Sobre
la legalización o no del nuevo partido de la izquierda abertzale,
Sortu, tenemos múltiples interpretaciones; así para el jurista Javier
Tajadura: "Harían
falta declaraciones reiteradas y contundentes de los dirigentes
rechazando no solo la futura violencia sino también la pasada"; mientras que su colega Joan Keralt mantiene una posición opuesta: "Un
partido político que rechaza la violencia de ETA y afirma que expulsará
a cualquier afiliado que participe en actos violentos, tendría que
poder inscribirse sin problemas en el Ministerio del Interior". Desde el ámbito político, el PSOE manifiesta: "La
última palabra la tendrán los tribunales pero tenemos mucha
desconfianza en lo que puedan pretender quienes promueven esa formación
política; para el PP el nuevo partido es "continuación de ETA y
Batasuna" a la vez que rechaza las listas blancas que "encubran la
presencia de ETA".
Estos
hechos se están produciendo un mes después de finalizar 2010, que fue
el año en el que se rotuló con el nombre del Caudillo los edificios
públicos (biblioteca, cementerio, centro de transportes, centro de día,
etc.) de una pedanía de Badajoz gobernada por el Partido Popular. Todo
parece indicar que si la ley obliga a retirar la simbología franquista
sita en la fachada del ayuntamiento (placa y escudo) no pueda hacerse
con parte del nombre, Guadiana del Caudillo, ni con las nuevas
denominaciones de los edificios que loan el nombre del genocida. Vara y
Monago deberían pronunciarse sobre esta ignominia.
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