Cuando
en noviembre de 2002 el Tribunal Supremo puso en libertad al etarra
Josu Ternera (quien se fugó inmediatamente a Francia antes que por orden
judicial fuera detenido de nuevo), Mariano Rajoy, vicepresidente
primero del Gobierno y ministro del Interior, dijo: "El
Ejecutivo ha actuado con absoluta diligencia una vez que el juez le dio
la orden de que lo hiciera, cursando la orden a Interpol y a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero el Gobierno no puede
vigilar a persona alguna si no es con autorización judicial, so pena de
cometer una actividad delictiva".
Cuando
el pasado 19 de abril la Fiscalía recurrió la resolución de la
excarcelación del etarra Troitiño, Federico Trillo, portavoz de Justicia
del PP en el Congreso, le dijo al vicepresidente primero y ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que "tenía todas las razones para haber procedido al seguimiento e incluso a la detención preventiva de Troitiño". Mayor Oreja, exministro del Interior, ha ido más lejos al decir que "cuando hay un proceso de negociación entre ETA y el Gobierno, nada o casi nada es casual" (en referencia a la fuga de Troitiño). Pérez Rubalcaba ha contestado que "cuando un ciudadano no está inmerso en un proceso judicial la policía no puede vigilarlo".
Trillo
le pide a Rubalcaba lo que Rajoy se negó a hacer hace nueve años siendo
vicepresidente del Gobierno, y Mayor Oreja pone más palos a la rueda de
la unidad antiterrorista. Cuánto cinismo e hipocresía junto con
irresponsabilidad, mientras Rajoy se calla.
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