El
juez Garzón se declaró competente en octubre de 2008 para investigar la
desaparición de víctimas del franquismo. Un mes después se inhibió a
favor de los juzgados territoriales, pero el Tribunal Supremo admitió a
trámite una querella presentada contra Garzón por el sindicato
ultraderechista Manos Limpias en mayo de 2009. También se querelló contra el juez Falange Española de las JONS para lavar el "honor" de su "movimiento".
El magistrado del Supremo Luciano Varela instruye la causa, y el pasado
12 de mayo ordena la apertura de juicio oral contra Garzón por
prevaricación al investigar los crímenes del franquismo. Hoy el Consejo
General del Poder Judicial ha decidido suspender al juez por presunta
prevaricación.
A
raíz de las diligencias incoadas el 6 de agosto de 2008 fue el primer
juez instructor del denominado caso Gürtel, presunta trama de corrupción
masiva vinculada el PP, que después desgajó en tres partes y envió a
los tribunales superiores de justicia de Madrid y de Valencia y al
Tribunal Supremo respectivamente pues en él aparecían imputados
diputados regionales y nacionales así como miembros del Senado. El
pasado jueves Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana,
al responder sobre la decisión del Tribunal Supremo de reabrir la causa
de los trajes de la trama Gürtel, en la que está acusado de cohecho pasivo, dijo: "De momento, de la cacería tenemos a dos fuera".
El
poder de la Justicia actúa con gran diligencia para apartar al juez que
pretende justicia y reparación para las víctimas de genocidio. Un
partido político pretende sustituir a la justicia por el veredicto de
las urnas cuando el imputado sea su político; y éste se atreve a
proclamar que sigue la cacería sobre quienes están para administrar
justicia.
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