Setenta
parlamentarios jubilados tienen reconocido complemento de pensión con
una aportación de las Cortes de 1.066 euros mensuales. Son el 1,94 por
ciento de sus señorías desde 1977: en su mayoría parlamentarios de las
primeras legislaturas que venían de la clandestinidad o del exilio y no
cotizaron lo suficiente para tener la pensión máxima. Rajoy se propone
pedir al Congreso que revise este complemento y se elimine cualquier
cosa que pueda suponer un privilegio respecto al resto de ciudadanos.
También podía solicitar la revisión/eliminación de las indemnizaciones
por cese de actividad a las que tienen derechos sus señorías; revisión
de las cuantías que los Presupuestos Generales establecen para la Casa
Real y devolución al Estado de los salarios de los cargos políticos que
además cobran del partido. Esta propuesta quizás no pretenda alimentar
la leyenda urbana sobre los privilegios de la clase política, ni atizar
el fuego de la desafección política o favorecer la crispación
tabernaria. ¿O sí? Justo cuando es necesario e imprescindible alcanzar
un pacto social.
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