc”. Interpretaciones de un consejo que tiene reciente y bien engrasada la puerta giratoria. Y por si faltara algo para alimentar la desafección política de los ciudadanos nos encontramos con la defensa del propio Checa aludiendo a su reputación y honor, y las palabras del líder Pedro Escobar pidiendo el cese de Checa por falta de ejemplaridad en el cargo (como si en el affaire de su compañero Alejandro Nogales con la Caja Rural hubieran hecho ejercicio de la responsabilidad y ejemplaridad al servicio de todos los extremeños que se le reclamaba). En fin, ante tantos aferrados al sillón y a puertas giratorias, que al menos nos ahorren los costes de los prescindibles consejos consultivos.
