Según
el barómetro de julio del CIS, los populares obtendrían el respaldo del
40,2% de los votantes, mientras que el PSOE el 39%, si se celebraran
elecciones generales. Es decir, poca rentabilidad política en plena
cresta de la crisis económica.
La
organización que aglutina a las 30 economías más prósperas (OCDE)
observa signos de recuperación más fuertes para la salida del bache
económico; Obama vislumbra el fin de la recesión porque la tasa de
desempleo desciende en julio al 9,4% en EEU; según el estudio de julio
de ‘DMC-Track’
de TNS Consumer crece el número de españoles con una actitud más
positiva ante la crisis. Es decir, expectativas generales de mejoría
económica a medio plazo.
Cuando
el auto en el que se archiva la causa contra el presidente de la
Generalitad valenciana, Francisco Camps, confirma que una empresa que se
llevaba millones de euros en contratos de esa comunidad hacía costosos
regalos a sus dirigentes, la secretaria general popular, Dolores de
Cospedal, afirmaba que el Gobierno se dedica más a perseguir a la
oposición que a ETA, y que España se ha convertido en un “Estado
policial” en el que se pinchan teléfonos de dirigentes del PP y se
utiliza a la fiscalía, la policía judicial y el CNI contra la oposición.
Es decir, acusa a diestro y siniestro de delito sin aportar prueba
alguna, indicio, que lo demuestre. La sensación es que como el caso
Gürtel ahoga las expectativas electorales del caos económico, ahora toca
caos institucional: descrédito intencionado de trazo grueso a jueces,
cuerpos de seguridad del Estado, Gobierno, al propio sistema democrático
del que estamos dotados. El caos institucional como alternativa al caos
económico para superar las expectativas electorales fallidas. Es decir,
la crispación como estrategia para incrementar la desafección política
de la ciudanía; y ¡¡¡viva España!!! , dirá Trillo.
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