El Periódico Extremadura
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| Alberto Oliveras |
Este
miércoles hemos tenido conocimiento de que gracias a los 7.700 euros
que Cristina Ponce, madre de una niña de 14 años con diabetes, había
obtenido mediante huchas solidarias, venta de camisetas, loterías,
etcétera, el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia (CIPF)
contrataría a la investigadora Silvia Sanz, especializada en diabetes,
para continuar hasta mayo con el trabajo de investigación sobre la
proliferación de las células beta pancreáticas (lo dejó a medias en
noviembre porque le afectó el expediente de regulación de empleo del
CIPF aplicado a 113 de los 224 empleados).
Cristina
Ponce, 50 años después de la cuestación de Oliveras para Sevilla, dice
que continuará recogiendo dinero para mantener a Silvia Sanz en el
laboratorio e incluso poder contratar a más investigadores porque "esta gente trabaja por nuestra salud, bienestar y felicidad" y, a la vez, denuncia que los recursos para la ciencia deberían llegar tanto de la Generalitat como del Gobierno central.
A
los recortes aplicados por la Generalitat Valenciana al CIPF se suman
los impagos a 450 colegios concertados de la región, que los sitúa al
borde del cierre. Lo que nos falta por escuchar es que los colegios
afectados han tenido que recurrir al asesoramiento de Cristina Ponce, a
efectos de lecciones recaudatorios, para que los centros no cierren.
Sería la Oliveras del 2012 y la recuperación de Ustedes son formidables para mantener derechos fundamentales que recoge la Constitución.
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