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Al escuchar la palabra “pin” tres acepciones se nos vienen a la mente de forma clara. Nos acordamos del complemento decorativo de la indumentaria de una persona, normalmente de reducido tamaño, de forma y estilo diverso. También la asociamos al terminal de los contactos metálicos utilizados para transferir electricidad e información sin necesidad de soldar nada. Y la asociamos al número de identificación personal, contraseña, del teléfono móvil, tarjeta de crédito, etcétera, para identificarnos y tener acceso al sistema.
La historia nos dice que los peregrinos a Roma utilizaban pines con las imágenes de San Pedro y San Pablo en el siglo XII; que en el reinado de Victoria I de Inglaterra los utilizaron con su efigie para conmemorar los 70 años de su reinado; que en el siglo XX el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán los utilizó masivamente como estrategia de propaganda; que en Europa a partir de 1960 son empleados para expresar gustos musicales, ideas políticas, etcétera. (y que en Estados Unidos los pines con mensajes políticos se empleaban desde la toma de posesión del presidente George Washinton en 1789).
La semana pasada, durante la toma de posesión del nuevo gobierno se ha puesto en escena un pin, el del triángulo rojo. Lo llevaban en la solapa el Vicepresidente Segundo, Pablo Iglesias, y el Ministro de Consumo, Alberto Garzón. Estaban recordándonos que los nazis en los campos de concentración internaron, entre otros, a los antifascistas españoles (7.200, de los cuales 4.500 fallecieron) y emplearon un triángulo rojo, que cosían a en las ropas de los presos, para clasificar a los presos políticos.
Y a la par del inicio del Gobierno Progresista ha saltado a la palestra otro pin. Este viene de la mano de los partidos Vox y PP. Pretenden que los padres puedan impedir que sus hijos reciban formación, cursos o actividades sobre asuntos como la educación sexual o la lucha contra la homofobia, etcétera. Se trata de objeción de conciencia por razones ideológicas, pero la Constitución Española no avala el derecho de veto de los padres sobre los contenidos del currículum educativo.
“Si la eficacia de las normas jurídicas dependiera de su conformidad con cada conciencia individual, se socavarían los fundamentos mismos del Estado democrático de Derecho”, dictó el Tribunal Supremo el 11 de febrero de 2009. Luego poco recorrido tiene este pin. A tiempo.
Pero a la hora de marcar la agenda política al PP, y al exiguo partido de Ciudadanos, lo cierto es que Vox con el “pin parental” ha logrado su objetivo. Un “pin” que no sirve de adorno/decoración, ni de conductor de electricidad/información, ni de contraseña para objeción de conciencia escolar, pero útil para que sigan sus pasos, su discurso, los colegas de la plaza de Colón.
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