Los
dirigentes políticos españoles eran hasta hace poco tiempo un claro y
positivo referente social. La última encuesta del CIS nos indica que,
salvo contadas excepciones, están dejando de serlo. Se incrementa de
forma imparable el número de ciudadanos que los considera un lastre, un
problema. Las prácticas corruptas están laminando la confianza de la que
fueron depositarios en su día, y el interés partidista que muestran en
la resolución de los problemas generales profundiza la desafección
política. La desvergüenza ante la corrupción es tal que el ex presidente
Pujol recomienda mirar para otro lado (callar) pues al referirse a los
escándalos que afectan a políticos en Cataluña, dice que en el caso de
hablar "todos haríamos un poco de hedor".
Eso
sí, mientras tanto cobran salarios dignos por su trabajo: alcalde de
Badajoz, 73.500 euros anuales; de Mérida, 65.144 euros; de Madrid,
119.985 euros; de Barcelona, 125.194 euros; diputados liberados de la
Asamblea, 47.335 euros; consejeros municipales y concejales liberados
del Ayuntamiento de Mérida, 41.578 euros; presidente Vara, 64.295 euros;
Zapatero, 91.982 euros; Aguirre, 98.700 euros; Montilla, 164.043 euros.
Tantas
esperanzas depositadas en la democracia, y de nuevo se abre paso la
monotonía de la lluvia en los cristales como en las tardes pardas y
frías de aquel largo invierno. Nuevamente toca decir no y conformar referentes sociales válidos, sin imposturas. No vaya a ser que sean los salvapatrias de siempre quienes se erijan como solución y alternativa.
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