En agosto de 2009 la secretaria general del PP, María
Dolores de Cospedal, acusó al Gobierno de haber utilizado en muchas
ocasiones los aparatos del Estado en beneficio propio y en contra del
Partido Popular. Al día siguiente las principales asociaciones de jueces y sindicatos policiales le reclamaron que aportara
todo tipo de pruebas que atestiguaran su denuncia sobre una supuesta
utilización de los aparatos del Estado. . No retiró, ni rectificó sus
declaraciones en el acto de conciliación celebrado en febrero 2010 como
consecuencia de la demanda presentada por la plataforma ciudadana Facebook.
El pasado 27 de enero Cospedal
dijo que el PSOE de Castilla-La Mancha podría haber utilizado dinero
público para contratar detectives privados que persigan a los populares
manchegos sin aportar pruebas. Los socialistas la han citado a un acto de conciliación para que reconozca que los acusó sin pruebas. “No iré al juez porque el espionaje que denuncio no es ilegal”, ha manifestado Cospedal.
Mientras tanto, la secretaria general del PP reclama todo tipo de datos y explicaciones al vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre el “caso Faisán”.
Tanto
las acusaciones de 2009 como las del 2011 son gravísimas, pero sendas
tienen visos de que quedar impunes por la vía judicial. Sin embargo, por
la vía política sabemos el coste político de las mentiras del 11M.
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