¿Por qué el innecesario y evitable desconcierto con CCOO?

 Báñez con los expertos, excepto Ruesga y Tortuero

Extremadura Progresista
El pasado 7 de junio conocimos el Informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones, que había sido encargado por el gobierno de Mariano Rajoy. En 42 páginas recoge desde los objetivos hasta a modo de conclusión: un factor de sostenibilidad necesario, adecuado y aceptable. El informe ha sido asumido por 10 de los 12 miembros del grupo, con tres votos particulares, y con un voto en contra y una abstención. Los votos particulares corresponden a Miguel Ángel García, jefe del gabinete de estudios de CCOO, que votó a favor del texto; José Luis Tortuero, catedrático de Seguridad Social y propuesto por el PSOE, que optó por la abstención; y Santos M. Ruesga, catedrático de Economía Aplicada y también propuesto por el PSOE, que lo ha rechazado.

Conocimos las razones del no de Ruesga ese mismo día: "El Informe parte de un diagnóstico excesivamente alarmista de los problemas financieros del sistema público de pensiones, con una crítica subyacente al sistema de reparto, que, sin embargo, ha mostrado en el pasado un gran potencial para hacer frente a diferentes problemas a los que se ha tenido que enfrentar (…) No hay tanta urgencia. Los problemas comenzarían a agravarse (con las previsiones actuales) a partir de 2030, pero con la reforma de 2011 la previsión de gasto en pensiones sobre el PIB aún sigue estando por debajo de la media europea en 2040 y posteriormente".

También conocimos las matizaciones de García: “Considero compatible mi voto favorable al contenido del Informe presentado por el comité con expresar mi preferencia de desplazar hasta 2019 la implantación de los dos componentes del Factor de Sostenibilidad recomendados (Factor de Equidad Intergeneracional y Factor de Revalorización Anual). Diferir en 5 años su aplicación práctica permitirá a la sociedad española disponer de tiempo suficiente para conocer en profundidad este instrumento e incorporarle a todas aquellas decisiones que puedan considerar están influidas por esta nueva variable que se introduce en el sistema de pensiones".

Miguel Ángel García

Pero a pesar de las matizaciones, ese voto favorable fue una gran sorpresa para muchísima gente. Mostramos tres ejemplos del desconcierto que generó tal posición: *José Luis López Bulla, ex secretario general de CCOO en Cataluña, escribe artículo titulado: “CCOO con el culo al aire” en el que le pide a la dirección confederal una explicación para el conjunto de los trabajadores, a sus afiliados, a sus estructuras y a él mismo; *Agustín Moreno, exsecretario de Acción Sindical Confederal de CCOO, en ¿Qué le pasa a CCOO con las pensiones? exige a la dirección confederal: “Ninguna complicidad con quienes quieren hacer con las pensiones lo que están haciendo con los salarios (…). Con los que ponen en cuestión el sistema de reparto, bajando fuertemente las pensiones iniciales y medias y empujando a los trabajadores de mayor renta hacia los planes privados al tiempo que se rebajan las cotizaciones a los empresarios.

En fin, que no es una cuestión técnica lo que se ventila, sino pura lucha de clases: defensa del sistema público de pensiones frente a privatización y empobrecimiento de la mayoría”; *la Interfederal de CCOO compuesta por los abogados Enrique Lillo, Ángel Martín, Alicia Gómez y Cristina Segura, los economistas Eduardo Gutiérrez y Daniel Albarracín y la socióloga Lola Morillo manifiestan por escrito: “Las conclusiones del informe quiebran los planteamientos colectivos y de consenso hasta ahora defendidos por nuestra Confederación. No podemos sentirnos representados por las consideraciones y votos de este compañero en cuestión (…) Alegar que se trata tan solo de un informe, que no nos vincula como interlocutor social, no solo agrava la irresponsabilidad sino que legitima a aquellos que, a título personal e independiente, disponen frívolamente del nombre de una organización y dilapidan la credibilidad que día a día se troquela en los centros de trabajo gracias al trabajo y sacrificios de centenares de afiliados, delegados y simpatizantes”.

Afortunadamente la reacción de la dirección confederal no se hizo esperar. El martes, 11 de junio, llegó la declaración de la comisión ejecutiva y de los secretarios y secretarías generales de las estructuras confederales de CCOO ante el debate abierto por el informe de los expertos sobre pensiones en los términos siguientes: 1.-El informe de los expertos no recoge la posición de CCOO sobre el futuro de las pensiones y en ningún caso nos sentimos vinculados a él. 2. La reforma que promueve el Gobierno no es necesaria. 3.- CCOO emplaza al Gobierno a concretar la propuesta que someterá a consideración del Pacto de Toledo y del diálogo social. Además, CCOO comunicó que no tomará ninguna medida contra Miguel Ángel García, y agradeció su labor en dicho comité porque gracias a sus aportaciones, los expertos abandonaron la idea inicial de cambiar el sistema de reparto y el documento no solo incluye la posibilidad de aumentar los ingresos del sistema, sino también una apelación a que sean los políticos quienes tomen las decisiones finales sobre la reforma.

El jueves 13, un diario digital recogía artículo de Ruesga en el que bajo el titular: “Porqué voté en contra del Informe de Expertos sobre las pensiones” expone de forma sintetizada sus razones en dos bloques: Una reforma al servicio de una política de austeridad e Insistir en la reducción del valor relativo de las pensiones allana el camino para la promoción de fondos privados.

Al día siguiente, otro medio digital publicaba del mismo autor: “La reforma del sistema público de pensiones pretendida por el gobierno de Rajoy es precipitada e innecesaria”, que concluía de la forma siguiente: “La actuación del comité de expertos no debiera sobrepasar el mandato allí contenido, circunscrito a la elaboración de un factor de sostenibilidad que con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad a partir de 2027, los parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a las 67 años en 2027.

Ruesga con Gonzo en el Intermendio de la Sexta

Dichas revisiones se efectuarán cada cinco años, utilizando a este fin las previsiones realizadas por los organismos oficiales competentes  Cualquier otra consideración añadida a este mandato enturbiaría las aguas ya de por sí bastante revueltas del diálogo social y de la propia paz social, sin que tuviéramos garantía alguna de que lo dictado ahora no hubiera de estar sujeto a revisión profunda, cuando no eliminación, en años inmediatos al albur de los resultados de la reforma del sistema de pensiones recientemente instaurada”.

Ruesga dice que “en los meses de abril y mayo, por encargo del Gobierno español, estuvieron empeñados, un grupo de doce profesionales de diferentes ámbitos, universidad y empresas, en darle forma al denominado factor de sostenibilidad de las pensiones públicas”. Nosotros decimos que las razones del no de Ruesga seguramente las comparten la inmensa mayoría de los trabajadores. Sin embargo, García desconcertó de forma innecesaria y evitable a mucha gente con CCOO, sean o no del sindicato. Pero, ¿por qué no lo evitaron?, si fue flor de dos meses.