Los
políticos españoles eran un referente social, pero la última encuesta
del CIS nos indica que, salvo contadas excepciones, están dejando de
serlo. Se incrementa de forma imparable el número de ciudadanos que los
considera un lastre, un problema. Las prácticas corruptas están
laminando la confianza de la que fueron depositarios en su día, y el
interés partidario que muestran en la resolución de los problemas
generales profundiza la desafección política. La desvergüenza ante la
corrupción es tal, que el ex presidente Pujol recomienda mirar para otro
lado, pues «todos haríamos un poco de hedor».
Eso sí, mientras tanto cobran salarios dignos por su trabajo: alcalde
de Badajoz, 73.500 euros anuales; el de Mérida, 65.144; el de Madrid,
119.985; el de Barcelona, 125.194; diputados liberados de la Asamblea,
47.335; consejeros municipales y concejales liberados del Ayuntamiento
de Mérida, 41.578; presidente Vara, 64.295; Zapatero, 91.982; Aguirre,
98.700; Montilla, 164.043. Tantas esperanzas depositadas en la
democracia para que de nuevo se abra paso la monotonía de la lluvia en
los cristales, como si de una tarde parda y fría de aquellos inviernos
se tratara.
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