Se ha hecho público parte importante de un informe de la Brigada Policial de Blanqueo que investiga el caso Gürtel donde se recoge que el Partido Popular valenciano ingresó en dos años más de seis millones de euros a la caja B de la empresa Orange Market en concepto de actos y otros servicios, en la que no se cobraba el IVA.
Ante
estos hechos, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa,
dice que como los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Valencia
(TSJV) archivaron el "caso de los trajes del presidente Camps", es ahora Rubalcaba (ministro del Interior), quien instiga este informe porque "no le dieron la razón".
Costa sabe que el informe fue previo al archivo, no definitivo, de la
causa, luego establece efecto sobre causa inexistente; también sabe que
Juan Luis de la Rúa, presidente del TSJV, decidió no atender al
contenido del informe alegando que no tenía relación con el cohecho
impropio que se dilucidaba en ese momento. ¡Vamos, como si en un informe
policial que va de un asunto de robo de gallinas; aparece que durante
el robo violaron a la granjera, y el juez dice que a otro perro con ese hueso!
Políticamente, no deben continuar con el descrédito institucional de jueces, policías, etcétera, sobre la base de la teoría de la conspiración.
Rajoy debe necesariamente dar una explicación y fijar posición a favor
del Estado de derecho, en caso contrario todos pensaremos que está con
los delincuentes. Judicialmente, la fiscalía y los jueces deben
investigar para garantizar el crédito del sistema judicial español y
evitar la percepción ciudadana de que la Justicia puede ser cosa de
amigos o de íntima y sentida colaboración entre dos, juez y encausado.
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