Los gobiernos de la Junta y el salario de los docentes

Concentración por la homologación en Mérida

Diario HOY

ANTES del traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a Extremadura en materia de enseñanza no universitaria, los docentes de la enseñanza privada concertada de Extremadura estaban en situación de «desigual salario por trabajo igual». En concreto el salario en 1999 de un maestro con 30 años de antigüedad de la enseñanza privada concertada era inferior un 18,5 por ciento con respecto a su homólogo de la pública.

Realizadas las transferencias, el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, implementó en el año 2000 el salario de los docentes de los centros públicos no universitarios con la incorporación de un complemento específico comunidad que en 2002 alcanzó la cuantía determinada. Un año después, 2001, los docentes de la privada concertada empezaron a percibir uno similar, denominado complemento autonómico, que en 2003 alcanzó la cantidad acordada. No se corregía la histórica deshomologación pero al menos se impedía que se incrementara notablemente la diferencia salarial. Más valía tarde que nunca la incorporación del citado complemento.

Estando Ibarra de presidente de la Junta, el 31 de marzo de 2006 la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales de la enseñanza pública suscribieron un «acuerdo para la mejora de la calidad de la educación del siglo XXI» que, entre otros aspectos, contemplaba incrementar las retribuciones de los docentes del sector en cuantía acordada y de forma progresiva durante los años 2006, 2007 y 2008. Dos años y medio después, 17 de octubre de 2008, y con el gobierno de Guillermo Fernández Vara, la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales y patronales firmaron el «acuerdo sobre medidas para la mejora de la calidad de la educación» que recogía, entre otras, incrementar las retribuciones para los docentes de la privada concertada en la misma cuantía que se hizo para los públicos en 2006, y en dos conceptos: en el complemento ya existente y en el denominado complemento específico autonómico de enseñanza concertada, de nueva creación. No se corregía la deshomologación histórica pero más valía tarde la incorporación del complemento específico citado.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2011 establecieron una reducción del 5 por ciento, respecto a 2010, de los salarios de los docentes de la enseñanza privada concertada. No obstante, con Vara de presidente, la Junta y las organizaciones sindicales y patronales suscribieron el 24 de enero de 2011 el «acuerdo sobre medidas para la calidad de la educación y el mantenimiento de los niveles retributivos» que, entre otras, establecía que los docentes de la enseñanza privada concertada percibirían un complemento transitorio de compensación desde el 1 de enero de 2011 en cantidad fija y por 14 pagas. Una vez más no se corregía la deshomologación histórica pero más valía tarde la incorporación del complemento transitorio citado.

Ese año y los dos siguientes, 2012 y 2013, encontramos que el salario bruto anual de un maestro de la privada concertada de Extremadura con 30 años de antigüedad fue un 20 por ciento inferior al que percibía su homólogo de la pública. Y en 2014 y 2015 mayor diferencia aún, porque los docentes de la privada concertada no perciben los 44 días de la extra de diciembre 2012 que han sido devueltos a los docentes de la enseñanza pública. Desde el gobierno alegan que no se la abonarán porque la reducción a este colectivo no fue sobre la extra de diciembre sino un 4,5% menos sobre cada mes de 2012. Esta vez, y siendo José Antonio Monago presidente de la Junta, se incrementaba la deshomologación histórica. Además, en el Consejo de Gobierno del pasado 5 de mayo, la Junta ha autorizado a la Consejería de Educación y Cultura firmar un acuerdo con las organizaciones patronales y sindicales de la enseñanza privada concertada sobre el mantenimiento de los niveles retributivos que hacen posible que perdure «desigual salario por trabajo igual» en el colectivo que presta el servicio público de la educación en los 77 centros privados concertados de Extremadura.

Han pasado casi cinco lustros desde que las competencias educativas fueron transferidas, y los distintos gobiernos de la Junta andan año tras año con la renovación de los acuerdos sobre mantenimiento de los niveles retributivos para que la diferencia salarial entre docentes de los centros sostenidos con fondos públicos no se dispare, en lugar de finiquitar de una vez la deshomologación. Más aún, Monago concurrió a las elecciones autonómicas con la promesa de «impulsar la homologación salarial» de los docentes del sector (propuesta 677) y ya vemos la resultante en su legislatura: retroceso en homologación.

¡Qué lejos queda la máxima «toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual» (artículo 23.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 diciembre 1948). Bien podría la Junta unificar los tres complementos retributivos y acabar con la incertidumbre de su prórroga. Y bien podrían sus señorías terminar de una vez con esta histórica discriminación tal y como se lo propuso el ministro Ángel Gabilondo en el non nato Pacto Social y Político por la Educación de 22 de abril de 2010. Basta con llevar y aprobar en la Asamblea de Extremadura una propuesta similar a la suya: «calendario temporal para la equiparación de la remuneración del profesorado de la enseñanza concertada con el de la pública de las respectivas etapas». Hacemos, Extremadura tú, podemos..., y obras son amores. Quedamos a la espera de sus hechos.

Presidente de Adecex