En la introducción del reciente acuerdo suscrito entre la patronal y los sindicatos se recoge que "pretende generar confianza a la población, en la línea de mejorar sus niveles de consumo e inversión".
Como las formas y el contenido son de vital importancia en estos
momentos, es esperanzador que capital y trabajo se comprometan juntos a
fortalecer a España. Seguramente la ciudadanía valorará muy
positivamente este compromiso mutuo.
Otra
cosa son los profesionales de la política. Del libertad, amnistía y
estatuto de autonomía, hemos pasado a la libertad de aprobarse el sueldo
que estimen conveniente (sin atender la dimensión de la institución, ni
relevancia del cargo); la adquisición de derechos especiales sobre
futuras pensiones; los retiros especialmente retribuidos; así como al
sobredimensionamiento de cargos (consejeros, directores generales, y
otros) muchas veces innecesarios.
Mientras
unos partidos políticos se ponen de acuerdo y votan a favor (incluidas
las diputadas que cobraban o cobran sin apenas aparecer por el
parlamento que les pagaba o paga) una proposición que insta al Ejecutivo
a reducir en un 25% los altos cargos, el presidente del Congreso, José
Bono, se ve en la necesidad de enviar a sus señorías un argumentario
contra las críticas ciudadanas por las pensiones de los diputados.
La
crisis económica está generando una mayor demanda de la ciudadanía a
los políticos; no basta con gestos. Son hechos tangibles sobre el escaso
erario público lo que se reclama. Cada día más ciudadanos los sitúan en
el campo de los privilegiados (incluso Bono los compara con Ronaldo en
el argumentario referido). Se trata de predicar con el ejemplo, no sólo
decretar o pedir esfuerzos, congelaciones salariales, para los otros.
Además, saben que no gritábamos libertad... para esto.
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