Nueva estratificación de las enseñanzas medias.

Nosolomérida

Marcha contra la LODE en Madrid, 16.12 1983

El 13 de septiembre de 1990 y con el Gobierno de Felipe González, el Congreso de los Diputados ratificó la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo la Educación por 205 votos favorables, 89 contrarios (los del PP) y tres abstenciones.

El no reconocimiento de la gratuidad absoluta de las etapas de escolaridad no obligatoria (preescolar, bachillerato y formación profesional) y la reducción del bachillerato a sólo dos años, fueron las razones esgrimidas por los populares para no apoyarla. La LOGSE recogía que el nivel de educación secundaria comprenderá: a) La etapa de educación secundaria obligatoria, que completa la enseñanza básica y abarca cuatro cursos académicos, entre los doce y dieciséis años de edad; b) El bachillerato, con dos cursos académicos de duración a partir de los dieciséis años de edad.

El 24 de diciembre de 2002 y con el Gobierno de José María Aznar, el BOE publicó la Ley Orgánica de Calidad Educativa (LOCE); establecía que la etapa de Educación Secundaria Obligatoria comprenderá cuatro años académicos, que se cursarán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años. El Bachillerato comprenderá dos cursos académicos (en lugar de los tres que defendieron en 1990).

El 4 de mayo de 2006 y con el Gobierno de José Luis R. Zapatero, es publicada la Ley Orgánica de Educación (LOE) en el BOE, donde se recoge: La etapa de educación secundaria obligatoria comprende cuatro cursos, que se seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad. El bachillerato comprende dos cursos.

En abril de 2009 el ministro Gabilondo propone un “gran pacto” por la Educación. A esta iniciativa respondió el Partido Popular, 18 de enero de 2010, con el Documento de Propuestas para un Pacto por la Reforma y Mejora de la Educación en España, entre las que estaba: "Organizar en dos ciclos la Educación Secundaria: Educación Secundaria General (3 años de duración, de 12 a 15 años) y Educación Secundaria Superior (3 años de duración, de 15 a 18 años)"; ésta última con dos vías, Bachillerato y Formación Profesional".(Los populares retomaban los tres cursos de Bachillerato defendidos en 1990, y que no habían recogido en la LOCE)

Posteriormente, 22 de abril, Gabilondo presentó el Documento de Pacto Social y Político por la Educación, entre cuyas propuestas se encontraba que el 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria tendría carácter orientador y se organizaría en dos opciones: una orientada hacia estudios generales (Bachillerato), y otra hacia estudios profesionales (Ciclos formativos de formación profesional de Grado Medio).

Días después, 6 de mayo, el PP hizo pública su Posición en relación al Pacto sobre la Reforma del Modelo Educativo en el que manifestaban: "En el Pacto que propone el Gobierno no hay ni ambición ni vocación reformadora. No sirve para resolver los graves problemas de la educación en nuestro país. Tendremos desgraciadamente que esperar a mejor ocasión". Remitían al Documento del 18 de enero a quienes quisieran conocer los enfoques, pilares y objetivos que consideraban imprescindibles.

Gabilondo llevó objetivos del non nato Pacto Social y Político por la Educación al BOE, en el que, 30 de julio de 2011, era publicado el Real Decreto por el que organiza 4º ESO, PCPI, Certificado Oficial Estudios Obligatorios, así como otras modificaciones que básicamente entrarían en vigor el curso próximo.

En noviembre conocíamos el programa electoral del PP para las elecciones del 20N, donde se recogía la medida: "La educación secundaria tendrá una organización más flexible, que ofrezca vías formativas de acuerdo con los intereses, motivaciones y progresos de los alumnos. El bachillerato constará de 3 cursos, el primero de los cuales tendrá carácter de curso de iniciación". Este compromiso fue reiterado por Mariano Rajoy el pasado 19 de diciembre en su Discurso de Investidura. Quedaba la duda de si la Secundaria General sería de tres años de duración o de cuatro como hasta ahora.

Este jueves ha sido el ministro Wert quién lo ha quedado claro: a) La reforma pasa por aumentar un curso al bachillerato para quitárselo a la ESO; b) Aprobar la norma este año; c) Derogar la normativa Gabilondo de itinerarios de 4º ESO. Y lo ha dicho sabiendo que hay muchísima gente de acuerdo con ampliar un año el bachillerato (CCOO, UGT, Ceapa, Escuelas Católicas), pero no a costa de menos ESO. Según Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense, para lograr el éxito generalizado en la enseñanza del alumnado, "el PP va a optar por declararlos desiguales en derechos y capacidades para consagrar las desigualdades sociales como diferencias personales porque cuadra con su idea de una sociedad desigual, con seres superiores e inferiores, y se lo pide buena parte del profesorado"; lo recoge en su análisis: ”Trocear la secundaria común”.

En cuanto al alumnado, hay quienes interpretan que significará la segregación del alumnado y la expulsión directa del sistema educativo de los rezagados; otros dan razones de inoportunidad porque los alumnos tendrán que elegir de manera prematura. Lo cierto es que sacar de la vía común a los académicamente peores es una dejación en la función que debe tener la escuela de compensar las desigualdades individuales y colectivas. Podría evitase retrasando la llegada a la universidad a los 19 años, como ocurre en Finlandia, Italia, Suecia, Luxemburgo, etcétera.

Quienes situaban el elemento ideológico en todas las reformas educativas que desarrollaron el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, lo constatan en esta nueva pretendida modificación de la estructura del Sistema Educativo. Lo que para unos serán excesos de la reforma, otros lo registrarán como insuficiente. También es muy probable que “el cuanto peor mejor” haga acto de presencia en escenarios educativos muy concretos, junto con iniciativas políticas para contribuir a hacer subsidiaria una red.

En Extremadura, de entrada, muchos docentes de la enseñanza concertada verán modificadas sus condiciones de trabajo (jornada, salarios, etcétera) con la aplicación de la reforma anunciada. Será en los centros dónde no haya alternativas a la supresión de 4º ESO; dependerá de las características del centro (líneas concertadas) y de su ubicación (localidad, zona).

Presidente de ADECEX

No-indiferencia, no-recortes.

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura recogía el pasado jueves las medidas que había aprobado la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mérida celebrada el 10 de enero. Dio cumplida información la delegada de personal del Consistorio, Leonor Nogales. Destacó la supresión del complemento que cobra la policía local por la jornada de especial dedicación -que cuantificó en 303.000 euros anuales-, y la supresión del seguro colectivo de 280.000 euros al año. Señaló que modificarán las prestaciones no salariales: ayuda para prótesis, ortopedia y gafas para empleados y familiares, estudio, anticipos de nóminas, por natalidad, premios por jubilación anticipada e indemnizaciones por jubilación a los 65 años. Nogales dijo que el ahorro total anual superará el millón de euros, y que los trabajadores saben que tales medidas son "muy necesarias y urgentes".

Dolores Hernández

Manuel Balastegui

Nogales estuvo presente en el Pleno del Ayuntamiento del 23 de junio en el que se nombró a Dolores Hernández Pérez y Manuel Balastegui Ortiz consejeros municipales (miembros no ediles del Gobierno local) y fijó sus retribuciones en 2.762,04 euros brutos/mes por 14 pagas.

Nogales y la Junta Local saben que son 309.345 euros brutos los que se detraerán de las arcas municipales en los cuatro años de legislatura para pagar a los dos consejeros, sin tener en cuenta las cuotas a la Seguridad Social. Ellos tienen la certeza de que los trabajadores y la ciudadanía en su conjunto verían la supresión de los consejeros como una medida muy necesaria y urgente. Sin embargo sabemos que no la tomarán porque no recortan los puestos de trabajo que tiene su partido. Les da igual mantenerlos aunque dicha supresión no se note en la gobernanza de la institución, es su línea roja. Y caso de verse obligados, los cambian de puesto. La no-indiferencia es la respuesta a los no-recortes; la calle, que dice la Historia.

¿Vuelve 'Ustedes son formidables'?.

El Periódico Extremadura 

Alberto Oliveras

La Cadena Ser emitió el programa Ustedes son formidables entre 1960 y 1977. El programa era un instrumento de recaudar fondos para causas sociales. Unos lo calificaron como muestra de sensiblería y paternalismo, y lo situaban en el terrero de la caridad; otros, lo veían como una buena muestra de solidaridad ciudadana magistralmente dirigida por Alberto Oliveras. En el año 1961 logró recaudar 3.000.000 de pesetas para los damnificados en Sevilla por la inundación causada por el arroyo Tamarguillo.

Este miércoles hemos tenido conocimiento de que gracias a los 7.700 euros que Cristina Ponce, madre de una niña de 14 años con diabetes, había obtenido mediante huchas solidarias, venta de camisetas, loterías, etcétera, el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia (CIPF) contrataría a la investigadora Silvia Sanz, especializada en diabetes, para continuar hasta mayo con el trabajo de investigación sobre la proliferación de las células beta pancreáticas (lo dejó a medias en noviembre porque le afectó el expediente de regulación de empleo del CIPF aplicado a 113 de los 224 empleados).

Cristina Ponce, 50 años después de la cuestación de Oliveras para Sevilla, dice que continuará recogiendo dinero para mantener a Silvia Sanz en el laboratorio e incluso poder contratar a más investigadores porque "esta gente trabaja por nuestra salud, bienestar y felicidad" y, a la vez, denuncia que los recursos para la ciencia deberían llegar tanto de la Generalitat como del Gobierno central.

A los recortes aplicados por la Generalitat Valenciana al CIPF se suman los impagos a 450 colegios concertados de la región, que los sitúa al borde del cierre. Lo que nos falta por escuchar es que los colegios afectados han tenido que recurrir al asesoramiento de Cristina Ponce, a efectos de lecciones recaudatorios, para que los centros no cierren. Sería la Oliveras del 2012 y la recuperación de Ustedes son formidables para mantener derechos fundamentales que recoge la Constitución.

Las tijeras no recortan los puestos de trabajo de su partido político.

Nosolomérida

Montoro y De Guindos

La ciudadanía constata que no paran los recortes, que otros llaman ajustes. Por ello, las tijeras están cada día más presentes en las calles como símbolo para denunciar los efectos de la llamada austeridad.

Ayer la delegada de Personal del Ayuntamiento de Mérida, Leonor Nogales, desgranó las medidas aprobadas por la Junta Local del Gobierno el pasado martes. Destacó entre ellas la que se refiere a la supresión del complemento que cobra la policía local por la jornada de especial dedicación (cuantificó el ahorro en 303.000 euros anuales), así como la supresión del seguro colectivo de 280.000 euros al año. Refirió que habrá modificación de las prestaciones no salariales: ayuda para prótesis, ortopedia y gafas para empleados y familiares, estudio, anticipos de nóminas, por natalidad, premios por jubilación anticipada e indemnizaciones por jubilación a los 65 años. En total, según Nogales, el ahorro anual supera el millón de euros.

Nogales no dijo nada sobre eliminar los dos Consejeros Municipales, que nos reportaría un ahorro de 309.345 euros (sin tener en cuenta las cuotas a la Seguridad Social). Nogales estuvo presente en el Pleno del Ayuntamiento del pasado 23 de junio en el que se nombró a Dña. Dolores Hernández Pérez y D. Manuel Balastegui Ortiz como consejeros municipales (miembros no concejales del Gobierno local), y fijó las retribuciones de los mismos en 2.762,04 euros brutos/mes por 14 mensualidades. Es decir, 309.345 euros brutos se detraerán de las arcas municipales en los cuatro años de legislatura para atender las retribuciones de los dos consejeros.

En Mérida, bastaría un pleno para que el ahorro de los dos consejeros empezara a computarse, pero las tijeras no recortan los puestos de trabajo que tiene su partido político. Les da igual mantenerlos aunque dicha supresión no se note en la gobernanza de la institución que sea (diputaciones, mancomunidades, etcétera) porque esa es su línea roja.

Las tijeras no recortan los puestos de trabajo de su partido político.

Extremadura al día

Leonor Nogales y Pedro Acedo

La ciudadanía constata que no paran los recortes, que otros llaman ajustes. Por ello, las tijeras están cada día más presentes en las calles como símbolo para denunciar los efectos de la llamada austeridad.

Ayer la delegada de Personal del Ayuntamiento de Mérida, Leonor Nogales, desgranó las medidas aprobadas por la Junta Local del Gobierno el pasado martes. Destacó entre ellas la que se refiere a la supresión del complemento que cobra la policía local por la jornada de especial dedicación (cuantificó el ahorro en 303.000 euros anuales), así como la supresión del seguro colectivo de 280.000 euros al año. Refirió que habrá modificación de las prestaciones no salariales: ayuda para prótesis, ortopedia y gafas para empleados y familiares, estudio, anticipos de nóminas, por natalidad, premios por jubilación anticipada e indemnizaciones por jubilación a los 65 años. En total, según Nogales, el ahorro anual supera el millón de euros.

Nogales no dijo nada sobre eliminar los dos Consejeros Municipales, que nos reportaría un ahorro de 309.345 euros (sin tener en cuenta las cuotas a la Seguridad Social). Nogales estuvo presente en el Pleno del Ayuntamiento del pasado 23 de junio en el que se nombró a Dña. Dolores Hernández Pérez y D. Manuel Balastegui Ortiz como consejeros municipales (miembros no concejales del Gobierno local), y fijó las retribuciones de los mismos en 2.762,04 euros brutos/mes por 14 mensualidades. Es decir, 309.345 euros brutos se detraerán de las arcas municipales en los cuatro años de legislatura para atender las retribuciones de los dos consejeros.

En Mérida, bastaría un pleno para que el ahorro de los dos consejeros empezara a computarse, pero las tijeras no recortan los puestos de trabajo que tiene su partido político. Les da igual mantenerlos aunque dicha supresión no se note en la gobernanza de la institución que sea (diputaciones, mancomunidades, etcétera) porque esa es su línea roja.

Educación, del diagnóstico a la solución

El Periódico Extremadura

Amy Chua, profesora de la Universidad de Yale, en su obra “Himno de la batalla de la madre Tigre” recoge la tesis que el éxito escolar del alumnado chino en el Informe Pisa no tiene mucho misterio: “esos alumnos trabajan y lo hacen, en buena medida, porque sus padres se empeñan en que lo hagan”.

Para los economistas e investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) la buena educación es cuestión de incentivos para los profesores, los estudiantes, los padres y los gestores (los llaman, palo y zanahoria). “Bajemos la parte fija del salario, digamos un 20 por ciento, y transformemos esta parte en un complemento de productividad asociado al valor añadido del profesor (diferencia entre una media de 450 puntos y la nota de su clase) en exámenes estandarizados”, propone FEDEA para el profesorado. “Dar control a los directores de los colegios sobre las decisiones de contratación y condiciones de trabajo del personal junto con la publicación, como sucede en Inglaterra, de informes detallados elaborados por agencias independientes sobre la calidad de los colegios contribuiría sustancialmente a mejorar el rendimiento de éstos”, también propone  FEDEA.

Una vez que el director general de Educación, César Díez Solís, hizo públicos los resultados del Informe de la Evaluación de Diagnóstico 2011 (realizado a los alumnos de cuarto de Primaria y segundo de la ESO de los centros públicos y privados concertados de la región), el periódico Extremadura en “Mejor la concertada” (editorial del 24 de diciembre), y buscando la raíz del problema sobre la diferencia de calidad entre la enseñanza pública y la concertada, preguntaba a la Administración Educativa: ¿Problemas de organización, de productividad, de aprovechamiento de las herramientas educativas? . También CCOO se pronunció; calificó de "tendenciosa" la comparación de resultados entre la red de la enseñanza concertada y la pública que realizó Solís al presentar el Informe referido.

Mientras Chua aporta respuestas y FEDEA plantea propuestas, los sindicatos CSIF, ANPE y PIDE esperan una reforma educativa vigente el próximo curso, y quieren que el gobierno de Rajoy concrete pronto las medidas anunciadas. Puede que el ministro Wert ponga encima de la mesa de negociación las propuestas de FEDEA, y tal vez dé respuestas a las preguntas del periódico Extremadura sobre la calidad educativa. De lo que no hay dudas es que los padres, chinos o no, agradecen los informes detallados sobre la calidad de los colegios. Tampoco hay dudas cuando decimos que los profesores desean que cada día sean más los tutores que se ven retratados en las calificaciones de sus hijos.

Del presidente Rajoy, preocupa más la falta de liderazgo.

Extremadura al día

Mariano Rajoy

El presidente Rajoy durante el debate de investidura para presidente del Gobierno de España del pasado 19 de diciembre negó tres veces que fuera a subir los impuestos.

Negó por primera vez la subida dirigiéndose a Rubalcaba en los términos siguientes: "Yo tengo que decir que mi intención es no subir los impuestos, porque en un momento como este, y más a los pequeños y medianos empresarios o a las empresas, con las dificultades que están pasando, no me parece lo más razonable".

Negó la subida por segunda vez respondiendo a Durán i Lleida: "Ha dicho que comparte el principio de estabilidad presupuestaria y que los ingresos deben aumentar por vía de crecimiento y del empleo, lo cual es una apelación a no subir los impuestos, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo en estos momentos en España. Yo estoy sustancialmente de acuerdo con estos principios generales que usted acaba de afirmar y, por tanto, no voy a entrar en más detalles, porque sería repetir lo que usted ha dicho, que a su vez era lo que yo había afirmado por la mañana".

Y por tercera vez Rajoy negó la subida de impuestos, esta vez dirigiéndose a IU y a ERC, de la forma:"Soy consciente de que es importante que haya consumo en España, que haya inversión. Por eso no quiero subir los impuestos, porque eso va contra la inversión y contra el consumo".

Esa misma posición política mantuvo Rajoy estando en la oposición; en muchas ocasiones le exigió al gobierno de Zapatero que no subiera los impuestos a los españoles. Sin embargo, diez días después de ser investido, su Gobierno nos comunicó que creaban un gravamen complementario para reducción del déficit público temporal (2012 y 2013) y progresivo (del 0,7% al 7%) en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. (Nos ilustraban con un ejemplo: para una familia con dos hijos y declaración conjunta con ingresos de 30.000 euros, el incremento de cuota es 151,81 euros al año). También comunicaba su Gobierno otro gravamen complementario para las rentas del ahorro en porcentajes que oscilan entre el 2 y 6%. A la vez, quedaba lejos otro anuncio de Rajoy: "El Gobierno dará cumplimiento a uno de sus grandes compromisos electorales: la actualización del poder adquisitivo de las pensiones a partir del 1 de enero de 2012?; porque su Gobierno las ha subido el 1% ciento, siendo la inflación del 2,4%. Esto que para Rajoy es un "recargo temporal de solidaridad" está en el último BOE de 2011, en forma de Real Decreto-ley 20/2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

La coartada de Rajoy es que el Gobierno anterior no había cumplido los objetivos del déficit, pero Cristóbal Montoro situó la desviación sólo en tres décimas, 5,1% frente al 4,8%. Todo indica que Rajoy sabía antes de su investidura que el agujero sobre las previsiones estaba en las CCAA y que era sobre el 8% en lugar del 6% previsto. Hoy mismo el Gobierno de España ha tenido que salir por primera vez al rescate de una comunidad autónoma, la Generalitat Valenciana, para evitar su asfixia financiera. De ahí que Alfredo Pérez Rubalcaba le exigiera a Rajoy: "El ajuste del Estado es para el déficit del Estado, y si a las CCAA se les ha escapado el déficit, son las CCAA las que tienen que corregirlo".

La ciudadanía ya ha valorado el compromiso contraído por Rajoy sobre los impuestos, tanto el del día de su investidura: "Decir siempre la verdad, aunque duela, decir la verdad sin adornos y sin excusas, llamar al pan, pan y al vino, vino," como el de veces anteriores. Está roto ese compromiso, y seguramente Rajoy lo da por amortizado.

Ahora a la ciudadanía le preocupa mucho más que no dé la cara para explicar las medidas de corrección del déficit público, tanto referidas a las subidas de impuestos (IRPF, rentas de ahorro, IBI, etcétera) y no actualización del poder adquisitivo de las pensiones como a la congelación salarial de los trabajadores adscritos a la Administración.

Preocupa que no lidere la situación económica de España. La incertidumbre es no saber a dónde ni por donde nos llevan con estas medidas de corrección del déficit público, porque medidas semejantes han ocasionado en Grecia e Irlanda una profunda recesión, con un descenso del PIB real en ambos países de más del 10%.

Los ciudadanos constatamos que Rajoy primero oteó la finca desde allende los Pirineos en compañía de Sarkozy y Merkel y anotó las labores que le recomendaron hacer en la misma, que bien parecen señalarnos a todos y cada uno de los españoles el camino de gasta menos, debe menos, hunde la economía. Pasado un tiempo los ciudadanos le preguntamos: ¿Dónde están los estímulos: labores previas, siembra y cuidados ulteriores?. Los brazos no pueden continuar caídos sobre la base de si finca más o menos esquilmada por los tales o los cuales. Hace falta liderazgo, estimulaciones no sólo económicas, para impedir que avancemos hacia un pueblo yermo.

Rajoy, ni al pan, pan y ni al vino, vino.

El Periódico Extremadura

Mariano Rajoy

Mariano Rajoy durante el debate de investidura del pasado 19 de diciembre dijo: "yo tengo que decir que mi intención es no subir los impuestos porque creo que en un momento como este no me parece lo más razonable". Esa misma posición política manifestó cuatro días antes de las votaciones del 20-N: "Yo no voy a subir los impuestos, no".

Sin embargo, pocos días después, el 29 de diciembre, nos comunicaba su gobierno que creaban un gravamen complementario para reducción del déficit público temporal (2012 y 2013) y progresivo (del 0,7% al 7%) en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. (Nos ilustraban con un ejemplo: para una familia con dos hijos y declaración conjunta con ingresos de 30.000 euros, el incremento de cuota es 151,81 euros al año). También comunicaba su gobierno otro gravamen complementario para las rentas del ahorro en porcentajes que oscilan entre el 2 y 6%.

Lejos queda otro compromiso de Rajoy: "El Gobierno dará cumplimiento a uno de sus grandes compromisos electorales: la actualización del poder adquisitivo de las pensiones a partir del 1 de enero de 2012"; porque su gobierno las ha subido el 1%, siendo la inflación del 2,4%. Todo ello está en el último BOE de 2011, en forma de Real Decreto-Ley 20/2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

La coartada de Rajoy es que el Gobierno anterior no había cumplido los objetivos del déficit, pero Cristóbal Montoro situó la desviación sólo en tres décimas, 5,1% frente al 4,8%. Rajoy sabía antes de su investidura que el agujero sobre las previsiones estaba en las CCAA (en su mayoría gobernadas por el PP) y que era sobre el 8% en lugar del 6% previsto. En sólo 10 días, el presidente Rajoy ha roto su compromiso contraído con los españoles el día de su investidura: "Decir siempre la verdad, aunque duela, decir la verdad sin adornos ni excusas, llamar al pan, pan y al vino, vino".

Rajoy no dijo la verdad antes de las votaciones del 20-N; no dijo la verdad en su discurso de investidura, y no se ha atrevido a decirla, dar la cara, tras aprobar el mayor recorte del gasto público de la democracia y la segunda mayor subida de impuestos de la historia reciente de España.

Rajoy, sin dar la cara, dice Diego donde dijo digo.

Nosolomérida

Mariano Rajoy

El Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados del pasado 19 de diciembre recoge las tres negativas de Rajoy a subir los impuestos realizadas durante el debate de investidura para presidente del Gobierno de España.

Negó por primera vez la subida dirigiéndose a Rubalcaba en los términos siguientes: "Yo tengo que decir que mi intención es no subir los impuestos, porque en un momento como este, y más a los pequeños y medianos empresarios o a las empresas, con las dificultades que están pasando, no me parece lo más razonable".

Negó la subida por segunda vez respondiendo a Durán i Lleida: “Ha dicho que comparte el principio de estabilidad presupuestaria y que los ingresos deben aumentar por vía de crecimiento y del empleo, lo cual es una apelación a no subir los impuestos, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo en estos momentos en España. Yo estoy sustancialmente de acuerdo con estos principios generales que usted acaba de afirmar y, por tanto, no voy a entrar en más detalles, porque sería repetir lo que usted ha dicho, que a su vez era lo que yo había afirmado por la mañana".

Y por tercera vez Rajoy negó la subida de impuestos, esta vez dirigiéndose a IU y a ERC, de la forma:"Soy consciente de que es importante que haya consumo en España, que haya inversión. Por eso no quiero subir los impuestos, porque eso va contra la inversión y contra el consumo".

Esa misma posición política mantuvo el actual presidente del Gobierno estando en la oposición. En muchísimas ocasiones le exigió al gobierno de Zapatero que no subiera los impuestos a los españoles. Sin embargo, diez días después de ser investido, su Gobierno nos comunicó que creaban un gravamen complementario para reducción del déficit público temporal (2012 y 2013) y progresivo (del 0,7% al 7%) en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. (Nos ilustraban con un ejemplo: para una familia con dos hijos y declaración conjunta con ingresos de 30.000 euros, el incremento de cuota es 151,81 euros al año). También comunicaba su Gobierno otro gravamen complementario para las rentas del ahorro en porcentajes que oscilan entre el 2 y 6%. A la vez, quedaba lejos otro anuncio de Rajoy: “El Gobierno dará cumplimiento a uno de sus grandes compromisos electorales: la actualización del poder adquisitivo de las pensiones a partir del 1 de enero de 2012?"; porque su Gobierno las ha subido el 1% ciento, siendo la inflación del 2,4%. Esto que para Rajoy es un “recargo temporal de solidaridad” está en el último BOE de 2011, en forma de Real Decreto-ley 20/2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

La coartada de Rajoy es que el Gobierno anterior no había cumplido los objetivos del déficit, pero Cristóbal Montoro situó la desviación sólo en tres décimas, 5,1% frente al 4,8%. Todo indica que Rajoy sabía antes de su investidura que el agujero sobre las previsiones estaba en las CCAA (en su mayoría gobernadas por el PP) y que era sobre el 8% en lugar del 6% previsto. De ahí que Rubalcaba afirmara: “El ajuste del Estado es para el déficit del Estado, y si a las CCAA se les ha escapado el déficit, son las CCAA las que tienen que corregirlo“.

Rajoy ha roto su compromiso contraído con los españoles el día de su investidura: “Decir siempre la verdad, aunque duela, decir la verdad sin adornos y sin excusas, llamar al pan, pan y al vino, vino”. Más aún, se ha negado a dar la cara a la hora de decir su verdad a los españoles tras aprobar el mayor recorte del gasto público de la democracia y la segunda mayor subida de impuestos de la historia reciente de España. Rajoy lo llama “el inicio del inicio”, mientras Montoro anuncia para el jueves más de lo mismo.