Desconcertados con CCOO

Nosolomérida

Miguel Ángel García

El pasado 7 de junio conocimos el Informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones, que había sido encargado por el gobierno de Mariano Rajoy. El informe ha sido asumido por 10 de los 12 miembros del grupo, con tres votos particulares, y con un voto en contra y una abstención. Los votos particulares corresponden a Miguel Ángel García, jefe del gabinete de estudios de CCOO, que votó a favor del texto; José Luis Tortuero, catedrático de Seguridad Social y propuesto por el PSOE, que optó por la abstención; y Santos M. Ruesga, catedrático de Economía Aplicada y también propuesto por el PSOE, que lo ha rechazado, y de quien ese día conocimos sus razones: "El Informe parte de un diagnóstico excesivamente alarmista de los problemas financieros del sistema público de pensiones, con una crítica subyacente al sistema de reparto, que, sin embargo, ha mostrado en el pasado un gran potencial para hacer frente a diferentes problemas a los que se ha tenido que enfrentar (…) No hay tanta urgencia. Los problemas comenzarían a agravarse (con las previsiones actuales) a partir de 2030, pero con la reforma de 2011 la previsión de gasto en pensiones sobre el PIB aún sigue estando por debajo de la media europea en 2040 y posteriormente".

La sorpresa vino con el voto favorable del representante de CCOO. Mostramos tres ejemplos del desconcierto que generó tal posición: *José Luis López Bulla, ex secretario general de CCOO en Cataluña, en “CCOO con el culo al aire” pide que la dirección confederal tiene que dar una explicación al conjunto de los trabajadores, a sus afiliados, a sus estructuras y a él mismo; *Agustín Moreno, exsecretario de Acción Sindical Confederal de CCOO, en ¿Qué le pasa a CCOO con las pensiones? exige a la dirección confederal: “Ninguna complicidad con quienes quieren hacer con las pensiones lo que están haciendo con los salarios (…). Con los que ponen en cuestión el sistema de reparto, bajando fuertemente las pensiones iniciales y medias y empujando a los trabajadores de mayor renta hacia los planes privados al tiempo que se rebajan las cotizaciones a los empresarios. En fin, que no es una cuestión técnica lo que se ventila, sino pura lucha de clases: defensa del sistema público de pensiones frente a privatización y empobrecimiento de la mayoría”; *la Interfederal de CCOO compuesta por los abogados Enrique Lillo, Ángel Martín, Alicia Gómez y Cristina Segura, los economistas Eduardo Gutiérrez y Daniel Albarracín y la socióloga Lola Morillo manifiestan por escrito: “Las conclusiones del informe quiebran los planteamientos colectivos y de consenso hasta ahora defendidos por nuestra Confederación. No podemos sentirnos representados por las consideraciones y votos de este compañero en cuestión (…) Alegar que se trata tan solo de un informe, que no nos vincula como interlocutor social, no solo agrava la irresponsabilidad sino que legitima a aquellos que, a título personal e independiente, disponen frívolamente del nombre de una organización y dilapidan la credibilidad que día a día se troquela en los centros de trabajo gracias al trabajo y sacrificios de centenares de afiliados, delegados y simpatizantes”.

Santos M. Ruesga

Afortunadamente la reacción de la dirección confederal no se hizo esperar. El martes, 11 de junio, llegó la declaración de la comisión ejecutiva y de los secretarios y secretarías generales de las estructuras confederales de CCOO ante el debate abierto por el informe de los expertos sobre pensiones en los términos siguientes: 1.-El informe de los expertos no recoge la posición de CCOO sobre el futuro de las pensiones y en ningún caso nos sentimos vinculados a él. 2. La reforma que promueve el Gobierno no es necesaria. 3.- CCOO emplaza al Gobierno a concretar la propuesta que someterá a consideración del Pacto de Toledo y del diálogo social. Además, CCOO comunicó que no tomará ninguna medida contra Miguel Ángel García, y agradeció su labor en dicho comité porque gracias a sus aportaciones, los expertos abandonaron la idea inicial de cambiar el sistema de reparto y el documento no solo incluye la posibilidad de aumentar los ingresos del sistema, sino también una apelación a que sean los políticos quienes tomen las decisiones finales sobre la reforma.

 El jueves 13, Ruesga sintetizaba las razones en “Porqué voté en contra del Informe de Expertos sobre las pensiones”, y este viernes abundaba en la misma línea: “La reforma del sistema público de pensiones pretendida por el gobierno de Rajoy es precipitada e innecesaria”. Afirmaciones que seguramente comparten la inmensa mayoría de los trabajadores, a los que desconcertó la posición del representante de CCOO.