El político poder judicial.

El Periódico Extremadura

Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ

El juez Garzón se declaró competente en octubre de 2008 para investigar la desaparición de víctimas del franquismo. Un mes después se inhibió a favor de los juzgados territoriales, pero el Tribunal Supremo admitió a trámite una querella presentada contra Garzón por el sindicato ultraderechista Manos Limpias en mayo de 2009. También se querelló contra el juez Falange Española de las JONS para lavar el "honor" de su "movimiento". El magistrado del Supremo Luciano Varela instruye la causa, y el pasado 12 de mayo ordena la apertura de juicio oral contra Garzón por prevaricación al investigar los crímenes del franquismo. El Consejo General del Poder Judicial ha decidido suspender al juez por presunta prevaricación.

A raíz de las diligencias incoadas el 6 de agosto de 2008 fue el primer juez instructor del denominado caso Gürtel , presunta trama de corrupción masiva vinculada el PP, que después desgajó en tres partes y envió a los tribunales superiores de justicia de Madrid y de Valencia y al Tribunal Supremo respectivamente pues en él aparecían imputados diputados regionales y nacionales así como miembros del Senado. El pasado jueves Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, al responder sobre la decisión del Tribunal Supremo de reabrir la causa de los trajes de la trama Gürtel , en la que está acusado de cohecho pasivo, dijo: "De momento, de la cacería tenemos a dos fuera".

El poder de la Justicia actúa con gran diligencia para apartar al juez que pretende justicia y reparación para las víctimas de genocidio. Un partido político pretende sustituir a la justicia por el veredicto de las urnas cuando el imputado sea su político; y éste se atreve a proclamar que sigue la cacería sobre quienes están para administrar justicia.