martes, 28 de marzo de 2017

Monago y Vara y los conciertos educativos

Diario HOY
Monago y Vara
 

"Tal despropósito fue corregido a lo largo de 2012 con modificaciones presupuestarias que no hacían otra cosa que quitar partidas destinadas a la enseñanza pública. En síntesis, ese año el gobierno de Monago desvistió a unos para vestir a otros, siendo los dos la red dual integrada".

TIEMPO de congreso del Partido Popular de Extremadura, tiempo del próximo decreto que establecerá las normas relativas a la suscripción, renovación, modificación y extinción de los conciertos educativos en Extremadura para el sexenio comprendido por los cursos 2017/2018 a 2022/2023 en Educación Primaria y hasta 2020/2021 para el resto de enseñanzas.

Sobre lo primero ya tenemos la resultante: José Antonio Monago ha sido elegido presidente con el 99,19% de los 742 votos válidos emitidos por los compromisarios asistentes este sábado en Mérida al XII Congreso Regional del PP. También conocemos su mensaje principal: «Hemos sido gobierno en Extremadura y lo vamos a volver a ser».

En su etapa de gobierno, la que fuera consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales Basarrate, firmó la Resolución de conciertos educativos para el curso 2011/2012, Diario Oficial de Extremadura de 23 de agosto de 2011. Los contenidos de aquella Resolución eran obra del gobierno de Fernández Vara. Recogía que eran concertadas 1.320 unidades de enseñanzas generales (Infantil, Primaria, ESO, PCPI, FP, Bachillerato) a las que había que sumar las 84 de apoyo a Primaria y ESO y las 65 de educación especial, que hacían un total de 1.469 unidades concertadas.

La Resolución de conciertos para el curso siguiente, DOE de 1 de octubre de 2012, recogía su primera actuación política sobre los mismos. Apenas cambió en unidades de enseñanzas generales concertadas: 1.322. Educación especial quedó igual, pero las de apoyo en Primaria y ESO las redujo el gobierno de Monago un 30%, pasaron a ser 59 (el curso siguiente se concertaron 56, un 33% menos que en el curso 2011/2012). En total fueron concertadas 1.446 unidades, 23 menos que el curso anterior.

A la reducción de unidades para atender al alumnado con necesidad específica de apoyo, se unió que los Presupuestos Generales de Extremadura para 2012 recogían una reducción de 20 millones de euros. De la dotación de 72.597.126 euros (programas 222A, 222B y 222C) se pasó a 52.733.541euros, un 27,5% menos. Tal despropósito fue corregido a lo largo de 2012 con modificaciones presupuestarias que no hacían otra cosa que quitar partidas destinadas a la enseñanza pública. En síntesis, ese año el gobierno de Monago desvistió a unos para vestir a otros, siendo los dos la red dual integrada.

En su gobierno fue publicado con su firma, DOE de 2 de julio de 2013, el Decreto 108/2013, de 25 de junio, por el que se establecen las normas relativas a la suscripción, renovación, modificación y extinción de los conciertos educativos en Extremadura para el cuatrienio comprendido por los cursos 2013/2014 al 2016/2017.

Este viernes, día 24, el Consejo Escolar de Extremadura dictaminó, con 14 votos a favor, 7 en contra y 20 abstenciones, el proyecto de decreto de conciertos para el sexenio comprendido por los cursos 2017/2018 a 2022/2023 en Educación Primaria y hasta 2020/2021 para el resto de enseñanzas. Dicho proyecto será enviado a la Abogacía General de la Junta de Extremadura para que emita su informe. Después tendrá que ser aprobado por el Consejo de Gobierno y publicado en el DOE, antes de su entrada en vigor.

Entre tanto, la Unión Sindical Obrera y la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) han mostrado su apoyo a una campaña de recogida de firmas a favor de la enseñanza concertada en Extremadura que, según apuntan, ha sido puesta en marcha por Escuelas Católicas en la región. Y el secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, manifiesta que el nuevo decreto «incorpora al articulado aspectos antes ausentes y que resultaba necesario regular para el mejor funcionamiento de los colegios concertados y la garantía de la calidad educativa de su oferta académica: uso de Rayuela, ratios, titulaciones del profesorado, ajuste al currículo oficial, unidades de apoyo, provisión de vacantes, etcétera»; y expresa «la preocupación de la Consejería de Educación ante la campaña de recogida de firmas puesta en marcha porque en ningún momento está en peligro el presente y futuro de la privada concertada en Extremadura».

Dos apuntes finales. Primero, CONCAPA presentó una única enmienda al Consejo Escolar de Extremadura celebrado este viernes. «Mantenimiento del Decreto 108/2013, de 25 de junio, introduciendo las modificaciones oportunas de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa», recoge su enmienda de supresión. Segundo apunte, este curso han sido concertadas 1.452 unidades, 72 de ellas de apoyo.

En fin, en palabras de El Gran Wyoming: «Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad».

Presidente de Adecex

domingo, 26 de marzo de 2017

Monago y Vara y los conciertos educativos en Extremdura

Vara y Monago
Nosolomérida
Tiempo de congreso del Partido Popular de Extremadura, tiempo del próximo decreto que establecerá las normas relativas a la suscripción, renovación, modificación y extinción de los conciertos educativos en Extremadura para el sexenio comprendido por los cursos 2017/2018 a 2022/2023 en Educación Primaria y hasta 2020/2021 para el resto de enseñanzas.
Sobre lo primero ya tenemos la resultante: José Antonio Monago ha sido elegido presidente con el 99,19% de los 742 votos válidos emitidos por los compromisarios asistentes este sábado en Mérida al XII Congreso Regional del PP. También conocemos su mensaje principal: “Hemos sido gobierno en Extremadura y lo vamos a volver a ser”.

En su etapa de gobierno, la que fuera consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales Basarrate, firmó la  Resolución de conciertos educativos para el curso 2011/2012, Diario Oficial de Extremadura de 23 de agosto de 2011. Los contenidos de aquella Resolución eran obra del gobierno de Fernández Vara. Recogía que eran concertadas 1.320 unidades de enseñanzas generales (Infantil, Primaria, ESO, PCPI, FP, Bachillerato) a las que había que sumar las 84 de apoyo a Primaria y ESO y las 65 de educación especial, que hacían un total de 1.469 unidades concertadas.

La Resolución de conciertos para el curso siguiente, DOE de 1 de octubre de 2012, recogía su primera actuación política sobre los mismos. Apenas cambió en unidades de enseñanzas generales concertadas: 1.322. Educación especial quedó igual, pero las de apoyo en Primaria y ESO las redujo el gobierno de Monago un 30%, pasaron a ser 59 (el curso siguiente se concertaron 56, un 33% menos que en el curso 2011/2012). En total fueron concertadas 1.446 unidades, 23 menos que el curso anterior.

A la reducción de unidades para atender al alumnado con necesidad específica de apoyo, se unió que los Presupuestos Generales de Extremadura para 2012 recogían una reducción de 20 millones de euros. De la dotación de 72.597.126 euros (programas 222A, 222B y 222C) se pasó a 52.733.541euros, un 27,5% menos. Tal despropósito fue corregido a lo largo de 2012 con modificaciones presupuestarias que no hacían otra cosa que quitar partidas destinadas a la enseñanza pública. En síntesis, ese año el gobierno de Monago desvistió a unos para vestir a otros, siendo los dos la red dual integrada.

En su gobierno fue publicado con su firma, DOE de 2 de julio de 2013, el Decreto 108/2013, de 25 de junio, por el que se establecen las normas relativas a la suscripción, renovación, modificación y extinción de los conciertos educativos en Extremadura para el cuatrienio comprendido por los cursos 2013/2014 al 2016/2017.

Este viernes, día 24, el Consejo Escolar de Extremadura dictaminó, con 14 votos a favor, 7 en contra y 20 abstenciones, el proyecto de decreto de conciertos para el sexenio comprendido por los cursos 2017/2018 a 2022/2023 en Educación Primaria y hasta  2020/2021 para el resto de enseñanzas. Dicho proyecto será enviado a la Abogacía General de la Junta de Extremadura para que emita su informe. Después tendrá que ser aprobado por el Consejo de Gobierno y publicado en el DOE, antes de su entrada en vigor.

Entre tanto, la Unión Sindical Obrera y la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) han mostrado su apoyo a una campaña de recogida de firmas a favor de la enseñanza concertada en Extremadura que, según apuntan, ha sido puesta en marcha por Escuelas Católicas en la región. Y el secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, manifiesta que el nuevo decreto “incorpora al articulado aspectos antes ausentes y que resultaba necesario regular para el mejor funcionamiento de los colegios concertados y la garantía de la calidad educativa de su oferta académica: uso de Rayuela, ratios, titulaciones del profesorado, ajuste al currículo oficial, unidades de apoyo, provisión de vacantes, etcétera”; y expresa “la preocupación de la Consejería de Educación ante la campaña de recogida de firmas puesta en marcha porque en ningún momento está en peligro el presente y futuro de la privada concertada en Extremadura”.

Dos apuntes finales. Primero, CONCAPA presentó una única enmienda al Consejo Escolar de Extremadura celebrado este viernes. “Mantenimiento del Decreto 108/2013, de 25 de junio, introduciendo las modificaciones oportunas de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa”, recoge su enmienda de supresión. Segundo apunte, este curso  han sido concertadas 1.452 unidades, 72 de ellas de apoyo.

En fin, en palabras de El Gran Wyoming: "Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad".
Presidente de Adecex

sábado, 18 de marzo de 2017

Descenso de plazas escolares y programación general de la enseñanza en Extremadura

eldiario.es Extremadura
En fin, en tiempos de descenso de la demanda de plaza escolar y de programación general de la enseñanza, tendremos en cuenta tanto las disponibilidades presupuestarias existentes, la observancia del principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos” 

Estamos inmersos en un enorme problema demográfico. En tal sentido, las estadísticas no paran de escupir datos que perjudican seriamente el futuro de Extremadura en todos los niveles (económicos, sociales, culturales, etcétera). Un dato, se prevé un decrecimiento del número de nacimientos en Extremadura durante los tres lustros siguientes del 20 %. ”Necesitamos un plan urgente para abordar con urgencia el grave problema demográfico”, clamaba el presidente Fernández Vara en conferencia dada el pasado 3 de marzo en la Asamblea de Extremadura.

Problema demográfico que tiene su impronta en el sector de la educación no universitaria, tanto en los centros públicos como en los privados concertados que imparten enseñanzas generales. Las campañas para mantener/incrementar la cuota de alumnado se multiplican por doquier. Es mi puesto de trabajo, estúpido, sería eslogan que recoge el sentir general del colectivo de trabajadores de los centros sostenidos con fondos públicos: los privados concertados y los de titularidad pública (“Red dual integrada”, los denomina en su preámbulo la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE).

A corto plazo, a la vuelta de la esquina, tanto las peticiones de plaza escolar por parte de las familias como el nuevo decreto que establecerá las normas relativas a la suscripción, renovación, modificación y extinción de los conciertos educativos en Extremadura para el sexenio comprendido por los cursos 2017/2018 al 2023/2024 en la enseñanza Primaria y para el cuatrienio comprendido por los cursos 2017/2018 al 2020/2021 para el resto de enseñanzas. Los puestos de trabajo a corto plazo están sujetos a esas dos premisas: petición de plaza (demanda social) y normativa sobre la programación de la red de centros extremeños.

A medio y largo plazo, un Gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación (PESPE) será determinante para los puestos de trabajo. Para tal fin, entre otros, recientemente se han iniciado comparecencias de los distintos agentes de la comunidad educativa en la Subcomisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados, pero la huelga del pasado 9 de marzo señalaba entre otras reivindicaciones el déficit de participación en la elaboración del citado PESPE.
Estamos hablando de puestos de trabajo sobre la base de su relación con la bajada de la natalidad- de puestos de trabajo que se disputan la pública y la privada concertada-, y de su relación con la normativa actual y futura.

En este sentido normativo, ponemos encima de la mesa sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Dos sentencias que avalan la eliminación de conciertos cuanto la ratio profesor/alumnos se quede por debajo de lo establece la ley, y una sentencia en la que los jueces consideran que la eliminación de conciertos no está justificada cuando la clase tiene un número suficiente de alumnos.

El 17 y 18 de mayo de 2016 son publicadas sentencias en las que el Tribunal Supremo da la razón a la Junta de Andalucía al considerar que existió causa para justificar la no renovación de una unidad de primero de educación primaria en el centro salesiano “San Francisco Solano”, de Montilla (Córdoba) a partir del curso 2013/14 por no cumplir el requisito de satisfacer necesidades de escolarización, ante el descenso demográfico constatado en la localidad; y redujo el concierto educativo con el colegio privado "Nuestra Señora del Carmen" de la Palma del Condado (Huelva), a partir del curso académico 2013-2014, a cinco unidades de Educación Infantil, Segundo Ciclo por el descenso de la natalidad de la zona y no renovó la sexta que dicho centro docente tenía concertadas.

La Sala aplica la misma doctrina que ha mantenido en cinco sentencias desde abril de 2004, y señala: “Lo que no puede sostenerse con éxito, en definitiva, es que en el ejercicio del derecho a la educación no resulte de aplicación ni la programación, ni los principios de eficiencia y economía que establece la Ley Orgánica de Educación, ni que en el nivel de enseñanza examinado no puedan reducirse unidades, respecto de convenios ya aprobados, por sobrevenidas razones demográficas, lo que determinaría el rígido mantenimiento de las mismas, cuando resulte acreditado, por los propios datos que proporciona la recurrente en la instancia (el colegio) que el número de alumnos por clase está muy por debajo de la ratio aplicable. De modo que la inexorable consecuencia será que esa ratio profesor/alumnos sería ostensiblemente inferior en la enseñanza privada concertada que en la enseñanza pública, sin que haya razones constitucional ni legalmente previstas para primar o potenciar de esa forma la enseñanza privada concertada en detrimento de la pública, cuando ambas se sostienen con los mismos fondos públicos”.

Por sentencia de 25 de mayo de 2016 el Tribunal Supremo considera que no está justificada la supresión de una unidad del colegio concertado San Juan Bosco de Morón de la Frontera (Sevilla) cuando tiene un número suficiente de alumnos. Había 52 solicitudes para dos unidades, pero la Junta suprimió una unidad, y derivó a 26 alumnos a un centro público del municipio porque allí había plazas suficientes, alegando el principio de subsidiariedad de la enseñanza privada concertada respecto de la pública pero la Sala no comparte este principio porque la LODE y Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establecen un "sistema dual" para la prestación del servicio educativo en la enseñanza obligatoria y gratuita que pivota sobre dos ejes: los privados concertados y los de titularidad pública, en línea con el artículo 27.4 de la Constitución Española de 1978. Los magistrados precisan: “No se otorga, en dicha regulación legal, a los centros privados concertados un carácter secundario o accesorio respecto de los centros públicos, para llegar únicamente donde no lleguen estos últimos, es decir, para suplir las carencias de la enseñanza pública, que es lo que se infiere de la motivación, para la supresión de una unidad, en la orden impugnada en la instancia. Recordemos que bastaría, en consecuencia, con la mera existencia de plazas vacantes en los centros públicos".

En este marco demográfico y normativo, diversos estudios siguen señalando que el 20% de nuestros alumnos no terminan la Enseñanza Secundaria Obligatoria; y porcentaje similar no continúan estudios después de terminada la misma. Estudios sobre el sistema educativo español que indican que el gasto en educación de los países importa pero también importa cómo se asignan los recursos educativos. Estudios que insisten en saber si con el incremento de gasto los resultados mejoran. Datos que certifican que si tenemos en cuenta los condicionantes negativos de los alumnos (incorporación tardía al sistema educativo, repetición de curso, absentismo, pertenencia a grupo de riesgo de exclusión social, condición de inmigrante) y de las familias (niveles de estudio, estatus ocupacional, entorno cultural) el efecto de la titularidad de los centros desaparece (solo en algún caso los centros concertados conservan ciertas ventajas derivadas de su mayor autonomía organizativa). Estudios que insisten en reforzar el apoyo a quienes tienen mayor probabilidad de obtener resultados inferiores a la media para aproximarlos a ella. Estudios que señalan que los sistemas educativos con mejor rendimiento destacan en atraer a los mejores profesionales, que son reconocidos y recompensados por ello.

En fin, en tiempos de descenso de la demanda de plaza escolar y de programación general de la enseñanza, tendremos en cuenta tanto las disponibilidades presupuestarias existentes, la observancia del principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos, la adecuada y equilibrada escolarización de alumnado con necesidad específicas de apoyo educativo y la demanda social como las carencias en relación con su eficacia, su eficiencia o el logro de sus objetivos en materia de equidad, de igualdad de oportunidades ( toda vez que le sean asignados recursos para atender mejor a los alumnos con desfase escolar significativo por las dificultades para el aprendizaje referidas anteriormente).

Tiempo de respuesta, teniendo en cuenta a cada colegio. Eso sí: uno a uno. No hay mayor injusticia que tratar igual a los desiguales.

Presidente de Adecex

viernes, 17 de marzo de 2017

Descenso de plazas escolares y programación general de la enseñanza en Extremadura

Nosolomérida
Estamos inmersos en un enorme problema demográfico. En tal sentido, las estadísticas no paran de escupir datos que perjudican seriamente el futuro de Extremadura en todos los niveles (económicos, sociales, culturales, etcétera). Un dato, se prevé un decrecimiento del número de nacimientos en Extremadura durante los tres lustros siguientes del 20 %. ”Necesitamos un plan urgente para abordar con urgencia el grave problema demográfico”, clamaba el presidente Fernández Vara en conferencia dada el pasado 3 de marzo en la Asamblea de Extremadura.

 Problema demográfico que tiene su impronta en el sector de la educación no universitaria, tanto en los centros públicos como en los privados concertados que imparten enseñanzas generales. Las campañas para mantener/incrementar la cuota de alumnado se multiplican por doquier. Es mi puesto de trabajo, estúpido, sería eslogan que recoge el sentir general del colectivo de trabajadores de los centros sostenidos con fondos públicos: los privados concertados y los de titularidad pública (“Red dual integrada”, los denomina en su preámbulo la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE).

A corto plazo, a la vuelta de la esquina, tanto las peticiones de plaza escolar por parte de las familias como el nuevo decreto que establecerá las normas relativas a la suscripción, renovación, modificación y extinción de los conciertos educativos en Extremadura para el sexenio comprendido por los cursos 2017/2018 al 2023/2024 en la enseñanza Primaria y para el cuatrienio comprendido por los cursos 2017/2018 al 2020/2021 para el resto de enseñanzas. Los puestos de trabajo a corto plazo están sujetos a esas dos premisas: petición de plaza (demanda social) y normativa sobre la programación de la red de centros extremeños.

A medio y largo plazo, un Gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación (PESPE) será determinante para los puestos de trabajo. Para tal fin, entre otros, recientemente se han iniciado comparecencias de los distintos agentes de la comunidad educativa en la Subcomisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados, pero la huelga del pasado 9 de marzo señalaba entre otras reivindicaciones el déficit de participación en la elaboración del citado PESPE.
Estamos hablando de puestos de trabajo sobre la base de su relación con la bajada de la natalidad- de puestos de trabajo que se disputan la pública y la privada concertada-, y de su relación con la normativa actual y futura.

En este sentido normativo, ponemos encima de la mesa sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Dos sentencias que avalan la eliminación de conciertos cuanto la ratio profesor/alumnos se quede por debajo de lo establece la ley, y una sentencia en la que los jueces consideran que la eliminación de conciertos no está justificada cuando la clase tiene un número suficiente de alumnos.

El 17 y 18 de mayo de 2016 son publicadas sentencias en las que el Tribunal Supremo da la razón a la Junta de Andalucía al considerar que existió causa para justificar la no renovación de una unidad de primero de educación primaria en el centro salesiano “San Francisco Solano”, de Montilla (Córdoba) a partir del curso 2013/14 por no cumplir el requisito de satisfacer necesidades de escolarización, ante el descenso demográfico constatado en la localidad; y redujo el concierto educativo con el colegio privado "Nuestra Señora del Carmen" de la Palma del Condado (Huelva), a partir del curso académico 2013-2014, a cinco unidades de Educación Infantil, Segundo Ciclo por el descenso de la natalidad de la zona y no renovó la sexta que dicho centro docente tenía concertadas.

La Sala aplica la misma doctrina que ha mantenido en cinco sentencias desde abril de 2004, y señala: “Lo que no puede sostenerse con éxito, en definitiva, es que en el ejercicio del derecho a la educación no resulte de aplicación ni la programación, ni los principios de eficiencia y economía que establece la Ley Orgánica de Educación, ni que en el nivel de enseñanza examinado no puedan reducirse unidades, respecto de convenios ya aprobados, por sobrevenidas razones demográficas, lo que determinaría el rígido mantenimiento de las mismas, cuando resulte acreditado, por los propios datos que proporciona la recurrente en la instancia (el colegio) que el número de alumnos por clase está muy por debajo de la ratio aplicable. De modo que la inexorable consecuencia será que esa ratio profesor/alumnos sería ostensiblemente inferior en la enseñanza privada concertada que en la enseñanza pública, sin que haya razones constitucional ni legalmente previstas para primar o potenciar de esa forma la enseñanza privada concertada en detrimento de la pública, cuando ambas se sostienen con los mismos fondos públicos”.

Por sentencia de 25 de mayo de 2016 el Tribunal Supremo considera que no está justificada la supresión de una unidad del colegio concertado San Juan Bosco de Morón de la Frontera (Sevilla) cuando tiene un número suficiente de alumnos. Había 52 solicitudes para dos unidades, pero la Junta suprimió una unidad, y derivó a 26 alumnos a un centro público del municipio porque allí había plazas suficientes, alegando el principio de subsidiariedad de la enseñanza privada concertada respecto de la pública pero la Sala no comparte este principio porque la LODE y Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establecen un "sistema dual" para la prestación del servicio educativo en la enseñanza obligatoria y gratuita que pivota sobre dos ejes: los privados concertados y los de titularidad pública, en línea con el artículo 27.4 de la Constitución Española de 1978. Los magistrados precisan: “No se otorga, en dicha regulación legal, a los centros privados concertados un carácter secundario o accesorio respecto de los centros públicos, para llegar únicamente donde no lleguen estos últimos, es decir, para suplir las carencias de la enseñanza pública, que es lo que se infiere de la motivación, para la supresión de una unidad, en la orden impugnada en la instancia. Recordemos que bastaría, en consecuencia, con la mera existencia de plazas vacantes en los centros públicos".

En este marco demográfico y normativo, diversos estudios siguen señalando que el 20% de nuestros alumnos no terminan la Enseñanza Secundaria Obligatoria; y porcentaje similar no continúan estudios después de terminada la misma. Estudios sobre el sistema educativo español que indican que el gasto en educación de los países importa pero también importa cómo se asignan los recursos educativos. Estudios que insisten en saber si con el incremento de gasto los resultados mejoran. Datos que certifican que si tenemos en cuenta los condicionantes negativos de los alumnos (incorporación tardía al sistema educativo, repetición de curso, absentismo, pertenencia a grupo de riesgo de exclusión social, condición de inmigrante) y de las familias (niveles de estudio, estatus ocupacional, entorno cultural) el efecto de la titularidad de los centros desaparece (solo en algún caso los centros concertados conservan ciertas ventajas derivadas de su mayor autonomía organizativa). Estudios que insisten en reforzar el apoyo a quienes tienen mayor probabilidad de obtener resultados inferiores a la media para aproximarlos a ella. Estudios que señalan que los sistemas educativos con mejor rendimiento destacan en atraer a los mejores profesionales, que son reconocidos y recompensados por ello.

En fin, en tiempos de descenso de la demanda de plaza escolar y de programación general de la enseñanza, tendremos en cuenta tanto las disponibilidades presupuestarias existentes, la observancia del principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos, la adecuada y equilibrada escolarización de alumnado con necesidad específicas de apoyo educativo y la demanda social como las carencias en relación con su eficacia, su eficiencia o el logro de sus objetivos en materia de equidad, de igualdad de oportunidades ( toda vez que le sean asignados recursos para atender mejor a los alumnos con desfase escolar significativo por las dificultades para el aprendizaje referidas anteriormente).

Tiempo de respuesta, teniendo en cuenta a cada colegio. Eso sí: uno a uno. No hay mayor injusticia que tratar igual a los desiguales.

Presidente de Adecex

Trinidad Nogales, la consejera de política normal

eldiario.es Extremadura
Reunión Adecex/Consejería Educación
“Hasta entonces la Consejería de Educación y el grupo parlamentario socialista negaban políticamente a Adecex: asociación legalmente constituida y registrada; asociación que realizaba protestas y hacía propuestas en defensa de los legítimos derechos de sus asociados, de su sector”. 

Quince días después de tomar posesión del cargo de consejera de Educación y Cultura en el gobierno de José Antonio Monago, y de haber recibido petición de reunión por parte de la Asociación de Docentes de la Enseñanza Concertada de Extremadura (Adecex), la consejera Trinidad Nogales contestaba al presidente de la citada asociación en los términos siguientes: “Agradezco muy sinceramente su felicitación y me pongo a su disposición en todos los asuntos que conciernen a la educación en Extremadura. Nos encontramos en periodo de definición de los cargos orgánicos de la Consejería y próximamente nos pondremos en contacto con Vd.”.

Por entonces dijimos que su disposición a escuchar personalmente nuestras propuestas e inquietudes era sin duda una acertada decisión política.
También dijimos que dicha actitud contrastaba con la mantenida por la anterior consejera de Educación, Eva María Pérez López, pues sabiendo que en el Registro General de 7 de septiembre de 2007 de la Consejería de Educación estaba petición de reunión de Adecex con su señoría, nunca nos contestó a esta primera petición, ni tampoco a las siguientes que le cursamos el 7 de junio de 2008 y 12 de julio de 2011. Podríamos utilizar, a modo de pliego de descargo, que atendía la petición de un sindicato que en el marco de su congreso le espetó: "La administración debe evitar la participación en procesos negociadores de colectivos u organizaciones que no están legitimados o en ámbitos donde no tienen legitimación". Pero sabemos que Pérez no admitía injerencias externas, que lo hacía por motu proprio, por razones de su partido.

Curiosamente, ante la noticia “La nueva consejera de Educación y Cultura  recibirá a Adecex”, ese mismo sindicato le dijo a Nogales que reflexionara sobre el orden de las reuniones a desarrollar con los agentes y sectores de la comunidad educativa extremeña. Podemos deducir que ese mensaje fue recibido y acusado porque aquella reunión Nogales/Adecex no tuvo lugar.

Meses después, 14 de febrero de 2012, sí la hubo con el Secretario General de Educación, César Díez Solís, número dos de la citada consejería. Y el 19 de noviembre de ese año nos recibió la consejera Nogales.

En esa reunión le presentamos, defendimos y entregamos nuestras enmiendas al Anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Al mes siguiente comprobamos que dos habían sido incorporadas al texto. En una pedíamos: “Determinar de forma expresa calendario escolar” (Disposición adicional 5ª), y en la otra: ”Incorporar que los procedimientos de admisión de alumnos de los centros privados concertados serán análogos a los públicos” (artículo 40). Enmiendas admitidas que no impidieron que manifestáramos nuestra frontal oposición a la Lomce por múltiples razones: ley partidaria e ideológica, que valida la concertación a centros que segregan por sexo, que incorpora reválidas, que introduce clasificación y ranking de centros, que articula la segregación de alumnos, que no incorpora calendario temporal de homologación, etcétera.

Pocos días después de dejar su acta de diputada, queremos destacar que la consejera Trinidad Nogales normalizó lo que hasta entonces era una anormalidad democrática. Hasta entonces la Consejería de Educación y el grupo parlamentario socialista negaban políticamente a Adecex: asociación legalmente constituida y registrada; asociación que realizaba protestas y hacía propuestas en defensa de los legítimos derechos de sus asociados, de su sector. En pocas palabras: fue la consejera Nogales la que ante Adecex elevó a política normal lo que en la calle era plenamente normal.

No habían pasado dos meses desde su toma de posesión, cuando la nueva consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, recibió a Adecex en su propio despacho. Era el 26 de agosto de 2015; poco tiempo después, 17 de noviembre, nos reuníamos en la Asamblea de Extremadura con dos diputados que representaban al grupo parlamentario socialista. Uno de ellos era Eva María Pérez López, exconsejera de Educación. Pues eso, política normal. 

Presidente de Adecex