Hace
años se atribuyó a Alfonso Guerra la frase, supuestamente dirigida a
quienes discrepaban de las tesis oficiales del partido, de: “Quien se mueva no sale en la foto”.
Hace
pocos días, Julio Lacuerda, secretario general de la Federación de
Servicios Públicos de la UGT, ha respondido a sus afiliados que
discrepaban del preacuerdo de Justicia en los términos siguientes: “que la UGT no es la prisión de San Quintín”,
y aquel afiliado que no esté de acuerdo con lo que se había negociado
podía darse de baja. Lo decía a sabiendas de que el rechazo al
preacuerdo había sido del 85%.
Reclamar
participación e implicación en la toma de decisiones al afiliado es
deber fundamental de toda organización que se precie de ser democrática,
es decir, lograr que el afiliado cotizante actúe como militante.
Quienes
desde su supuesta condición de servidores públicos pretenden cercenar o
dificultar el ejercicio de ese derecho del afiliado quedan retratados
por su rancio centralismo democrático, desmerecen a la organización que
representan y refuerzan la democracia delegada contra la que tantos
trabajadores lucharon y luchan a lo largo del movimiento obrero, y
además acabaron, muchos de ellos, con sus huesos en la prisión, incluso
en la de San Quintín.
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