Hace
dos meses que el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley por el
que se creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que
tendría una dotación inicial de 9.000 millones de euros, con una
financiación mixta a cargo de los Presupuestos Generales del Estado
(PGE) de 6.750 millones de euros y de las aportaciones de los Fondos de
Garantía de Depósitos en establecimientos bancarios, cajas de ahorro y
cooperativas de crédito de 2.250 millones de euros. El Consejo de
Ministro de 13 de agosto, aprobó la ayuda especial de 420 euros durante
seis meses a parados que hayan agotado las prestaciones a partir del 1
de agosto (eran 300.000 personas y 650 millones de euros de los PGE); el
miércoles el Gobierno rectificó, y pactó con los partidos de izquierda
ampliarla a quienes padezcan esa situación desde el 1 de enero (serán
600.000 personas y 1.300 millones de euros de los PGE). El Gobierno
podría haber llegado hasta los 6.750 millones de ayuda especial a
personas paradas como hizo con la banca, ampliando el plazo de cobro de
la ayuda hasta el inicio de la crisis. Pero, como en España sólo se
reduce el paro a partir de crecimientos del PIB de entre 2,5 por ciento y
el 3 por ciento, ha considerado mejor que las ayudas estén en las manos
de quienes no lo despilfarran y lo emplean bien, creando riqueza; en
las mismas de quienes generaron la crisis.
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