sábado, 28 de noviembre de 2015

Un muerto muy vivo, Montesquieu

Nosolomérida
Junta de Extremadura y agentes sociales, noviembre 2015
A lo largo de 2012 el gobierno de José Antonio Monago realizó sucesivas modificaciones presupuestarias porque los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEX) para 2012 recogieron para la enseñanza privada concertada unos 20 millones menos que el año anterior sin que las unidades concertadas hubieran sufrido modificación significativa para tal recorte presupuestario. Su gobierno nunca reconoció que las cuentas habían sido mal hechas. Aquellas modificaciones presupuestarias las hicieron en detrimento de partidas consignadas para la enseñanza pública ocasionando daños inaceptables a la misma, y propiciaron enfrentamientos a base de desvestir a unos para vestir a otros.

El recurso de las modificaciones presupuestaria lo esgrime ahora Monago para que sea utilizado por el presidente Guillermo Fernández Vara en 2016. Toda vez que en el Pleno de la Asamblea celebrado este martes, día 24, prosperó la enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de PGEX para 2016 presentada por Podemos por contar con sus votos, los del PP y Ciudadanos (35 de 65). Monago sugiere ese recurso para que la Junta atienda los compromisos que dice haber contraído con los ciudadanos.

Por su parte, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales, avanza que tales compromisos (recuperación de derechos y políticas sociales) “se abordarán con las dificultades que supone tener un presupuesto prorrogado”; a la vez, destaca, entre los compromisos, el pago del 75 por ciento de la paga extra de 2012 a los funcionarios.

El 14 de octubre, un mes antes de votarse la enmienda referida de Podemos, la Junta, sindicatos y patronal firmaron un pacto de legislatura (Declaración para la Concertación Social en Extremadura) en el que se recogen medidas concretas con plazos de ejecución para impulsar la economía regional (Dos días antes de dicha firma, el secretario general de Podemos Extremadura, Álvaro Jaén, había reclamado a Vara que gobernara desde la Asamblea porque no tenía mayoría absoluta). En ese escenario, el líder de CCOO de Extremadura manifestó que “el pacto que acababan de firmar era previo al político; que no se gobierna desde la Asamblea, sino desde el gobierno legítimamente y con la concertación de los agentes sociales porque los ciudadanos no pueden esperar a determinados juegos partidarios; y que no hagamos una interpretación torticera de la representación política”.

A esa declaración se refirió en su intervención ante el Pleno de la Asamblea que debatía la referida enmienda de Podemos el popular Luis Alfonso Hernández Carrón en los términos siguientes: “El otro día lo decía también un sindicalista: decía que el poder está en el Gobierno, no en el Parlamento. Pues hoy, a lo mejor, se les cambia esa opinión, porque la incapacidad política que se ha demostrado a lo largo de estos presupuestos pondrá de manifiesto que el poder reside en el Parlamento y en la ciudadanía”.

Este jueves la Junta se ha reunido de nuevo con los agentes sociales. Y nuevamente declaraciones de los mismos, esta vez pidiendo a los partidos responsabilidad y que eludan juego partidista dada la situación negativa de la región.

“Montesquieu ha muerto”, es frase que atribuyen a Alfonso Guerra en 1985, cuando el PSOE tenía 202 diputados de 350. Pues bien, todo indica que tanto los Ayuntamientos, Diputaciones, Parlamentos Autonómicos como el Congreso de los Diputados, tendrán muy presente la película: “Este muerto está muy vivo”. Es el escenario político que surgió el 22 de marzo en Autonómicas de Andalucía, el 24 de mayo en Autonómicas (salvo País Vasco, Galicia y Cataluña) y municipales de España y el 27 de septiembre en Autonómicas de Cataluña. Y lo será a partir de las Generales del próximo 20 de diciembre.

Por las tierras de España el poder legislativo desempeñando su función. Zapatero a tus zapatos que diría Baltasar Gracián ante presuntas operaciones de solapamiento/sustitución de dicho poder. Y a incrementar la baja afiliación e impedir una interpretación torticera sobre la representación sindical.

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