Estado de Derecho para todos.

Nosolomérida

Han pasado ochos años desde que George W. Bush y José María Aznar manifestaron no tener dudas acerca de la posesión por parte del régimen iraquí de armas de destrucción masiva. Nos dijeron que Saddam Husein pretendía utilizarlas contra el mundo, y que para evitarlo invadían Iraq con o sin resolución de la ONU. Aquella ilegal guerra preventiva acabó con la vida de miles de iraquíes inocentes. Saddam fue capturado y juzgado en su propio país.

Osama Bin Laden, el cerebro de Al-Qaeda, está muerto y Estados Unidos tiene su cadáver fue noticia el pasado 1 de mayo. Luego supimos que había sido ejecutado en Pakistán por militares de EE.UU. bajo la orden del presidente Obama. Prevenir al mundo de actos terroristas fue la razón que esgrimió para justificar esta acción de pura venganza. “Cuando decimos que no olvidamos nunca, lo decimos en serio", fueron las palabras del mandatario de EE.UU. Aznar felicitó a Obama por la operación y coincidió con él en que se había "hecho justicia"; el presidente Vara rechazó la ejecución.

El domingo pasado los magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo decidieron anular las 254 candidaturas de la coalición política Bildu porque entendían que las listas obedecían a una estrategia de ETA. Sin embargo, este jueves el Pleno del Tribunal Constitucional, ante la falta de hechos e indicios contrastados, ha decidido que podrá concurrir a las próximas elecciones municipales y forales del País Vasco y Navarra. "La simple sospecha no puede constituirse en argumento jurídicamente aceptable para excluir a nadie del pleno ejercicio de su derecho fundamental de participación política. Puede que en el futuro la sospecha quede confirmada, pero para el enjuiciamiento actual, la misma no podría conducir a un resultado limitador, so pena de dejar en lo incierto el ámbito del libre ejercicio de los derechos de participación política garantizados en el artículo 23 de la Constitución, con ello, el valor del pluralismo político sobre el que se fundamenta el ordenamiento constitucional del Estado democrático", fundamenta la sentencia. En fin, que la sospecha no basta para excluir a Bildu del 22-M dice el Constitucional, a la vez que tumba la doctrina preventiva empleada por el Tribunal Supremo.

Los dirigentes del partido popular no tardaron en fijar su posición sobre la sentencia, así tenemos que la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Esperanza Aguirre, dijo: ”Si ETA vuelve a estar en las instituciones es porque así lo han querido los socialistas”; Rita Barberá, alcaldesa de Valencia y candidata del PP a la reelección, manifestó: ”Es una vergüenza que el Gobierno no luche para que ETA no entre en las instituciones”; Mayor Oreja, ex ministro de Interior, aseguró que la decisión del Constitucional es "resultado de un proceso de negociación entre el Gobierno y ETA", y Esteban González Pons, vicesecretario general del PP, señala: “Esos seis jueces están en Madrid, tienen buenos sueldos, asientos cómodos, coche blindado y escolta. Así es muy fácil decir que se presente Batasuna y quedar de demócrata mundial. Me gustaría verles en el País Vasco, en el puesto de un concejal del PP".

Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente del Gobierno, ha dicho "Cuando he escuchado las declaraciones de González Pons, me he acordado de Francisco Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional, catedrático, maestro de constitucionalistas; me he acordado de su familia. Esa declaración abyecta es incompatible con la democracia", y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara y candidato del PSOE a la reelección, manifiesta que “al terrorismo no lo va a vencer un gobierno, sino que lo vencerá un país y los jueces del mismo también”; a la vez que reclama que no se produzcan agresiones sobre la lucha antiterrorista.

Cuando la crisis social arrecia, la doctrina preventiva encuentra acomodo más fácilmente en la ciudadanía. Si tal doctrina acampara a sus anchas, nos encontraríamos en la antesala del fin del Estado de Derecho. Esperamos altitud de miras en nuestros dirigentes políticos para preservar la democracia, gusten o no las decisiones de los jueces. Además, sería lamentable que por un puñado de votos alimentaran tanto las líneas de trabajo que no favorecen la unidad antiterrorista y que reclaman un Estado de Derecho a su medida como las que están dirigidas a crear escenarios de crispación.