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La verdad es que la cuestión territorial, la descentralización de España, trae de cabeza a todos. Pero lo cierto es que a ese gato hay que ponerle el cascabel.
El cascabel a ETA
Sabemos que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció que estaba dispuesto a dialogar con ETA para poner fin al terrorismo si la banda mostraba clara voluntad de abandonar la violencia.
Aquel “proceso de paz” contó con el apoyo de todos los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados y en el Senado, excepto el Partido Popular. También el Parlamento Europeo aprobó por mayoría una propuesta de resolución de apoyo al proceso. Además, tuvo el respaldo de Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, Iglesia Católica y la Organización de las Naciones Unidas.
ETA anunció, 22 de marzo de 2006, un “alto el fuego permanente y que hablaría con el gobierno sobre el fin de la violencia si paralelamente se formaba una mesa de partidos (incluida la ilegalizada Batasuna) y en la que se discutirían los temas políticos del conflicto: reconocimiento del derecho de autodeterminación de Euskal Herria, incluyendo a Navarra”.
Por entonces, Mariano Rajoy, líder de la oposición, en el Congreso acusó a Zapatero de “haber traicionado a los muertos”, y el Partido Popular apoyó toda una larga serie de manifestaciones contra la “rendición ante ETA”.
A pesar de todo, los contactos de los enviados del gobierno con la dirección de ETA se produjeron, pero la banda terrorista constató que no abandonaba las armas si no conseguía sus objetivos políticos. Más aún, intensificó la lucha callejera (kale borroca) y el 30 de diciembre de 2006 atentó en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas causando la muerte de dos personas de origen ecuatoriano, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. Fue justo un día después de que Zapatero, en rueda de prensa y al referirse al proceso de paz, expresara su “convicción de que dentro de un año estaríamos mejor”.
Tras el atentado el gobierno, dio por “suspendido el proceso de paz”; mantuvo contactos en los meses siguientes con la cúpula de ETA y de Batasuna hasta que la banda terrorista anunció la ruptura de su “alto el fuego permanente y actuar en todos los frentes en defensa de Euskal Herría a partir del próximo 6 de junio”; y volvió a la presión policial y judicial contra ETA y Batasuna.
Años después, 5 de septiembre de 2010, ETA comunicó que hacía meses que tomó la decisión de no llevar a cabo acciones armadas ofensivas. Un año más tarde y estando de presidente Zapatero, un 20 de octubre de 2011, ETA declaró el “cese definitivo de su actividad armada. Y en 2018 anunció su desaparición.
Sin embargo el pasado 5 de enero en el debate de investidura Pablo Casado acusó a Pedro Sánchez de “traicionar los muertos y no defender a las víctimas del terrorismo, tomando como rehenes a los españoles para mantenerse en el poder humillándose ante proetarras, separatistas y comunistas”. En su respuesta, Sánchez reivindicó que Alfredo Pérez Rubalcaba y Zapatero acabaron con ETA. Para el PP, "ETA no está acabada y sus herederos están sentados en el Congreso", dijo inmediatamente desde su escaño la diputada popular Teresa Jiménez Becerril.
Buen tono ante quienes les da igual que Bildu no sea ETA ni Batasuna, según lo dictaminó el Tribunal Constitucional en 2011. Seguirán sin dar por acabada a ETA porque para ellos sería validar en parte al Gobierno de Zapatero.
Sobre aquel cascabel, el sociólogo y profesor de ciencias políticas Ignacio Sánchez-Cuenca, en “Años de cambios, años de crisis. Ocho años de gobiernos socialistas, 2004-2011”, dice lo siguiente: “El proceso de paz generó las condiciones para que la izquierda abertzale decidiera distanciarse del terrorismo. La actitud dialogante del Gobierno y su disposición a explorar vías de solución mostró ante la sociedad vasca que el principal obstáculo para el final de la violencia era el cerrilismo de ETA y no el del Estado”. Nada que añad
Aquel “proceso de paz” contó con el apoyo de todos los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados y en el Senado, excepto el Partido Popular. También el Parlamento Europeo aprobó por mayoría una propuesta de resolución de apoyo al proceso. Además, tuvo el respaldo de Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, Iglesia Católica y la Organización de las Naciones Unidas.
ETA anunció, 22 de marzo de 2006, un “alto el fuego permanente y que hablaría con el gobierno sobre el fin de la violencia si paralelamente se formaba una mesa de partidos (incluida la ilegalizada Batasuna) y en la que se discutirían los temas políticos del conflicto: reconocimiento del derecho de autodeterminación de Euskal Herria, incluyendo a Navarra”.
Por entonces, Mariano Rajoy, líder de la oposición, en el Congreso acusó a Zapatero de “haber traicionado a los muertos”, y el Partido Popular apoyó toda una larga serie de manifestaciones contra la “rendición ante ETA”.
A pesar de todo, los contactos de los enviados del gobierno con la dirección de ETA se produjeron, pero la banda terrorista constató que no abandonaba las armas si no conseguía sus objetivos políticos. Más aún, intensificó la lucha callejera (kale borroca) y el 30 de diciembre de 2006 atentó en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas causando la muerte de dos personas de origen ecuatoriano, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. Fue justo un día después de que Zapatero, en rueda de prensa y al referirse al proceso de paz, expresara su “convicción de que dentro de un año estaríamos mejor”.
Tras el atentado el gobierno, dio por “suspendido el proceso de paz”; mantuvo contactos en los meses siguientes con la cúpula de ETA y de Batasuna hasta que la banda terrorista anunció la ruptura de su “alto el fuego permanente y actuar en todos los frentes en defensa de Euskal Herría a partir del próximo 6 de junio”; y volvió a la presión policial y judicial contra ETA y Batasuna.
Años después, 5 de septiembre de 2010, ETA comunicó que hacía meses que tomó la decisión de no llevar a cabo acciones armadas ofensivas. Un año más tarde y estando de presidente Zapatero, un 20 de octubre de 2011, ETA declaró el “cese definitivo de su actividad armada. Y en 2018 anunció su desaparición.
Sin embargo el pasado 5 de enero en el debate de investidura Pablo Casado acusó a Pedro Sánchez de “traicionar los muertos y no defender a las víctimas del terrorismo, tomando como rehenes a los españoles para mantenerse en el poder humillándose ante proetarras, separatistas y comunistas”. En su respuesta, Sánchez reivindicó que Alfredo Pérez Rubalcaba y Zapatero acabaron con ETA. Para el PP, "ETA no está acabada y sus herederos están sentados en el Congreso", dijo inmediatamente desde su escaño la diputada popular Teresa Jiménez Becerril.
Buen tono ante quienes les da igual que Bildu no sea ETA ni Batasuna, según lo dictaminó el Tribunal Constitucional en 2011. Seguirán sin dar por acabada a ETA porque para ellos sería validar en parte al Gobierno de Zapatero.
Sobre aquel cascabel, el sociólogo y profesor de ciencias políticas Ignacio Sánchez-Cuenca, en “Años de cambios, años de crisis. Ocho años de gobiernos socialistas, 2004-2011”, dice lo siguiente: “El proceso de paz generó las condiciones para que la izquierda abertzale decidiera distanciarse del terrorismo. La actitud dialogante del Gobierno y su disposición a explorar vías de solución mostró ante la sociedad vasca que el principal obstáculo para el final de la violencia era el cerrilismo de ETA y no el del Estado”. Nada que añad
El cascabel al “procés”
Ahora, en este tiempo político, le corresponde al Gobierno de Sánchez, al Gobierno Progresista, explorar vías de solución ante el denominado conflicto político de Catalunya, el “procés”. De entrada, la mayoría de los actores apuesta por el diálogo. Fruto del mismo será el distanciamiento de la ciudadanía de los extremos (y de los agoreros, de aquellos de “a tierra que vienen los nuestros”). Serán los ciudadanos quienes constaten y certifiquen que “obras son amores, que no buenas razones”. Lo de menos será si otros validarán o no a quienes resuelvan la cuestión territorial. Al final, el tiempo pone a cada uno en su sitio.
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