lunes, 24 de mayo de 2010

El político poder judicial.

Voz emérita
El juez Garzón se declaró competente en octubre de 2008 para investigar la desaparición de víctimas del franquismo. Un mes después se inhibió a favor de los juzgados territoriales, pero el Tribunal Supremo admitió a trámite una querella presentada contra Garzón por el sindicato ultraderechista Manos Limpias en mayo de 2009. También se querelló contra el juez Falange Española de las JONS para lavar el “honor” de su “movimiento”. El magistrado del Supremo Luciano Varela instruye la causa, y el pasado 12 de mayo ordena la apertura de juicio oral contra Garzón por prevaricación al investigar los crímenes del franquismo. Hoy el Consejo General del Poder Judicial ha decidido suspender al juez por presunta prevaricación.

Garzón a raíz de sus diligencias incoadas el 6 de agosto de 2008 fue el primer instructor del denominado caso Gürtel, presunta trama de corrupción masiva vinculada el PP, que después desgajó en tres partes y envió a los tribunales superiores de justicia de Madrid y de Valencia y al Tribunal Supremo respectivamente pues en él aparecían imputados diputados regionales y nacionales así como miembros del Senado. El pasado jueves Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, al responder sobre la decisión del Tribunal Supremo de reabrir la causa de los trajes de la trama Gürtel, en la que está acusado de cohecho pasivo, dijo: “De momento, de la cacería tenemos a dos fuera”, en referencia a Bermejo (ex ministro de Justicia)y Garzón (juez de la Audiencia Nacional).

El poder de la Justicia actúa con gran diligencia para apartar al juez que pretende se haga justicia y reparación para las víctimas del genocidio franquista. A su vez, un partido político pretende sustituir a la justicia por el veredicto de las urnas cuando el imputado sea su candidato a la presidencia de gobierno autonómico; y éste político se atreve a proclamar que sigue la cacería sobre quienes están para administrar justicia.

viernes, 21 de mayo de 2010

Derrota de ETA, rédito de todos.

El Periódico Extremadura
Cospedal y Rajoy
Aún resonaban las declaraciones efectuadas el pasado 13 de abril por la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, sobre la existencia de un grupo de élite en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (CFSE) "capaz de falsificar pruebas" para incriminar en el caso Gürtel a miembros del Partido Popular, cuando el pasado 18 de mayo refiriéndose al Gobierno y ETA manifestó: "Lo mejor que puede hacer el Gobierno es dejar las cosas claras. Ayer parece que dijo que no estaban negociando y nosotros en ese sentido vamos a esperar que eso sea verdad. Esperamos que sea verdad y confiamos en que sea verdad porque por eso precisamente estamos apoyando al Gobierno desde que cambió su política antiterrorista".

Esta última declaración de Cospedal coincide con la culminación de la última operación de la Guardia Civil contra ETA, cuyo resultado es que han caído el número uno de la organización, Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe y su lugarteniente Arkaitz Agirregabiria, junto con dos presuntos etarras más.

Los ciudadanos percibimos con preocupación las insinuaciones sobre diálogos y negociaciones con la banda terrorista sin aportar prueba alguna. También preocupa que en algunos políticos se haya instalado el discurso de que quien derrota a ETA obtiene rédito electoral por encima del rédito de todos. Esos políticos estarían a un pie de hacer lo imposible para no perder o evitar que el otro gane, porque sólo les mueve el rédito partidista.

miércoles, 19 de mayo de 2010

El político poder judicial.

El Periódico Extremadura
Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ
El juez Garzón se declaró competente en octubre de 2008 para investigar la desaparición de víctimas del franquismo. Un mes después se inhibió a favor de los juzgados territoriales, pero el Tribunal Supremo admitió a trámite una querella presentada contra Garzón por el sindicato ultraderechista Manos Limpias en mayo de 2009. También se querelló contra el juez Falange Española de las JONS para lavar el "honor" de su "movimiento". El magistrado del Supremo Luciano Varela instruye la causa, y el pasado 12 de mayo ordena la apertura de juicio oral contra Garzón por prevaricación al investigar los crímenes del franquismo. El Consejo General del Poder Judicial ha decidido suspender al juez por presunta prevaricación.

A raíz de las diligencias incoadas el 6 de agosto de 2008 fue el primer juez instructor del denominado caso Gürtel , presunta trama de corrupción masiva vinculada el PP, que después desgajó en tres partes y envió a los tribunales superiores de justicia de Madrid y de Valencia y al Tribunal Supremo respectivamente pues en él aparecían imputados diputados regionales y nacionales así como miembros del Senado. El pasado jueves Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, al responder sobre la decisión del Tribunal Supremo de reabrir la causa de los trajes de la trama Gürtel , en la que está acusado de cohecho pasivo, dijo: "De momento, de la cacería tenemos a dos fuera".

El poder de la Justicia actúa con gran diligencia para apartar al juez que pretende justicia y reparación para las víctimas de genocidio. Un partido político pretende sustituir a la justicia por el veredicto de las urnas cuando el imputado sea su político; y éste se atreve a proclamar que sigue la cacería sobre quienes están para administrar justicia.

martes, 18 de mayo de 2010

La titularidad de los centros educativos en Extremadura

El Periódico Extremadura
Adecex en la concentración de 5 mayo 2010
El pasado 5 de mayo tuvo lugar la primera movilización general de la enseñanza concertada de Extremadura desde que fueron transferidas las competencias educativas en el año 2000. Al hilo del asunto, los sindicatos CSIF y PIDE se han manifestado en los términos siguientes: "Solicitamos a la Consejería de Educación que sea valiente e inicie decididamente la supresión de los conciertos educativos y la creación de los centros públicos necesarios que lo posibilite. Y en eso estamos", (José Manuel Chapado , presidente de PIDE); "Creo que lo prudente y sensato en estos momentos es mantener el equilibrio existente entre ambas redes en Extremadura y no buscar la confrontación, puesto que la Educación debe estar por encima de intereses de otro tipo", (Adrián Vivas , presidente Autonómico de CSIF enseñanza). La base de partida de los argumentos de los dos es el incremento de la financiación de la red concertada de Extremadura y la supresión de unidades públicas que tiene previstas realizar la Consejería.

Con respecto a la financiación, afirmamos que el incremento viene de la mano de la aplicación estricta de la LOE (2006), que estableció la concertación del segundo ciclo de la Educación Infantil en cinco años desde su entrada en vigor. Ahí está el incremento, porque los docentes de la concertada hemos perdido cuatro puntos en homologación retributiva en dicho periodo: del 92% en 1999 hemos pasado al 88% en 2010 en el caso de maestro sin antigüedad; y del 81% al 77% cuando la antigüedad del maestro es de 30 años.

LA CUESTION de las supresiones también tiene que ver con la LOE: "Las Administraciones educativas deberán tener en cuenta las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos" (artículo 109.3). Es lo que demandamos a la Consejería: "que justifique la negativa de ampliar los conciertos de CFGM, la supresión de unidades, la negación de profesorado de apoyo para atender al alumnado con necesidades especiales, etcétera, sobre la base de aplicación de la ley". En cuanto a pedir paridad en la supresión de unidades, tenemos que tener en cuenta la realidad de los centros concertados en Extremadura. De los 66 colegios concertados de enseñanzas generales (Infantil, Primaria, ESO-) 42 de ellos están situados en 19 localidades de la provincia de Badajoz, y 24 centros lo están 9 localidades de la provincia de Cáceres. De las 28 localidades de Extremadura con estos centros, 19 de ellas cuentan con sólo un centro concertado y en 9 localidades hay más de uno concertado (Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia suman 37 de los 66 centros). Ninguna localidad desde las transferencias (2000) cuenta con centro concertado que no tuviera; al contrario en algunas hay menos (Mérida, Badajoz). También están concertados 11 centros de atención a personas con discapacidad que están ubicados en 10 localidades de la provincia de Badajoz. Como son 385 los municipios de Extremadura debemos poner en su justo valor la comparación sobre supresiones previstas, tanto por ciudades y centros como por zonas donde baja la natalidad. También deberían utilizar el valor relativo quienes al comparar la matriculación de inmigrantes en centros concertados informan que sólo el 9% lo está en ellos, pues no tienen en cuenta que la matriculación de la concertada es del 21%.

No se defiende la escuela concertada combatiendo la pública, ni se defiende la escuela pública combatiendo la concertada. Se trata de ofrecer calidad desde la una y desde la otra, asumiendo las mismas obligaciones, propiciando la inclusión educativa, acentuando la complementariedad, integrando a todo tipo de alumnado y aplicando los mismos criterios en la dotación de recursos, programas y eliminando las diferencias actuales en las condiciones laborales de quienes son unos de los agentes más importantes del proceso educativo: el profesorado; principios que seguramente comparte el sindicato CSIF Enseñanza Extremadura. Vivas deja la confrontación entre pública/concertada para quienes buscan rentabilidad electoral con discursos pre LODE y/o defienden el modelo de escuela única como mejor garantía de calidad del servicio público educativo. Hecho que nos congratula, pues ante un hipotético combate siempre son los trabajadores los que sufren las bajas y heridas. 

Presidente de ADECEX

viernes, 14 de mayo de 2010

El político Poder Judicial.

Extremadura al día
El juez Luciano Varela
El juez Garzón se declaró competente en octubre de 2008 para investigar la desaparición de víctimas del franquismo. Un mes después se inhibió a favor de los juzgados territoriales, pero el Tribunal Supremo admitió a trámite una querella presentada contra Garzón por el sindicato ultraderechista Manos Limpias en mayo de 2009. También se querelló contra el juez Falange Española de las JONS para lavar el "honor" de su "movimiento". El magistrado del Supremo Luciano Varela instruye la causa, y el pasado 12 de mayo ordena la apertura de juicio oral contra Garzón por prevaricación al investigar los crímenes del franquismo. Hoy el Consejo General del Poder Judicial ha decidido suspender al juez por presunta prevaricación.

A raíz de las diligencias incoadas el 6 de agosto de 2008 fue el primer juez instructor del denominado caso Gürtel, presunta trama de corrupción masiva vinculada el PP, que después desgajó en tres partes y envió a los tribunales superiores de justicia de Madrid y de Valencia y al Tribunal Supremo respectivamente pues en él aparecían imputados diputados regionales y nacionales así como miembros del Senado. El pasado jueves Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, al responder sobre la decisión del Tribunal Supremo de reabrir la causa de los trajes de la trama Gürtel, en la que está acusado de cohecho pasivo, dijo: "De momento, de la cacería tenemos a dos fuera".

El poder de la Justicia actúa con gran diligencia para apartar al juez que pretende justicia y reparación para las víctimas de genocidio. Un partido político pretende sustituir a la justicia por el veredicto de las urnas cuando el imputado sea su político; y éste se atreve a proclamar que sigue la cacería sobre quienes están para administrar justicia.